N.° 7021-E10-2019.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas del quince de octubre de dos mil diecinueve.

Liquidación de gastos y diligencias de pago de la contribución del Estado al partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica n.° 3-110-098296, correspondiente al proceso electoral 2018.

RESULTANDO

1. Mediante oficio n.° DGRE-199-2019 del 26 de marzo de 2019, recibido en la Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones el 27 de esos mismos mes y año, el señor Héctor Fernandez Masis, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante la Dirección o la DGRE), remitió al Tribunal Supremo de Elecciones el informe final de la revisión sobre los resultados de la liquidación de gastos de campaña presentada por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cédula jurídica n.° 3-110-098296, así como el informe n.° DFPP-LP-PUSC-05-2019 del 15 de marzo de 2019, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante el Departamento o el DFPP) y denominado: “INFORME RELATIVO A LA REVISIÓN FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS PRESENTADA POR EL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC), CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA ELECTORAL PRESIDENCIAL 2018” (folios 1 a 36).
2. Por auto de las 09:20 horas del 28 de marzo de 2019, el Magistrado instructor concedió audiencia al PUSC, por el plazo de 8 días hábiles, para que se manifestaran sobre el informe rendido por el DFPP, si así lo estimaban conveniente (folio 37).
3. En oficio PUSC-0082-2019 recibido en la Secretaria de este Tribunal el 4 de abril de 2019 (remitido vía correo electrónico y firmado digitalmente), el señor Randall Quirós Bustamante, presidente del PUSC, solicitó una ampliación del plazo para referirse a las objeciones planteadas en el referido informe (folios 42 a 43).
4. Por auto de las 15:20 horas del 8 de abril de 2019, esta Magistratura otorgó al partido, por única vez, una prórroga de 8 días hábiles (folio 44).
5. En memorial del 29 de abril de 2019, el presidente del PUSC impugnó algunas de las objeciones formuladas por la DGRE y el DFPP, respectivamente, en el oficio n.° DGRE-199-2019 y en el informe n.° DFPP-LP-PUSC-05-2019, en relación con determinados gastos liquidados por la agrupación (folios 52 a 292).
6. Por auto de las 11:10 horas del 3 de mayo de 2019, el Magistrado instructor remitió al DFPP la documentación aportada por el PUSC a fin de que, en el plazo de ocho días hábiles, se pronunciara respecto de las objeciones planteadas (folio 293).
7. En oficio DFPP-282-219 del 13 de mayo de 2019, la señora Guiselle Valverde Calderón, jefa a.i. del DFPP, solicitó una prórroga de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo original, con el propósito de preparar los insumos pertinentes y necesarios que le permitieran dar respuesta a la audiencia conferida (folio 299).
8. Por auto de las 14:10 horas del 16 de mayo de 2019, el Magistrado instructor otorgó la prórroga solicitada por el DFPP para referirse a las consideraciones planteada por el PUSC (folio 300).
9. En oficio DFPP-343-219 del 28 de mayo de 2019, el Jefe del DFPP solicitó una prórroga adicional de 8 días hábiles para referirse a las objeciones planteadas por el PUSC. Indica, entre otras cosas, que el PUSC solicitó la reconsideración de una considerable cantidad de gastos (aproximadamente el 50% de los gastos objetados, lo que representa cerca de 470 casos) cuyo análisis requiere de una inversión importante de tiempo y recurso humano (folio 306).
10. Por auto de las 13:55 horas del 29 de mayo de 2019, el Magistrado instructor otorgó, por única vez, la prórroga solicitada por el DFPP (folio 307).
11. En oficio n.° DFPP-402-2019 del 07 de junio de 2019, los funcionarios Ronald Chacón Badilla y Alejandra Peraza Retana, por su orden jefe y profesional en Gestión del DFPP, se refirieron a las objeciones planteadas por el PUSC (folios 313 a 367 vuelto).
12. Por oficio n.° PUSC-0282-2019 del 17 de junio de 2019, el PUSC se refirió a la razón de objeción n.° O-06 esgrimida por el Departamento y, en resumen, solicitó que no se revisara la totalidad de la documentación de las cuentas ahí indicadas, sino que se realizara una revisión y un recálculo de las cuentas que se señalaban en ese documento, de acuerdo con los nuevos porcentajes de aprobación dispuestos a partir de las revisiones efectuadas por el Departamento. Asimismo, pidió que se analizara el reconocimiento de montos adicionales producto de intereses pagados de forma adelantada por la agrupación (folios 405 a 406).
13. Por resolución de las 10:15 horas del 23 de julio de 2019, el Magistrado instructor trasladó este asunto al Departamento, con el fin de que se pronunciara respecto de lo alegado por el PUSC en el oficio n.° PUSC-0282-2019 (folios 411 a 412).
14. Por oficio n.° DFPP-524-2019 del 31 de julio de 2019, el Departamento se refirió a los argumentos esgrimidos por el PUSC en el oficio n.° PUSC-0282-2019 (folios 419 a 422 vuelto).
15. Por resolución de las 09:12 horas del 5 de agosto de 2019, se dispuso el returno de este asunto a la Magistrada Retana Chinchilla (folio 424).
16. En los procedimientos se ha observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Retana Chinchilla; y,

