La corrupción entre empresas y autoridades políticas ha sido uno de los problemas que más ha deteriorado la calidad de la gestión pública y la legitimidad de los gobiernos en las últimas dos décadas, y ha sido objeto de un incansable trabajo de denuncia por parte de la fracción del Frente Amplio a través de su único diputado José Merino en el período 2006-2010. Más allá de la denuncia y la presión a las autoridades judiciales para que actúen enjuiciandoy condenando a los culpables, es necesario hacer profundas reformas legales que limiten los poderes discrecionales de las autoridades públicas a través de distintas medidas de democratización de las instituciones que permitan a representantes de distintos sectores sociales ejercer vigilancia y control y reorientar los recursos hacia la construcción del bien común.En términos concretos proponemos:
Medidas para el fortalecimiento de la transparencia, de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la gestión pública:
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Promulgación, reglamentación y puesta en práctica de una ley de publicidad de la información de las instituciones, especialmente aquella que corresponde a la ejecución de recursos (incluidas las licitaciones) y la prestación de servicios.
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Reforma a la ley 4646 que regula las juntas directivas de las instituciones autónomas con el propósito de incorporar representantes nombrados por las organizaciones sociales y de usuarios a las juntas directivas de las instituciones públicas. La presencia de intereses diversosy contrapuestos-y muy especialmentela representación de organizaciones sociales representativas de diferentes sectores- contribuiráala redefinición de las políticas de esas instituciones hacia el bien común, acombatir la corrupción en la gestión de esas instituciones y evitar la colusión que se ha dado en las últimas administraciones entre los directivos nombrados por los partidos mayoritarios.
Mecanismos para promover la participación ciudadana en las instancias de evaluación y formulación de políticas públicas:
El Estado costarricense no cuenta en la actualidad con mecanismos eficaces para la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones conducente a una verdadera democratización degestión pública.A pesar de que en los últimos años, muchas políticas públicas incluyen en su normativala participación ciudadana,en la práctica estasson poco permeables o no han generado los mecanismos para concretarla.Como consecuencia,aquellas personas que hacen el esfuerzo por participar terminan sintiendo que perdieron el tiempo y que no lograron la incidencia que buscaban. Con base en lo anterior, proponemos que las instituciones faciliten la participación ciudadana para hacer efectivos los procesos de consulta y negociación existentes y ampliarlos a nuevas formas que permitan la incorporación y la democratización de la toma de decisiones.
- Simplificación y ciudadanización de la información necesaria para participar en procesos de consulta y formulación de políticas públicas. Esto debe aplicarse de forma inmediata a los procesos de consulta de tarifas por parte la ARESEP.
- Reforma a la ley 4646 que regula las juntas directivas de las instituciones autónomas con el propósito de incorporar representantes nombrados por las organizaciones sociales y de usuarios a las juntas directivas de las instituciones públicas. La presencia de intereses diversosy contrapuestos-y muy especialmentelos intereses de los sectores mayoritarios- contribuye a romper la colusión entre directivos nombrados por los partidos en el gobierno fuente de la corrupción en la gestión de estas instituciones en los últimos años.
- Incorporación de mecanismos de evaluación de las instituciones públicas por parte de losy las usuarias, tanto individuales como colectivos.
- Crear condiciones para el funcionamiento eficaz de las distintas instancias de participación ciudadana que están definidas por ley, pero que en la actualidad tienen muchas limitaciones o no funcionan: las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, las Juntas de Salud, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
- Mecanismos de incorporación de la sociedad civil organizada en procesos de negociación de políticas públicas, a través de un consejo económico y social y a través de consejos en la gestión de las instituciones.
- Introducción de procesos de participación ciudadana en la definición de las prioridades políticas de gestión y de asignación de recursos, a través, por ejemplo de presupuestos participativos a nivel municipal.
- Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión, planificación y vigilancia del uso de los bienes comunes, como el caso de las ASADAS y los COVIRENAS.
- Incorporación de consultas ciudadanas obligatorias antes de la instalación de empresas que impacten el ambiente o el mundo de la vida de las comunidades.
