Nº 6863-E8-2021.- TRIBUNAL SUPREMO
DE ELECCIONES. San José, a las
nueve horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.
Consulta planteada por el señor Álvaro Camacho de
la O, Subgerente a.i. de Banca
Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), sobre la identificación del “donante” en las contribuciones privadas efectuadas por
transferencia a la cuenta bancaria de los partidos políticos mediante el Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).
RESULTANDO
1. Mediante oficio n.° SGBC-09-104-2021 del 27 de setiembre de 2021, firmado
digitalmente y remitido al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
(DFPP) el día inmediato siguiente, el
señor Álvaro Camacho de la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), consulta
a este Tribunal sobre la forma autorizada
para la identificación del “donante” en las contribuciones privadas a los partidos políticos mediante
transferencia a su cuenta bancaria a través del Sistema Nacional de pagos
electrónicos (SINPE). Para fundamentar
su gestión, señala (folios
1 a 3):
“Tal y como lo indica en su enumerado 1, el Art.
122 del Código Electoral, las agrupaciones políticas pueden hacer uso de los
servicios bancarios, para la recepción de estos aportes económicos, no
obstante, insta a las entidades bancarias a tomar las medidas pertinentes de
manera que se salvaguarde la identidad del depositante.
El Banco Central de Costa Rica, provee a las
entidades bancarias, por medio de la plataforma SINPE, un canal de medio de
pago que viene sin duda alguna, a facilitar la transferencia de los recursos,
sin embargo el origen como tal de los fondos que exige el Código Electoral a
los Bancos, no viene a reunir las condiciones precisas o exactas del
depositante final donde la plataforma podría brindar datos imprecisos ya
que no necesariamente el que realiza la transferencia es el dueño de los
recursos y es aquí precisamente donde la plataforma pueda verse violentada
a trazar recursos de otros orígenes, escapándose así el control que requiere y
dispone la ley.
Los medios electrónicos, se suman a las modalidades
de envío y recepción de recursos, eliminando el uso del efectivo, ya
considerado de por sí de mayor riesgo, así como a la trazabilidad de las
transacciones desde su origen hasta su finiquito, sin embargo no exime el riesgo
inherente sobre el origen real de los recursos, poniendo en advertencia que
los mismos puedan generarse desde una persona jurídica como extranjera
máxime si existen autorizados en estas cuentas que puedan generar la confusión
y por ende la filtración de una donación que no cumple con lo dispuesto.
(…) a partir de una interpretación literal de la especificación
técnica para los servicios de envío de fondos, denominados como Estándares
Electrónicos en el contexto del Sistema de Pagos, para los servicios de
Transferencias de Fondos a Terceros (Pagos Inmediatos) y Compensación de
Créditos Directos, al igual que en SINPE Móvil se determinó que de la misma no
se desprende una obligación expresa de identificar, en los campos denominados
como "Id Origen" o "Id Negocio" según corresponda, al dueño
de la cuenta y por ende de los fondos allí depositados, dejando abierta la
posibilidad que nos encontremos ante un escenario en el cual, para una
transacción, se reflejen los datos de un autorizado nacional, con facultad
para movilizar fondos de una cuenta, cuyos fondos, eventualmente, son
propiedad de una de las figuras restringidas en la legislación para
realizar aportaciones a los partidos políticos (en el caso principalmente de
personas jurídicas). Sin que con ello se pretende invisibilizar a la persona
jurídica, sino más bien que la normativa técnica no incorpora la
identificación del dueño de la cuenta origen, sino únicamente de la
persona ordenante que realiza la transacción, situación que también limita
a esta entidad bancaria la fiscalización sobre lo establecido por personas
jurídicas o extranjeras que realizan contribuciones a partidos políticos.
En esta línea, el artículo 123 del Código
Electoral, establece, en lo que interesa: "Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el
momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial
expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o
contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son
anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de
manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión
bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político
titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los
·contribuyentes.".