CONSIDERANDO

1. Sobre la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos. El artículo 96 de nuestra Carta Magna regula, como marco general, las cuestiones atinentes a la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos. El Tribunal Supremo de Elecciones, en su jurisprudencia, ha resaltado la importancia y el significado democrático de la contribución estatal a favor de las agrupaciones partidarias. En esa dirección, en la sentencia 2887-E8-2008 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 2008, el Órgano Electoral estimó:

“IV.- Finalidad de la contribución estatal de los partidos políticos. La previsión constitucional sobre contribución estatal es coherente con el rol asignado por la Constitución Política a los partidos políticos, definido en el artículo 98 constitucional, y responde a la idea de garantizar un régimen de partidos pluralista, en tanto el sistema democrático costarricense descansa en un sistema de partidos y los partidos políticos constituyen los intermediarios entre la pluralidad de los intereses ciudadanos y el entramado estatal.

El financiamiento público se justifica en la aspiración democrática a promover una ciudadanía participativa. Como regla de principio, una democracia supone competitividad efectiva entre los actores políticos, por lo que el financiamiento público constituye un factor crucial de equidad en la justa electoral, pues brinda apoyo económico a los partidos en los gastos electorales o permanentes para garantizar los principios de libertad de participación e igualdad de condiciones.

Entre las razones por las cuales se suele establecer alguna proporción de financiamiento público destacan cinco necesidades del sistema democrático: la de promover la participación política de la ciudadanía en el proceso postulativo y electivo; la de garantizar condiciones de equidad durante la contienda electoral; la de paliar la incidencia del poder económico en la deliberación política; la de fomentar un sistema de partidos políticos vigoroso, pluralista y con presencia permanente en la vida colectiva de las diferentes fuerzas políticas; y la de evitar el tráfico de influencias y el ingreso de dinero de procedencia ilegal.”.

En atención a lo dispuesto en la citada norma constitucional, en los artículos 89 al 119 del Código Electoral y en los numerales 31, 41, 42, 69 y 71 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos (en adelante el Reglamento o el RFPP), a este Tribunal le corresponde, mediante resolución debidamente fundamentada, distribuir el monto correspondiente al aporte estatal entre los diversos partidos políticos que superen los umbrales de votación requeridos, en estricta proporción al número de votos obtenidos por cada uno de ellos, una vez que se produzca la declaratoria de elección de diputados.

De acuerdo con el artículo 69 del RFPP, la evaluación de las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos políticos constituye una competencia de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante la Dirección), la cual ejercerá a través de su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, para cuyo cumplimiento contará con el respaldo de la certificación y los informes emitidos por un contador público autorizado, debidamente registrado ante la Contraloría General de la República.

