N.° 8939-E9-2026.- TRIBUNAL SUPREMO
DE ELECCIONES.
San José, a las nueve horas del veintitrés de setiembre de dos mil veintiséis.
Gestión presentada
por varias personas ciudadanas con el objeto de que este Tribunal le autorice la
recolección de firmas para someter a referéndum –por iniciativa ciudadana– un
proyecto de ley que denominan “Ley para la devolución plena del ahorro laboral
del ROP”.
RESULTANDO
1.- Por escrito recibido en la Secretaría del
Despacho el 18 de agosto de 2026, el señor Alex Solís Fallas, cédula de
identidad n.° 104920468, y otras personas ciudadanas solicitaron autorización a
este Tribunal para iniciar el trámite de recolección de firmas, con el
propósito de someter a referéndum –por iniciativa ciudadana– un proyecto de ley
que denominan “Ley para la devolución
plena del ahorro laboral del ROP” (folios 27 a 39).
2.- En los
procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Bou
Valverde; y,
CONSIDERANDO
I.- Objeto
de la gestión. Las personas interesadas solicitan se les autorice la recolección
de firmas para someter a referéndum -por iniciativa ciudadana- un proyecto de
ley que aspira a la devolución completa del Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias (ROP).
II.-Sobre
el derecho de los ciudadanos de aprobar leyes por intermedio de la celebración
de un referéndum. Este
Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que, en virtud de la
reforma que modificó la Constitución Política en los artículos 102.9, 105, 123, 124, 129 y 195, por ley n.°
8281 del 28 de mayo del 2002, junto a la reforma al artículo 9
constitucional mediante ley n.° 8364 del 1.° de julio
de 2003, el Gobierno de la República pasó a ser, no solo “representativo” sino, también, “participativo”: lo ejercen “el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí”. Para dar cumplimiento a este nuevo precepto se
estableció el referéndum como un mecanismo de democracia directa que permite a
los ciudadanos participar –por la vía del sufragio y sin la intermediación de sus
representantes populares– en la aprobación o derogatoria de leyes e incluso de reformas
a la Constitución Política (ver, entre otras, las resoluciones n.° 790-E-2007 y
977-E-2007).
Al amparo de esas disposiciones
constitucionales y del desarrollo legal de esa reforma a la Carta Fundamental se
establecieron, tomando
como criterio el objeto, dos tipos de referéndum: el
legislativo, para aprobar o derogar leyes (vertientes constitutiva y
abrogativa, respectivamente) y el
constitucional, que permite someter a decisión ciudadana reformas
parciales a la Constitución Política. De igual manera se establecieron tres formas de
convocar a referéndum, indistintamente del tipo de jerarquía normativa de que
se trate (legislativa o constitucional).
Esas modalidades de referéndum son: la
legislativa (acuerdo legislativo aprobado por una mayoría calificada de los
parlamentarios), la mancomunada (decreto de la Presidencia de la República
apoyado por un acuerdo legislativo votado por una mayoría absoluta de los
miembros del Congreso) y la iniciativa ciudadana (para su convocatoria es
necesario reunir las firmas de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral).
III.- Sobre
la revisión inicial de las solicitudes de autorización para recolectar firmas. El derecho constitucional de los ciudadanos para
aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a la Constitución Política
no es ilimitado. Por esa razón, este
Tribunal -como parte de los actos preparatorios del artículo 6, incisos a) y b)
de la Ley sobre Regulación del Referéndum- tiene la potestad de hacer un primer
examen de admisibilidad del texto por consultar en referéndum para determinar,
de previo, si procede autorizar la solicitud de recolección de firmas
planteada.
Este examen puede
conllevar el rechazo de la solicitud, básicamente, en las siguientes hipótesis:
A) Si el TSE detecta o
concluye que el texto del proyecto se refiere a asuntos que no pueden ser
conocidos por el Soberano en referéndum ya que la Carta Fundamental, en el numeral 105, especifica
ciertas materias respecto de las que no procede este instituto, como lo son:
presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, de seguridad,
de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. B) Cuando el proyecto tiene, como propósito, hacerle reformas parciales a
la Constitución Política y no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en
primera legislatura según lo exige el artículo 195, inciso 8) de la
Constitución Política (esa doctrina sobre el análisis previo de las iniciativas
ha sido desarrollada por este Pleno, entre otras, en las resoluciones n.° 797-E9-2008,
2202-E9-2008, 3894-E9-2008, 3280-E9-2011, 4279-E9-2012 y 4902-E9-2013). C)
Cuando se trate de
un proyecto que presenta vicios evidentes y manifiestos de inconstitucionalidad
(véase, en este sentido, la resolución de este Tribunal n.° 3280-E9-2011 de las 15:40 horas
del 28 de junio de 2011).