(…) En concordancia con lo anterior, resulta de
suma importancia advertir que la limitación técnica referida es el motivo
por el cual a la fecha esta entidad bancaria no ha podido autorizar la
transferencias SINPE a cuentas de partidos políticos, por lo que la
interpretación del artículo 123 antes transcrito es esencial para contar con un
respaldo sobre la interpretación de la norma legal y valorar si resulta o no
posible el brindar el servicio de transferencias bancarias vía SINPE a las
agrupaciones políticas.” (El subrayado es suplido).
De
conformidad con lo expuesto, el señor Camacho de la O, formula la siguiente consulta puntual:
“(…) si resulta posible o no
acreditar en la cuenta única de donaciones de los partidos políticos,
movimientos económicos, identificando al ordenante de la transacción, es decir,
quien realiza la gestión bancaria en forma directa, como la persona donante del
partido político.”.
2. Por auto de las 09:00 horas del 15 de octubre de
2021, el Magistrado Instructor dispuso remitir la consulta citada al DFPP a fin de que, en su condición de órgano
especializado, emitiera criterio técnico sobre lo planteado (folio 6).
3. En oficio n.° DFPP-1010-2021 del 1.° de
noviembre de 2021, el servidor Ronald Chacón Badilla, Jefe del DFPP, solicitó
una prórroga por 10 días hábiles adicionales para rendir el informe solicitado con
sustento en la necesidad de disponer de un pronunciamiento oficial del Banco
Central de Costa Rica (BCCR) sobre las limitaciones técnicas que, según el
consultante, presenta la plataforma SINPE (folio 13).
4. Mediante
auto de las 09:00 horas del 03 de noviembre de 2021, el Magistrado Instructor
concedió la prórroga solicitada, a partir del vencimiento del plazo inicial
(folio 16).
5. Por oficio n.° DFPP-1075-2021 del 15 de
noviembre de 2021, el servidor Chacón Badilla solicitó una prórroga adicional y
definitiva por 10 días hábiles para rendir el informe solicitado (folio 23).
6. En
auto de las 09:00 horas del 17 de noviembre de 2021, el Magistrado Instructor
concedió la prórroga definitiva solicitada, a partir del vencimiento del plazo
anterior (folio 24).
7. Mediante oficio n.° DFPP-1119-2021 del 03 de diciembre de 2021, el DFPP rindió el informe técnico requerido
(folios 31 a 36).
8. En el procedimiento
se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el
Magistrado Esquivel Faerron;
y,
CONSIDERANDO
I.- Admisibilidad de la opinión consultiva. El artículo 12.d del Código
Electoral habilita al Tribunal Supremo de Elecciones a emitir opiniones
consultivas a pedido del Comité Ejecutivo Superior (CES) de los partidos
políticos inscritos o de los jerarcas de los entes públicos con interés
legítimo en la materia electoral. También atenderá aquella que formule cualquier
particular si, en su criterio, es necesaria para la correcta orientación del
proceso electoral.
Conforme
a la normativa expuesta, la consulta formulada por el subgerente a.i.
de Banca Corporativa del BCR resulta
atendible ya que está relacionada con las donaciones
privadas a los partidos políticos (en su modalidad de transferencias bancarias
electrónicas) lo que, por su naturaleza, es materia sensible y relevante de
cara al eventual
financiamiento de esas agrupaciones durante la contienda en curso, relativa a
las elecciones nacionales a celebrarse en el año 2022.
II.- Antecedente de relevancia. En la resolución n.° 2378-E8-2019
de las 13:00 horas del 28 de marzo de 2019 (cuya copia es visible folios 47 a 54), este Colegiado examinó -a solicitud del CES del
partido Liberación Nacional, PLN- la posibilidad de que las agrupaciones políticas
pudieran recibir donaciones
privadas mediante transferencias SINPE. Según afirmó la agrupación consultante,
el BCR no autorizaba -en ese momento- las operaciones de ese tipo.
En el pronunciamiento citado (que fue
comunicado a todas las entidades bancarias del Sistema Bancario Nacional), este
Tribunal examinó las inconformidades alegadas por el BCR, así como el criterio externado
por el BCCR en torno a esa materia y, en lo que interesa, este Tribunal precisó:
“V.- Examen
de fondo (…) Básicamente, las razones
que expone el BCR (…) que les impiden recibir donaciones, por la vía de transferencia
electrónica, a los partidos políticos, son las siguientes: 1) la reducción del riesgo de legitimación debido a la inexistencia
de un mecanismo de validación en torno a la identificación del donante,
asociada a la cuenta de origen; 2)
la necesaria identificación de la solvencia económica de los contribuyentes u
otra información sobre la procedencia de los recursos.