Una vez efectuada esa revisión, la Dirección debe rendir un informe al Tribunal, a fin de que proceda a dictar la resolución que determine el monto que corresponde girar al partido político, de manera definitiva, tal como lo preceptúa el artículo 103 del Código Electoral.

2. Hechos probados. De importancia para la resolución de este asunto se tienen como debidamente demostrados los siguientes:

1. En resolución n.° 0959-E10-2017, de las 10:00 horas del 31 de enero de 2017, el Tribunal fijó el monto global de la contribución estatal a los partidos políticos correspondiente a las elecciones del 4 de febrero de 2018 en la suma de ₡25.029.906.960,00 (folios 368-369 vuelto).
2. Por resolución n.° 1500-E10-2018, de las 11:00 horas del 12 de marzo de 2018, el Tribunal determinó que, de conformidad con el resultado de las elecciones celebradas el 4 de febrero del 2018, el PUSC podría recibir por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ₡4.210.110.208,47 (folio 370-376 del citado expediente).
3. El Registro Electoral, en el oficio n.° DGRE-199-2019 y el informe n.° DFPP-LP-PUSC-05-2019, relativos a la revisión final de la liquidación de gastos presentada por el PUSC, para justificar el aporte estatal que le corresponde por su participación en el proceso electoral 2018, determinó como datos generales: c.1.) que, de la suma de ₡4.210.110.208,47, aprobada como monto máximo a recibir por concepto de contribución estatal, esta agrupación definió estatutariamente una reserva del 10% para cubrir los gastos de organización, lo que equivale al monto de ₡421.011.020,85, y un 3% para gastos de capacitación, porcentaje que equivale a ₡126.303.306,25, para un total de ₡547.314.327,10 (folio 02); c.2.) que el 87% restante se destinó para cubrir gastos electorales, lo que equivale a la suma de ₡3.662.795.881,37 (folios 1 vuelto, 2 frente, 11 frente y vuelto y 13).
4. Según el informe de la Dirección, el PUSC presentó una liquidación de gastos que asciende a la suma de ₡3.674.671.458,46 (folios 1 vuelto y 11 vuelto).
5. En la resolución n.° 0825-E10-2019 de las 14:00 horas del 29 de enero de 2019, este Tribunal le reconoció al PUSC, la suma de ₡2.255.239.929,64 como gastos válidos y comprobados, producto de la primera revisión parcial de la liquidación correspondiente a la campaña electoral de 2018 (folios 383 a 387 vuelto).
6. En la resolución n.° 1094-E10-2019 de las 16:00 del 7 de febrero de 2019, este Tribunal le reconoció al PUSC, la suma de ₡963.403.739,62 como gastos válidos y comprobados, producto de la segunda revisión parcial de la liquidación correspondiente a la campaña electoral de 2018 (folios 388 a 392 vuelto).
7. En la resolución n.° 5832-E10-2019 de las 14:00 horas del 3 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones conoció la liquidación de gastos permanentes del PUSC del periodo enero-marzo de 2019, en la cual aprobó gastos por ₡34.684.965,66, de los cuales ₡19.848.565,66 atendieron a gastos de organización y ₡14.836.400,00 a gastos de capacitación (folios 431 a 434).
8. Producto de las dos revisiones parciales de gastos correspondientes al proceso electoral 2018, al PUSC se le ha reconocido, hasta ahora, un total de ₡3.218.643.669,26 (folios 4 vuelto 11 vuelto).
9. Una vez efectuada la revisión final de la liquidación de gastos presentada por el PUSC, la Dirección tuvo como erogaciones válidas y justificadas, posibles de redimir con cargo a la contribución estatal, un total de ₡226.340.522,44 correspondientes a gastos electorales de campaña (folios 7 vuelto y 17).
10. Producto de la revisión de las objeciones presentadas por el PUSC al informe rendido por el Departamento, esta dependencia reconsideró gastos rechazados de acuerdo con las razones de objeción n.° O-01 (parcialmente), O-02 (parcialmente), O-03 (parcialmente), O-06 (parcialmente) O-13, O-30, O-33, O-34, O-38, O-39, O-47, O-48, O-49, O-51 y O-57, y reconoció gastos por una suma adicional de ₡56.860.115,69; cantidad que se obtiene de los ₡25.128.597,42 indicados en el oficio n.° DFPP-402-2019 (folios 313 a 367), los ₡11.725.684,95 recalculados a partir de la revisión de la objeción n.° O-06, de acuerdo con el oficio n.° DFPP-524-2019 (folios 419 a 423), y los ₡20.005.833,32 reconocidos por concepto de intereses pagados por adelantado (folios 421 a 423).
11. El PUSC mantiene una reserva de ₡474.495.076,19, de la cual ₡322.881.377,18 corresponde al rubro de organización y ₡151.613.699,01 al de capacitación (resolución n.° 5832-E10-2019 de las 14:00 horas del 3 de septiembre de 2019 a folios 431 a 434).
12. El PUSC realizó una emisión de certificados de cesión de las series A por ₡4.250.000.000,00 (en garantía a favor del Banco BCT S.A).; B por ₡2.500.000.000,00 y C por ₡3.500.000.000,00 (folios 385 y 390).
13. De conformidad con la primera revisión parcial de gastos, de la suma reconocida al PUSC (₡2.255.239.929,64) se ordenó girar al titular de la única emisión de certificados de cesión serie A del PUSC la suma de ₡2.234.404.329,64, producto del rebajo de la multa impuesta al partido por ₡20.835.600,00 (folio 383-387 vuelto).
14. De acuerdo con la segunda revisión parcial de gastos, de la suma reconocida al PUSC (₡963.403.739,62) se ordenó girar al titular de la única emisión de certificados de cesión serie A del PUSC la suma de ₡959.524.739,62 producto del rebajo de la multa impuesta al partido por ₡3.879.000,00 (folio 388-392 vuelto).
15. La publicación realizada por el PUSC en el periódico La República del 31 de octubre de 2018, páginas 29-33, cumplió lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral (folios 07, 17).
16. El PUSC se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 07, 17 y 435).
17. No se registran multas pendientes de cancelación por parte del PUSC (folios 17 vuelto).

