TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

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Ámbitos de capacitación y formación: Materia registral civil y asesoría técnica

Como parte de las funciones de la Sección de Capacitación, se debe formar a los Registradores Auxiliares del Estado Civil. El Tribunal Supremo de Elecciones inviste con este carácter a las jefaturas de las Oficinas Regionales y personas que laboren en la institución según las labores asignadas, a quienes dirigen los hospitales y clínicas privadas y públicas y a particulares para desempeñar esta función. Se les brinda capacitación sobre los contenidos del Reglamento del Registro del Estado Civil, la Ley de Paternidad Responsable y las técnicas para el registro de datos.

En este ámbito se incluye además la Asesoría Técnica Electoral, la cual se brinda a diferentes organismos del Estado como el Ministerio de Educación Pública en la revisión y aplicación de la normativa de la comunidad estudiantil, a la Fundación Omar Dengo en el desarrollo de sus programas cívicos y a los grupos profesionales organizados, sindicatos, asociaciones gremiales y otras organizaciones para llevar a cabo sus procesos democráticos.

Áreas de acción:

Es un trabajo que se realiza a lo interno y externo de la institución, dirigido a los registradores auxiliares del estado civil, estudiantes, instituciones del Estado, fundaciones, asociaciones gremiales, sindicatos y grupos de profesionales organizados en el desarrollo de sus procesos democráticos.

Lineamiento estratégico:

Brindar un servicio eficiente y de calidad cada vez que nos soliciten colaboración.

Objetivos:

Brindar capacitación al personal que se desempeña como registradores auxiliares del Estado Civil, mediante la ejecución de talleres como espacios para compartir experiencias y actualizar conocimientos que promuevan un desempeño eficiente.

Atender solicitudes provenientes de docentes, estudiantes, grupos organizados e instituciones interesadas en las materias que nos son propias, mediante charlas, visitas guiadas, conversatorios y conferencias.

Asesorar funcionarios de instituciones del Estado, fundaciones, asociaciones gremiales, sindicatos y grupos de profesionales organizados, para que con base en el Código Electoral organicen sus procesos democráticos en forma ordenada y transparente.