Puntualiza
el BCR, adicionalmente, que el sistema SINPE debe valorar esas limitantes con
“motivos de rechazo específicos” y modificar las tramas de las transacciones
para incorporar información que permita validar esas situaciones con los
“mitigadores definidos para el manejo de los riesgos asociados”.
El criterio externado por el Banco Central
difiere del criterio del BCR en tanto señala que: 1) el SINPE brinda la información del cliente ordenante de la
transferencia, la entidad origen y entidad destino, así como el
beneficiario de los fondos; 2) las
entidades bancarias están en la capacidad de identificar si el ordenante es una
persona física o jurídica y, específicamente, de dónde provienen los fondos;
3) el SINPE provee las facilidades
de información y hace un reporte directo en cada servicio o a través del
Servicio de Control y Seguimiento de Operaciones asociado a la ley n.° 8204 del
07 de diciembre de 2001, denominada: “Reforma integral de la Ley sobre
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y
actividades conexas”.
(…) Según se aprecia, no existe disposición
normativa que impida que los militantes de los partidos políticos puedan
realizar una donación a su agrupación política vía transferencia bancaria, ya
sea entre cuentas de un mismo banco o en la modalidad SINPE.
La directriz girada por el BCR, en ese
sentido, no proviene de ningún mandato de esta Autoridad Electoral sino que se
trata de una decisión adoptada por la entidad bancaria como parte de su
política empresarial.
Con vista en el criterio externado por el
Banco Central, las donaciones a partidos políticos a través de tales modalidades,
amén de no ser prohibidas y resultar confiables, benefician el
financiamiento privado de los partidos políticos.
(…) En el entendido que las citadas
modalidades de recepción de donaciones privadas a los partidos políticos no son
prohibidas y que, adicionalmente, son confiables frente a la transparencia y
control de los aportes privados y, siendo los partidos políticos el
vehículo por intermedio del cual se concreta la participación política en
general y, en especial de cara a las contiendas electorales, no es dable
imponer trabas o dificultades que condicionen a que los donantes quienes,
como lo estima el PLN, solamente tengan la opción de acudir -presencialmente- a
alguna sucursal bancaria para realizar el depósito en efectivo, o bien
presentarse a la oficina de la respectiva agrupación política para hacer llegar
su contribución, igualmente en efectivo.
(…) El Tribunal es consciente de que la
política empresarial adoptada por las autoridades del BCR lo es en resguardo
del principio de publicidad y de licitud de las contribuciones privadas a los
partidos políticos; de igual manera que lo es en cumplimiento de la citada ley
n.° 8204 y, más aún, a su diligente custodia de los recursos públicos y
privados que administra.
En este sentido, las entidades bancarias deben
tomar en cuenta que, con el mismo objetivo, a este Tribunal -como órgano
fiscalizador del proceso electoral- también le compete verificar que los
ingresos a las arcas del respectivo partido político correspondan a personas
que, de conformidad con la normativa aplicable, tengan la aptitud legal para
figurar como donantes, comprobar que el origen de los fondos sea legítimo y
corroborar que los montos adquiridos por esa agrupación hayan sido
efectivamente utilizados para el fin señalado por el partido político.
(…) Por las razones indicadas, esta
Magistratura Electoral verifica: 1) no
existe norma legal o reglamentaria
que impida la recepción de donaciones privadas por transferencias entre cuentas
de un mismo banco o en la modalidad SINPE; 2)
el beneficio que obtienen las agrupaciones políticas al poder captar recursos
privados por esa modalidad para fortalecer sus actividades políticas ordinarias
y de campaña electoral; 3) la
existencia de controles necesarios y suficientes del sistema para asegurar el
principio de transparencia y de licitud de las contribución (sic) privadas a los partidos políticos y los
requerimientos de seguridad y de manejo de riesgos asociados que la ley exige a
las entidades bancarias (informe técnico del Banco Central).