3. Hechos no probados. Ninguno de interés para la resolución de este asunto.
4. Sobre el principio de comprobación del gasto aplicable a las liquidaciones de gastos presentas por los partidos, como condición para recibir el aporte estatal. En materia de la contribución estatal al financiamiento de las agrupaciones partidarias existe un régimen jurídico especial, de origen constitucional, el cual asigna al Tribunal Supremo de Elecciones el mandato de revisar los gastos de los partidos políticos, con el fin de reconocer en forma posterior y con cargo a la contribución estatal, únicamente aquellos gastos autorizados por la ley y en estricta proporción a la votación obtenida.

Este Tribunal, en atención a este modelo de verificación de los gastos, estableció, desde la sesión n.° 11437 del 15 de julio de 1998, que es determinante para que los partidos políticos puedan recibir el aporte estatal la verificación del gasto, al indicar:

“Para recibir el aporte del Estado, dispone el inciso 4) del artículo 96 de la Constitución Política –los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo esencial, bajo esta regla constitucional, es la comprobación del gasto. Todas las disposiciones del Código Electoral y de los reglamentos emitidos por el Tribunal y la Contraloría General de la República en esta materia, son reglas atinentes a esa comprobación que, sin duda alguna, es el principal objetivo. Por lo tanto, como regla general, puede establecerse que si el órgano contralor, con la documentación presentada dentro de los plazos legales y los otros elementos de juicio obtenidos por sus funcionarios conforme a los procedimientos de verificación propios de la materia, logra establecer, con la certeza requerida, que determinados gastos efectivamente se hicieron y son de aquellos que deben tomarse en cuenta para el aporte estatal, pueden ser aprobados aunque la documentación presentada o el procedimiento seguido en su trámite adolezca de algún defecto formal.”  (el resaltado no es del original).

