Igualdad de derechos de la mujer
Propuestas para fomentar y fortalecer la igualdad real de la mujer:
El Frente Amplio se reconoce como un partido con una visión feminista, comprometido con la superación de todas las formas de violencia, opresión y discriminación en contra de las mujeres. Por ello, promoveremos la constitución del INAMU como Ministerio de la Condición de las Mujeres y la entrega del total del presupuesto anual que por ley le corresponde. Desde esta instancia, en coordinación con las otras instituciones del estado y de la sociedad civil, se desarrollarán políticas y acciones públicas orientadas a satisfacer los siguientes objetivos fundamentales:
- Fortalecimiento de los mecanismos públicos destinados a prevenir todas las formas de violencia contra la mujer.
- Fortalecimiento de la legislación y de las políticas públicas que garanticen igualdad de condiciones en materia laboral, profesional y salarial.
- Acceso equitativo a la propiedad de la tierra, al crédito y las viviendas entre hombres y mujeres.
- Fortalecimiento de los programas educativos y de los programas que promuevan un cambio cultural, con el fin de superar los lastres del patriarcado y el machismo y que promuevan la construcción de una sociedad realmente respetuosa, así como de formas de convivencia justas e igualitarias.
- Modificaciones de las políticas y planes de estudio del INA con el fin no reproducir los roles tradicionales de género y de permitir el acceso de un mayor número de mujeres a la formación profesional.
- Definición de una política clara y de programas específicos de capacitación científica y tecnológica de calidad para las mujeres.
- Promoción de los cambios legales que sean necesarios a fin de fortalecer los mecanismos judiciales que permitan prevenir y penalizar apropiadamente todaslas formas violencia contra las mujeres.
- Adopción de medidas preventivas y punitivas para enfrentar la trata y el tráfico de mujeres y la explotación sexual comercial, en particulares de las niñas y las adolescentes.
- Fortalecimiento de los programas de atención y cuido de niños y niñas, en particular de los CEN-CINAI, a fin de respaldar a todas las mujeres madres trabajadoras.
- Conformación de las Juntas Directivas de las instituciones públicas con al menos 40% de mujeres y con amplia representación de la sociedad civil.
- Elaboración de planes y presupuestos municipales con equidad de género, con la participación de las mujeres de las localidades.
- Promoción de la responsabilidad paterna en las tareas domésticas y en el cuido de niñas y niños con la implementación de apoyo institucional y reformas a las leyes laborales.
- Promoción de cambios en los sistemas de salud, con énfasis en la salud preventiva, a fin de garantizar el pleno acceso de las mujeres y el trato equitativo.
Posición en materia de derechos sexuales y reproductivos:
- Incorporación inmediata a la legislación nacional de los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, en particular de lo establecido en las Plataformas de Acción de las Conferencia Mundiales de Naciones Unidas de Beijing y Cairo. En este terreno el Frente Amplio parte del reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y en particular de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, incluyendo una educación sexual científica y de calidad. También se reconoce el derecho de las mujeres a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia.
El Estado costarricense tiene una deuda histórica con los pueblos originarios de Costa Rica, que siglos después de la conquista se encuentran sumidos en la pobreza extrema, la marginación y el abandono sistemático de las instituciones sociales. A su vez, las comunidades indígenas enfrentan graves amenazas como la pérdida de sus tradiciones culturales, la apropiación ilegal de sus tierras o la sobreexplotación irracional de los recursos naturales de sus territorios. Por si fuera poco, Costa Rica se encuentra en franco incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pues de forma reiterada omite consultar a los pueblos indígenas sobre medidas susceptibles de afectar sus derechos y sigue sin aprobar la legislación necesaria para concederles verdadera autonomía para definir el gobierno de sus territorios. Por el contrario, persiste la intromisión política y la imposición de figuras jurídicas ajenas a las normas y tradiciones indígenas. Ante esta situación el Frente Amplio propone:
Grupos étnicos
Legislación que procure la autonomía de los pueblos indígenas:
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Aprobar sin mayores dilaciones la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (expediente legislativo 14.352)
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Promover y respetar la constitución de gobiernos autónomos en los territorios indígenas elegidos democráticamente por las comunidades con base en sus tradiciones y el derecho consuetudinario indígena.