En
virtud de lo expuesto, este Colegiado estima que: A) La decisión
adoptada por el BCR carece de sustento normativo pues no existe norma alguna
que impida las donaciones privadas por intermedio de transferencias entre
cuentas de un mismo banco o en la
modalidad SINPE; y, B) Esa restricción empresarial impide que se utilice
un mecanismo que resultaría a todas luces beneficioso para asegurar la
transparencia y publicidad del régimen de financiamiento privado de los
partidos políticos, particularmente el financiamiento efectivo de las
agrupaciones partidarias durante el período de contienda electoral.” (el subrayado
es suplido).
En la circular n.° DFPP-C-007-2021 del
06
de agosto de 2021 (cuya copia es visible a folios
4 y 5), el DFPP recordó a las entidades bancarias el criterio vertido por este Tribunal
en la resolución transcrita.
III. Criterio técnico del DFPP
en torno a la presente consulta. En el
informe n.° DFPP-1119-2021, el DFPP analizó -a solicitud de este Tribunal- la
consulta del BCR y señaló (folios 31 a 36):
“3. Sobre la prohibición de
acreditar donaciones de personas jurídicas y extranjeras a agrupaciones
políticas costarricenses.
“(…)
conviene señalar que la normativa electoral prohíbe expresamente que quien
figure como donante a partidos políticos, sea una persona jurídica nacional o
bien una persona física o jurídica extranjera (artículo 128 del Código
Electoral y artículo 93 inciso 3 del “Reglamento sobre el Financiamiento de
Partidos Políticos”).
En esta línea, como regla de principio, las
entidades bancarias deberán garantizar que las vías para la recepción de
donaciones a los partidos políticos permitan -de manera puntual y precisa- la
detección de aquellos movimientos financieros de traslado de recursos que
provengan de una persona jurídica nacional, o bien una persona física o
jurídica extranjera. En virtud de ello es imperativo que el uso del Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), posibilite a partir de la información
que respalda el sistema, la identificación del dueño de la cuenta de la que
provengan los recursos (que este Departamento puede diferir de la identidad del
“ordenante”), para efectos de que las entidades bancarias se encuentren en
posibilidad de detectar y evitar la acreditación de donaciones en contravención
a las restricciones legales que han sido detalladas.
Sin
embargo, a partir de lo informado por el Banco de Costa Rica, pareciera
derivarse que en la actualidad la información de respaldo de las transferencias
SINPE, en algunos casos, registra el nombre y cédula de la persona física
autorizada en la cuenta de una persona jurídica (el ordenante); situación que
-en principio– impide a ese banco detectar movimientos de recursos que
provengan de personas jurídicas, motivo por el cual el BCR ha optado por no brindar
en la actualidad dicho servicio a los partidos políticos.
En esta línea, es de vital relevancia considerar
que las transferencias electrónicas vinculan una cuenta en una entidad bancaria
desde la que se envían los recursos (entidad origen) con otra en la que se
reciben los recursos (entidad destino) y que en muchos casos esas transacciones
son interbancarias, lo que implica que la entidad origen y la destino son
instituciones financieras distintas, por lo que la situación externada por el
BCR adquiere relevancia en el entendido de que en cuentas de partidos domiciliadas
en el BCR podrían acreditarse recursos que provienen de cuentas domiciliadas en
otro banco. Desde esta óptica, es comprensible la inquietud del BCR, en el
tanto la información que quede respaldada a nivel del reporte de SINPE debe
caracterizarse por ser certera y suficiente para conocer con precisión el
número de cédula del dueño de los recursos desde la que estos se
transfieren a la cuenta de un partido político y no así del ordenante (cuya
información personal, a pesar de ser relevante, por sí misma resulta
insuficiente), a efectos de poder advertir movimientos provenientes de cuentas
a nombre de una persona jurídica o persona extranjera.
4. Sobre el
criterio externado por el Banco Central de Costa Rica.