No obstante que el actual sistema de financiamiento estatal estableció un mecanismo de comprobación y liquidación de los gastos más sencillo para los partidos políticos, pues pasó de varias liquidaciones mensuales a una única liquidación final que deberá ser refrendada por un contador público autorizado, esa circunstancia no elimina, de ninguna manera, la obligación de los partidos políticos de cumplir con el principio constitucional de “comprobar sus gastos”, como condición indispensable para recibir el aporte estatal.

5. Sobre la oposición del PUSC en relación con el contenido del oficio n.° DGRE-199-2019 y el informe n.° DFPP-LP-PUSC-05-2019. En virtud de que el DFPP, mediante informe n.° DFPP-LP-PUSC-05-2019 del 15 de marzo de 2019, rechazó varios de los gastos liquidados por el PUSC, que esta agrupación política los objetó y que algunos de ellos fueron reconsiderados el DFPP, procede el análisis, en atención a razón de objeción y cuenta en que se liquidó, respecto de aquellos en los que aún se mantiene el rechazo.

1. Sobre la razón de objeción O-01 –Cuenta servicios especiales-. El DFPP estableció como causa de objeción del gasto liquidado lo siguiente:

“O-01 El número de teléfono consignado en los comprobantes no corresponden al del prestatario del servicio, lo cual impide proceder con las verificaciones de campo pertinentes que este Departamento realiza luego de que el análisis documental no resulta suficiente para satisfacerse respecto de la comprobación fehaciente del gasto.  Tal situación deviene contraria a lo establecido en los artículos 42 y 51, inciso 2, del Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos (RFPP).

En este sentido, también se tiene lo expuesto por el TSE en la resolución n.° 4821-E10-2015 del 01 de agosto de 2015, en los siguientes términos:  “(…) este Tribunal también prohíja el criterio del DFPP en cuanto a que la revisión de las liquidaciones de todos los partidos políticos no se concentra solamente en el examen y calificación de los documentos de respaldo presentados sino que, en algunas ocasiones, resulta pertinente corroborar los gastos con llamadas telefónicas a los proveedores para determinar eventuales inconsistencias dado que los documentos, por sí mismos, no permiten validar el gasto como tal.”.

El Partido alegó que, con la facilidad que existe de cambiar de número telefónico, es posible que personas que contrataron en la modalidad de servicios especiales, desde el momento en que se efectuó el gasto hasta que el DFPP hizo la verificación, pudieron haber cambiado su número telefónico; por ende, hoy existiría una imposibilidad para contactarlos por ese medio. No obstante, la agrupación sostuvo que cumplió los requisitos establecidos en el artículo 51.2) del RFPP. Además, indicó que, en aras de la transparencia en los servicios contratados y pagados, el Partido utilizó como medio de pago la transferencia bancaria directamente a la cuenta del prestador del servicio, coincidiendo de esa manera los datos consignados en la transferencia bancaria como en el comprobante aportado para justificar el gasto.

De conformidad con lo expuesto, estiman que la verificación telefónica que hizo el DFPP es innecesaria y, por ende, resulta injustificado el rechazo de los gastos. El Partido aportó una lista con los números telefónicos de las personas que lograron contactar, quienes por algún motivo tuvieron que cambiar su número telefónico (folio 81). Finalmente solicitan que, en el caso de que el DFPP requiera hacer llamadas telefónicas, estas sean fiscalizadas por un representante del partido.

Sobre lo alegado, el DFPP sostuvo que, la normativa electoral le otorga la potestad de utilizar, en sus labores de revisión y fiscalización, los medios y procedimientos convenientes para comprobar fehacientemente los gastos. Así, requisitos como el número de teléfono y la dirección exacta de los proveedores de los servicios contratados por la agrupación política, se utilizan para corroborar la realización del gasto, sea por medio de verificación telefónica o entrevistas de campo.

En el caso concreto, el Departamento indicó que: “a través del desarrollo de tales ejercicios (verificación telefónica), se pudo constatar la existencia de dos casos en que los dineros depositados en las respectivas cuentas bancarias, debían dividirse entre dos o más personas, y 26 en los que en definitiva no resultaban tener como destino la remuneración por bienes o servicios prestados, sino más bien, recursos empleados para gastos partidarios en cada una de las zonas geográficas identificadas, desnaturalizando el gasto reportado.”.