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Consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectarles, cumpliendo con los principios del Convenio 169 de la OIT.
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Frenar la apropiación ilegal de las tierras indígenas y garantizar su pronta recuperación.
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Proteger el agua, bosques y la biodiversidad en los territorios indígenasy garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de recursos naturales. Prohibir la minería metálica en los territorios indígenas.
Políticas sociales, educativas y de salud para la inclusión de diferentes grupos étnicos a la sociedad costarricense:
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Promover la agricultura orgánica, el turismo rural comunitario y actividades productivas sustentables respetuosas de la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas.
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Frenar la biopiratería y proteger el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas.
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En materia de educación, salud, vivienda y otros servicios sociales incrementar significativamente los recursos públicos destinados a las comunidades indígenas impulsando medidas de acción afirmativa que combatan la exclusión histórica que sufren estas comunidades.
Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores
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Promover la organización y la participación ciudadana de las personas con discapacidad y sus familias, mediante el desarrollo de sus capacidades para el control y la vigilancia ciudadana sobre los asuntos públicos y privados que les atañe directamente.
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Luchar por el aumento de los presupuestos públicos dirigidos a la atención oportuna y eficientede las necesidades de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos y con un enfoque de derechos humanos que promueva la vida independiente y la autonomía personal; así como la eliminación del asistencialismo.
Políticas de acceso al empleo para las personas con discapacidad:
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Articular, fortalecer y modernizar la institucionalidad pública vinculada al tema de la discapacidad, especialmente al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE),respetando los derechos laborales de su personal y las necesidades e intereses de la población con discapacidad.
Políticas de acceso a los servicios públicos y privados para las personas con discapacidad:
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El Frente Amplio muestra su preocupación por el Anteproyecto de Ley denominado INADIS, en cuya elaboración jugó un papel protagónico el personal del despacho del actual Vice Ministerio de Desarrollo Social y que fuera rechazado, tanto por un alto número de funcionarios y funcionarias del CNREE, como de las ONGs del campo de la discapacidad. Nuestra próxima fracción legislativa se mantendrá atenta para estudiar dicho proyecto en caso de ser presentado a la Asamblea Legislativa y denunciar las implicaciones que dicho proyecto pueda tener en relación al respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de los derechos laborales del personal del CNREE.
Políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores:
La población adulta mayor crecerá en los próximos años hasta alcanzar una proporción significativamente alta de la ciudadanía costarricense y, al mismo tiempo, esa población es cada vez más saludable física y mentalmente.Sus derechos deben extenderse igualmente que sus habilidades y capacidades se han extendido.La actual legislación es insuficiente para darle a esa población el estatus civil que se merece y que se ha ganado con su trabajo, contribuyendo con el progreso social y económico del país.
- El programa político del Frente Amplio contempla el fortalecimiento de la institucionalidad nacional, particularmente aquella que atiende la salud pública en las que esa población se verá atendida con especial cuidado y preferencia para lo cual se revisarán los reglamentos de esas instituciones.
- Asimismo, el aumento de los presupuestos públicos basado en un aumento de la recaudación fiscal justa, permitirá atender de mejor manera a las instituciones encargadas del cuido de aquellas personas adulta mayores, menos favorecidas.
- Se revisarán los reglamentos de la banca pública para hacer accesible a crédito especial a los nuevos emprendimientos dirigidos por personas adultas mayores y que empleen un cierto número de adultos mayores.
- Al mismo tiempo se adicionará al código de trabajo los artículos necesarios para regular el trabajo de las personas adultas mayores en condiciones favorables de horario, exigencias físicas y mínimos salariales, con lo que se permitirá que esta población goce de un número de años más en condiciones de actividad física y mental, de independencia y provecho colectivo e individual.