Este
Departamento solicitó por oficio n.° DFPP-1049-2021 del 15 de noviembre de 2021
dirigido al señor Francisco Carvajal Chavarría, jefe del Departamento de
Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica, que se sirviera informar lo
siguiente: “(…) si la casilla tercera
denominada “Id del cliente enviador de los fondos” del reporte de transacciones
SINPE que facilita el BCCR a las entidades financieras, refiere al número de
cédula del dueño de la cuenta desde la que se envían los recursos (cédula
física o jurídica) o si el número de identificación del enviador de los
recursos puede cambiar si la cuenta bancaria tiene personas autorizadas. Al
respecto, sírvase referirse a aquellas situaciones en las que, pese a que el
dueño de la cuenta sea una persona jurídica −en caso de que haya una
persona física autorizada para hacer movimientos en esa cuenta− el
reporte de SINPE identifica a la persona física autorizada en la cuenta como
enviador de los recursos y no a la persona jurídica dueña de los recursos (…)”.
En respuesta a lo
consultado se remitió a este Departamento el oficio n.°
DSP-SNP-0250-2021 del 23 de noviembre de 2021 (…) mediante el cual el Banco Central aclara que existe un error de
interpretación que estaría afectando la precisión de la información contenida
en el espacio del reporte sobre “Id Origen”, por lo que indica de manera categórica que: “(…) es
nuestro criterio que el dato de “Id Origen” debe corresponder al número de
identificación del titular o dueño de la cuenta bancaria desde donde se envían
los fondos: además, como antes se mencionó, la entidad financiera origen
debe garantizar que ambos números (el de la cuenta y el Id) correspondan al
titular en cuestión, la cual debe ser invariable en los casos en que la cuenta
sea usada por personas autorizadas, debiéndose aplicar el mismo criterio para
una cuenta cuyo titular sea una persona jurídica (…)”. El subrayado
no pertenece al original.
Asimismo,
el Banco Central señaló que dada la situación expuesta, procederán a modificar
esos estándares electrónicos, en cuanto a la redacción de ese aspecto
específico, de modo que quede claramente establecido que ese Id (Id de origen)
debe corresponder al dueño o titular de la cuenta.
5. Posición de este Departamento
de Financiamiento de Partidos Políticos.
Del criterio
comunicado por el Banco Central de Costa Rica, se extrae con precisión que
la identificación del cliente origen de los recursos debe corresponder
necesariamente al dueño o titular de la cuenta desde la que se envían los
fondos, de modo que las entidades bancarias deberán garantizar dicha
condición. Asimismo, se aprecia de lo comunicado por esta entidad que se
procederá a modificar
esos estándares electrónicos, en cuanto a la redacción de ese aspecto
específico, a efectos de evitar –en lo sucesivo– que en los reportes se
identifique a la persona física ordenante o autorizado de la cuenta.
De
conformidad con lo anterior, las entidades bancarias estarían en capacidad de
contar con datos fiables del titular de las cuentas origen desde la que se
envían recursos a los partidos políticos, debiendo implementar las medidas de
control requeridas para evitar que en las cuentas bancarias de los partidos
políticos se acrediten recursos de personas jurídicas o personas físicas
extranjeras, en concordancia con las disposiciones que el Código Electoral ha
dirigido a los bancos del Sistema Bancario Nacional (véase artículos 122, 287
inciso d) y 298 del Código Electoral).
Con
ocasión de lo anterior, es criterio de este Departamento que la limitante e
inquietud expuesta por el Banco de Costa Rica habría sido aclarada con vista en
el criterio rendido por el Banco Central, a partir del cual resultaría posible
verificar, de conformidad con lo explicado supra, el apego a la normativa
electoral en el tanto es posible identificar al ordenante de la transacción
como el dueño de la cuenta de origen.” (el
subrayado pertenece al original).
IV. Sobre el fondo. 1) Sobre la
consulta planteada. Este
Tribunal entiende que una cuenta bancaria no es más que un producto o solución
financiera que permite prescindir del manejo de efectivo y, en su lugar,
disponer de un depósito o reserva monetaria (bancarizada) que facilite, entre
otras opciones, el envío o recepción de fondos mediante transferencias
electrónicas. La plataforma SINPE, cuya
administración recae en el BCCR, resuelve una importante necesidad del sistema al permitir que esa
movilización o trasiego de fondos se efectúe entre cuentas domiciliadas en
diferentes entidades financieras habilitadas en una red tecnológicamente
diseñada para ese fin.