En el presente asunto, esta Magistratura
Electoral logra determinar que, pese a lo indicado por los gestionantes, el
núcleo de la iniciativa refiere a materia que el constituyente sustrajo del
conocimiento de la ciudadanía, vía referéndum, según se expone de seguido.
IV.- Del proyecto
presentado. La inclusión del referéndum como
mecanismo de democracia directa en la Carta Fundamental transcurrió por un
largo e intenso proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. En efecto,
este proceso se originó el 17 de mayo de 1990 cuando un grupo de once diputados
presentaron a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente n.°
10.905) que pretendía incluir en la Constitución Política un capítulo dedicado a
tales consultas populares de alcance nacional.
Uno de los temas, que no escapó al debate creado en
torno a la citada reforma, fue el apartado referido a las materias que debían
ser excluidas del referéndum.
En este sentido, el proyecto original establecía en su artículo 204 que: “No
se podrán efectuar referendos sobre asuntos relativos a leyes fiscales,
presupuestarias: indultos y perdones” (folios 1 al 4 del expediente
legislativo). Sin embargo, en el trabajo de la Comisión encargada de
dictaminarlo se agregaron otros temas a la lista de materias excluidas, al
punto que en su informe afirmativo de mayoría visible a folio 194 se estableció
la siguiente lista: “Artículo 105 (…) En este caso,
no procede el referéndum cuando
se trate de leyes presupuestarias, tributarias, fiscales, o referentes a la
aprobación de empréstitos, contratos u otros actos de naturaleza
administrativa.”.
Esta lista de materias excluidas también se amplió
luego de la discusión que se desarrolló en el plenario legislativo, con la
aprobación de varias mociones. A modo de ejemplo en la sesión n.° 138 del 21 de
agosto de 1999, se incluyó el tema de seguridad, cuyo promotor fue el Diputado
Luis Fishman Zonzinski (ver folios 791 y 801 del expediente legislativo). La
última de las mociones que amplió esa lista fue presentada por el Diputado
Álvaro Trejos Fonseca (folio 831 del expediente), que se conoció y aprobó en la
sesión n.° 139 del 25 de enero de 1999, la cual incluyó la materia monetaria,
crediticia y de pensiones.
El amplio consenso logrado en el Parlamento permitió
que se sometiera a votación el siguiente texto: “El referéndum no procederá si
los proyectos son relativos a: materia presupuestaria, tributaria, fiscal,
monetaria, crediticia, de pensiones, de seguridad, de aprobación de empréstitos
y contratos o actos de naturaleza administrativa.”. Según se
aprecia, esa formulación es la misma que se encuentra actualmente en el
artículo 105 de la Constitución Política.
Para ahondar en el punto, conviene citar al diputado
Trejos Fonseca, quien justificó la exclusión de las referidas materias de la
siguiente manera:
“Esta moción es
muy sencilla y no altera en nada el fondo del referéndum y los acuerdos
importantes que se han querido lograr. Simplemente incorpora las materias
monetarias, crediticias y de pensiones, en aquellos asuntos que no van a ser
cubiertos por el referéndum.
(…)
Me explico, la
materia monetaria, es una materia de carácter técnico, y me preocupa mucho, que
este tipo de materias, que es muy similar a la presupuestaria, a la tributaria
y a la fiscal, pueda llegar a ser objeto de un referéndum, en donde no hay el
suficiente espacio para hablar de estos temas.
Vamos a decir que
el día de mañana alguien quiera proponer que el crédito se amplié a todos los
sectores y que no haya ninguna limitación de ningún tipo en el crédito, y que
el Banco Central no intervenga en eso. Entonces, la gente, tal vez llega muy
inocentemente a que se expanda el crédito a los niveles que quisiera, sin saber
las implicaciones directas que eso puede tener sobre el nivel general de
precios, sobre la inflación, sobre el sector externo del país, y la estabilidad
cambiaria y monetaria.
Son
materias que no deben ser objeto de un referéndum,
porque son materias que requieren del análisis, del reposo de una Asamblea
Legislativa, de los debates que aquí se hacen en torno a estas materias. Lo
mismo podríamos decir en relación con las pensiones. Mañana, alguien podría
decir, ¡bueno, no! a las pensiones no vamos a hacerle las reformas que hay que
hacerles, en el caso que fuera necesario, para aumentar la edad …” (el resaltado no pertenece
al original).
El constituyente derivado
no solo determinó que el derecho a jubilación, en sí mismo, estuviera excluido
de las materias que pueden llevarse a consulta ciudadana, sino también entendió
que no podían ser consultadas normas relacionadas con su operacionalización.
