N.° 0287-E1-2026.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas del doce de enero de dos mil veintiséis.

 

Recursos de amparo electoral para que se suspenda la visita del señor Presidente de la República de El Salvador a Costa Rica.

 

RESULTANDO

1.- Por escrito recibido en la Secretaría del Despacho el 7 de enero de 2026, el señor Allen Alexander Solera Cordero, cédula de identidad n.° 107710387, interpuso recurso de amparo electoral para que este Tribunal Supremo de Elecciones suspendiera la visita que hará el señor Nayib Bukele, Presidente de la República de El Salvador, a Costa Rica (folio 1).

2.- El 10 de enero de 2026, el señor Solera Cordero amplió los argumentos de su gestión de amparo electoral (folios 3 y 4).

3.- El señor Óscar Quesada Rodríguez, en escrito del 12 de enero de 2026, interpuso recurso de amparo electoral por los mismos hechos alegados por el señor Solera Cordero (6 a 11)

4.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Bou Valverde; y,

CONSIDERANDO

I.- Cuestión previa. Por existir identidad en objeto y causa, se dispone acumular las gestiones de los Solera Cordero y Quesada Rodríguez, para que sean conocidas                 -conjuntamente- en este expediente (n.° 015-2026).

II.- Objeto del recurso. Los recurrentes cuestionan que, según lo anunciado por el señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, el señor Nayib Bukele, Presidente de la República de El Salvador, vaya a visitar nuestro país. En concreto, los interesados consideran que la presencia del citado mandatario puede incidir en el resultado electoral, por lo que solicitan la suspensión de la visita.

III.- Improcedencia de la gestión de amparo. El recurso de amparo electoral es, simultáneamente, un derecho y un mecanismo para la tutela efectiva de las prerrogativas ciudadanas de contenido político electoral. Su objeto, según lo señala el Código Electoral, está constituido por “toda acción u omisión, incluso, contra simple actuación material que viole o amenace violar cualquiera de los [citados] derechos” (artículo 225).

La pertinencia de este remedio jurisdiccional está condicionada a que la pretensión busque la tutela de los derechos fundamentales y las libertades de la referida naturaleza, ya sea combatiendo las amenazas que se ciernan sobre ellos o corrigiendo las lesiones que efectivamente se hayan producido. En consecuencia, la legitimación en este recurso se mide en función de la lesión o amenaza de un derecho fundamental del accionante o de la persona en favor de la cual se promovió el recurso y no por el simple interés a la legalidad (artículo 227 del Código Electoral); al no existir -en esta materia- una acción popular, se debe acreditar una lesión individualizada o individualizable para que exista legitimación (entre otras, ver las resoluciones n.º 1506-E1-2013 y 6813-E1-2011).

Los señores Solera Cordero y Quesada Rodríguez señalan que la visita del Presidente Bukele podría incidir en el resultado electoral; sin embargo, ese argumento no tiene la virtud de acreditar lesiones de constitucional relevancia a las prerrogativas ciudadanas de los gestionantes.

Los recurrentes se limitan a cuestionar que la presencia del mandatario de El Salvador podría considerarse una acción política que produce una inclinación del electorado en favor de una determinada fuerza política, sin que señalen cómo les afectan concretamente y en lo personal, esa situación. Por tal motivo, lo procedente es rechazar los recursos de amparo electoral interpuestos, como en efecto se ordena.

Sin perjuicio de lo dispuesto, este Tribunal debe precisar que, de acuerdo con lo que establecen los incisos 12) y 13) del artículo 140 de la Constitución Política, corresponde al Poder Ejecutivo “Dirigir las relaciones internacionales” y “Recibir a los Jefes de Estado”, atribuciones que son ejercidas -de manera exclusiva- por el Presidente de la República y, cuando corresponde, por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto (el Canciller de la República).

En ejercicio de esas facultades es usual que el mandatario invite a uno o varios de sus homólogos por cortesía, para intercambiar impresiones sobre un tema específico, para dialogar sobre proyectos conjuntos, para que asistan a eventos o cumbres (en los que el país sea sede), para la firma de convenios, entre otros. Así, la sola presencia del Presidente de El Salvador en Costa Rica no supone una afectación al régimen electoral costarricense, puntualmente esa visita no constituye, per se, una transgresión al numeral 19 del Texto Político Fundamental, según el cual “Los extranjeros (…) No pueden intervenir en los asuntos políticos del país…”. Eso sí, los funcionarios responsables de su atención deben tener presente que las actividades en las que participe el mandatario extranjero no pueden convertirse en un espacio de promoción o de visibilización de un grupo político partidista.

Tómese en consideración que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prescribe, en su artículo 41.1, que las respectivas delegaciones foráneas están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado en el que se encuentren, de forma tal que la toma de posición de un mandatario extranjero -en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda- constituiría una violación al Derecho Internacional Público.

El respeto en las relaciones entre los Estados implica, entre otros aspectos, que los máximos representantes de los países se abstengan de conductas que sugieran simpatía o antipatía por algún partido político o candidatura; esa actitud mesurada evita que se produzca una inadecuada presión sobre las personas electoras y que no se comprometa su derecho fundamental a un sufragio libre.

POR TANTO

Se rechaza el recurso de amparo electoral interpuesto. Notifíquese a los recurrentes y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto para lo de su cargo.

 

 

 

Eugenia María Zamora Chavarría

 

 

Max Alberto Esquivel Faerron                                           Zetty María Bou Valverde

 

 

Luz de los Ángeles Retana Chinchilla                  Héctor Enrique Fernández Masís

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. n.° 015-2026

ACT.-