Tal como se indicó supra, este
Colegiado ha reconocido la posibilidad de que los partidos
políticos puedan recaudar contribuciones, donaciones o aportes a través de los
mecanismos bancarios lícitos que estimen convenientes, lo cual incluye la
captación de fondos mediante transferencias SINPE, en el entendido -claro está-
que esa plataforma está dotada de las condiciones necesarias para registrar con
veracidad el origen de los fondos y garantizar así los principios de
publicidad y transparencia que, según el ordinal 123 del Código Electoral, deben
observarse en esta sensible materia, todo ello con el objetivo de detectar y
evitar contribuciones prohibidas. Esa rigurosidad exige acreditar -en cada caso- la identidad del legítimo contribuyente
(quien de conformidad con la normativa aplicable
tiene la aptitud legal para figurar como donante), condición que -en materia de fondos bancarios- solo puede recaer en el
titular o dueño de la cuenta que, por su naturaleza, es -iuris
et de iure- el
propietario del patrimonio que está albergado en ese repositorio.
A partir de lo expuesto y, en punto a la consulta formulada por el BCR, es indispensable precisar que, en
el caso de movimientos efectuados a la cuenta única de un partido político mediante la plataforma electrónica
citada, la identificación del donante debe corresponder
necesariamente con la identidad del propietario de la cuenta desde la que se
enviaron los fondos (cliente origen de los recursos). La información, en ese
sentido, debe ser certera
y suficiente para conocer con precisión el número de identificación del propietario
(persona física, jurídica, nacional o extranjera, según sea el caso) como punto de partida para revisar la legalidad de esa
disposición patrimonial gratuita
(artículos 122, 123 y 128 del Código Electoral)
Por ende, para cumplir con los principios y disposiciones
en materia electoral, no es posible -ni está autorizada- la identificación como
donante (en sentido estricto) de quien carezca de la condición de
propietario y haya efectuado la transacción bancaria en el ejercicio de una posición
distinta (como ocurriría -por ejemplo- en el caso de quien actúa a título de “autorizado”
en una cuenta perteneciente a una persona jurídica).
En este último escenario, la
información personal de quien “ordena” la transacción podría ser relevante para
efectos de funcionamiento y registro bancario, pero es inexacta e insuficiente
para el riguroso escrutinio que se exige en materia electoral, a efectos de poder advertir movimientos vedados provenientes
de cuentas a nombre de personas jurídicas o extranjeras.
2) Sobre
la “limitación técnica” que el BCR reporta sobre la plataforma SINPE. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, cabe
señalar que el BCR sostiene que la plataforma SINPE está
diseñada mediante un formato de registro que podría generar una sensible dificultad
en la verificación del origen de los fondos, aspecto de trascendental
relevancia en esta materia.
Sostiene,
en ese sentido, que el espacio que describe al
cliente origen de la transacción (“Id
origen” o “Id negocio”) no establece
una “obligación expresa” de registrar
al propietario de la cuenta, como correspondería, sino de la persona que realizó
la gestión bancaria (denominado “ordenante de la transacción”) quien bien podría ser una
persona física no propietaria sino en condición de “autorizada” (como ocurre en
el caso de las cuentas pertenecientes a personas jurídicas), de modo tal que -en escenarios como ese- la verdadera
identidad del donante no resultaría visible para el banco receptor.
En el oficio n.°
DSP-SNP-0250-2021 (folios 37 y 38) el BCCR se pronunció -a solicitud del DFPP-
sobre la inquietud externada por el BCR y reiteró que los servicios del SINPE “contienen la información necesaria para
identificar en cada
una de sus transacciones al cliente que envía y al cliente que recibe los
fondos, así como a las dos entidades financieras (origen y destino)
involucradas en la transacción.”.