De hecho, en las resoluciones números 7682-E9-2019 y
3908-E9-2025 se precisó:
“Sobre
esa línea, debe tomarse en cuenta que, por regla de principio y según las
pautas interpretativas que rigen en el Derecho, el operador jurídico no puede
hacer distinción cuando el precepto normativo no lo hace, de suerte tal que al
mencionarse “pensiones” -en el artículo 105 de repetida cita- no es dable
entender que solo se trate de aquellas ordinarias o la que corresponde al
trabajador por la prestación de servicios, también deben comprenderse incluidas
ahí las de categorías especiales como lo son las complementarias.
En
este asunto, se solicita autorización para recolectar firmas en aras de llevar
se a referéndum un proyecto cuyo contenido esencial es, justamente, una reforma
total del sistema de administración de las pensiones complementarias, tópico
que, según se expuso, no es susceptible de ser consultado a la ciudadanía.”.
En similar sentido, esta Magistratura, en la sentencia
n.° 2897-E9-2021, consideró:
“En
este asunto, se solicita autorización para recolectar firmas en aras de llevar
a referéndum un proyecto cuyo contenido esencial es, justamente, una reforma
del sistema de administración de las pensiones complementarias, tópico que,
según se expuso, no es susceptible de ser consultado a la ciudadanía. (…)
Aunque
el proyecto verse sobre el órgano de administración de las pensiones
complementarias y fondos de capitalización, lo cierto es que tiene un impacto
medular sobre el fondo de la cuestión, pues impacta en la forma en que se
utilizarán los fondos y los eventuales rendimientos o pérdidas, manejo
económico que repercute directamente en los intereses de las personas con
expectativas de jubilación, punto central por el que se excluyó de este
instituto de democracia semidirecta el tema de repetida mención.”.
Como puede observarse, desde hace más de un lustro, este Pleno aclaró
que los temas relacionados con pensiones complementarias o aspectos vinculados
a estas no son tópicos que puedan someterse a consulta ciudadana.
En este asunto, se solicita autorización para recolectar
firmas en aras de llevar a referéndum un proyecto cuyo contenido esencial es,
justamente, una reforma del sistema de administración del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
(ROP), temática
que, según se expuso, no puede tramitarse por la vía referendaria.
La Ley de Protección al Trabajador estableció diferentes
tipos de fondos y regímenes (obligatorios y complementarios) para que la
persona trabajadora, una vez que se acoge a su jubilación, tenga acceso a
recursos adicionales a los de su pensión ordinaria. De hecho, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social ha señalado que la citada legislación fortaleció el
Sistema Nacional de Pensiones, puesto que lo convirtió en uno de carácter multi
pilar; en concreto, la referida cartera indicó:
“La
Ley de Protección al Trabajador (LPT) establece un sistema regulatorio para la
creación de un fondo de capitalización laboral propiedad de los trabajadores,
universaliza las pensiones para las personas adultas mayores en condición de
pobreza, establece los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el
Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social,
como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores;
autoriza, regula y establece procedimientos idóneos para supervisar el
funcionamiento de los regímenes de pensiones complementarias, tanto públicos
como privados. Esta Ley tiene dos componentes básicos: (…)
b)
El fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, a través de un sistema multipilar: un primer pilar, que comprende el
fortalecimiento del Régimen de Pensiones de la CCSS; el segundo pilar, que es
la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias; un tercer
pilar que consiste en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y un
cuarto pilar que comprende el fortalecimiento y ampliación de la cobertura del
Régimen No Contributivo…” (oficio n.° DAJ-AE-033-2013 del 12 de marzo de 2013,
emitido por la dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social).
El criterio jurídico antes transcrito es
consistente con el artículo 9 de la mencionada Ley de Protección al Trabajador,
en tanto esta define al ROP como un “régimen de capitalización individual y tendrá como
objetivo complementar los beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte de la CCSS o sus sustitutos…” (ordinal 9); ese concepto evidencia cómo lo
buscado es sumar ingresos adicionales -normalmente de forma periódica- al
dinero que se recibe por jubilación, conformando un todo de ingresos cuyo requisito
de acceso es ser pensionista, además de haber cotizado y cumplido los demás
requisitos.
La restricción constitucional, contrario a lo que
sostienen los promoventes, no se circunscribe únicamente al régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o a los otros regímenes contributivos; la
limitación prevista por marco jurídico está referida a cualquier plan o fondo
destinado a dar ingresos a la persona jubilada por esa condición.
Véase que, en términos generales, la regulación relativa
a pensiones complementarias requiere de la discusión parlamentaria y el
“análisis reposado” propio del trámite ordinario de producción de la ley, según
fundamentó el constituyente derivado para excluir de las consultas populares de
esa temática, como ha sido expuesto.
Por tales motivos, lo procedente es rechazar de plano la gestión, como
en efecto se dispone.
POR TANTO
Se rechaza de plano
la gestión. Notifíquese a las personas interesadas.
Max Alberto
Esquivel Faerron
Zetty
María Bou Valverde Mary Anne Mannix Arnold
Exp. n.º 263-2026
ACT.-gcch.-