Explicó,
a partir de la imagen
adjunta de un “reporte de transacción individual” (visible a folio 37), que las
entidades financieras involucradas “están
en la obligación de garantizar que los datos contenidos en cada transacción
correspondan a los datos de los titulares de las cuentas involucradas, de forma
tal que a la entidad origen le corresponde asegurarse de que los datos del
ordenante son los correctos; en tanto que la entidad destino deberá garantizar
la veracidad de los datos del beneficiario”; de ahí que, la entidad
financiera emisora debe asegurar que “ambos
números (el de la cuenta y el Id) corresponden al titular en cuestión lo cual debe ser invariable en los casos en que la cuenta sea usada por
personas autorizadas, debiéndose aplicar el mismo criterio para una cuenta cuyo
titular sea una persona jurídica.”.
Subraya
que, en efecto, los estándares electrónicos del SINPE establecen que la casilla
correspondiente al "Id Origen"
registre al “cliente ordenante del pago",
por lo que supone que el BCR
podría estar interpretando -erróneamente- que la definición “ordenante” alcanza para incluir tanto el dueño de la
cuenta como a sus autorizados, lo cual debe ser descartado.
Por
ello, a fin de evitar esa incorrecta interpretación, el BCCR consideró
importante introducir a su sistema una mejora en ese formato para “modificar esos estándares electrónicos, en
cuanto a la redacción de ese aspecto específico, de modo que quede claramente
establecido que ese Id debe corresponder al dueño o titular de la cuenta.”.
A partir de lo expuesto, este Tribunal estima que la preocupación del BCR ha sido aclarada con
vista en el criterio rendido -de manera formal- por el BCCR, en el que esa
entidad asegura que la plataforma SINPE sí dispone de información, registro y controles necesarios, confiables y suficientes [para asegurar el
principio de transparencia y de licitud de las contribución privadas a los
partidos políticos], en el
tanto el dueño de la cuenta de origen es quien aparece en el registro que
respalda el sistema como el “ordenante de
la transacción”, con independencia de quien haya materializado la gestión,
de manera tal que las entidades bancarias se encuentran en posibilidad de
detectar la naturaleza del propietario de esa cuenta (persona física, jurídica,
nacional o extrajera, según sea el caso) y evitar la acreditación de donaciones
en contravención a las restricciones legales que han sido detalladas.
C) Cuestión adicional. De
conformidad con lo expuesto en el punto anterior, el BCCR se comprometió a introducir
una mejora al SINPE y modificar los estándares
electrónicos de modo que quede claramente establecido que el “Id de origen” debe corresponder al dueño
o titular de la cuenta.
Una vez que ello ocurra, deberá informarlo a este
Tribunal y a todas las entidades bancarias pertenecientes
al Sistema Bancario Nacional, lo cual deberá ser
materializado a la mayor brevedad posible.
POR TANTO
Se evacua la consulta en los
siguientes términos: 1) En el caso de donaciones
efectuadas a la cuenta única de un partido político mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), la identificación del “donante” debe corresponder con la
identidad del propietario de la cuenta desde la que los fondos fueron enviados,
de modo tal que la información registrada permita disponer del número de identificación del dueño o cliente origen de los recursos (persona física, jurídica,
nacional o extranjera, según sea el caso), con independencia de quien haya
materializado la gestión; y, 2) no procede ni está autorizada la identificación como donante (en sentido estricto) de quien carezca de la condición de
propietario y haya efectuado la transacción bancaria a título de “autorizado” en
una cuenta perteneciente a una persona jurídica. Notifíquese al Banco de Costa
Rica, a la Dirección General de
Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y al Departamento de
Financiamiento de Partidos Políticos. Comuníquese el presente fallo a todas las
entidades bancarias pertenecientes al Sistema Bancario Nacional y al Banco
Central de Costa Rica, que deberá tomar nota de lo indicado en el considerando
IV, punto C) de esta resolución. Publíquese en el Diario Oficial.
Eugenia María Zamora Chavarría
Max Alberto Esquivel Faerron Luz de los Ángeles Retana Chinchilla
Hugo Ernesto Picado León Zetty María Bou Valverde
Exp. 407-2021
Hermenéutica electoral
BCR
Transferencias electrónicas SINPE
MQC/smz.-