De igual manera, informó que si bien durante el proceso de revisión de gastos fue imposible contactar a algunos de los prestatarios de los servicios, lo cual impidió hacer la verificación del gasto, de conformidad con la lista de doce números telefónicos que el partido aportó (lista respecto de la cual el DFPP aclara que nueve números coinciden con los indicados en la documentación de respaldo de la liquidación de gastos del PUSC -sobre los que no se había podido llevar a cabo la verificación- y únicamente dos números telefónicos son distintos a los indicados por el PUSC en su documentación), se obtuvo el siguiente resultado: “de las nueve llamadas que se volvieron a realizar al mismo número, tres personas contestaron, de las cuales solamente una persona (Xinia Ángela Arrieta Aguilar –documento REC-7433-) confirmó haber prestado el servicio en los términos liquidados por el partido. Por su parte, las llamadas telefónicas que se practicaron a los dos nuevos números que aportó el partido en esta fase de alegatos, no permitieron allegar elementos que propiciaran la verificación de la existencia del gasto, toda vez que en uno de los casos el número no correspondía al proveedor del servicio y en el otro caso la persona entrevistada manifestó que el dinero depositado en su cuenta estaba destinado a gastos del partido político y no al pago de algún servicio prestado.”.

Finalmente, en cuanto a la solicitud del Partido tendiente a que se les autorice fiscalizar las llamas telefónicas que realice el DFPP a los proveedores de servicios, ese Departamento estimó que tal petición no es procedente por cuanto la labor de fiscalización conferida al DFPP deriva de una competencia legal y reglamentaria que ha sido asignada exclusivamente a ese órgano técnico.   

Con fundamento en lo anterior el DFPP recomienda aprobar únicamente el gasto objetado a nombre de la señora Arrieta Aguilar (por un monto de ₡280.000,00) y respecto de los otros gastos (23 en total, por un monto de ₡5.412.967,00) que se mantenga el rechazo recomendado, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 1

Gastos Objetados

Razón de Objeción O-01

Sobre el particular cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Código Electoral, el DFPP en sus tareas constantes de revisión y fiscalización, puede acudir a distintos medios y procedimientos de análisis e investigación para comprobar adecuadamente los gastos partidarios atendiendo, además, al reciente modelo de fiscalización que estableció varios controles en virtud del principio de transparencia que rige en el financiamiento estatal a los partidos políticos.

El artículo 51.2) del RFPP prevé la corroboración posterior de los comprobantes de gastos para determinar su veracidad, al establecer como requisitos la indicación del nombre y firma de la persona que recibió el pago, su identificación, el número de teléfono y la dirección. 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal estima que la comprobación del gasto por medio de una investigación de campo (llamada telefónica) resultaba pertinente para el eventual reconocimiento del gasto debido a que el análisis documental, pese a lo argumentado por el partido, no fue suficiente para determinar la comprobación fehaciente del gasto, tal y como se desprende del motivo que fundamenta la razón de objeción n.° O-01.

Esa labor por parte del DFPP resultaba más que necesaria tomando en cuenta que, en algunos casos, producto de las llamadas telefónicas el DFPP advirtió incongruencias entre los documentos aportados por el PUSC y la realidad material de los mismos, situación que obligaba reforzar los procesos de verificación.

Cabe señalar que es responsabilidad de los partidos demostrar en debida forma sus gastos y comprobar su efectiva existencia. En ese sentido, si la prueba documental aportada por el PUSC no era suficiente para acreditar el gasto en criterio del DFPP, este debía proceder a realizar la investigación de campo con el fin de verificar el servicio prestado. Si como resultado de esa diligencia no se tuvo por comprobada la erogación o bien, si esa labor resultó infructuosa debido a que el número de teléfono consignado en los comprobantes no correspondía al del prestatario del servicio, aun cuando ello no sea imputable al partido por un cambio en el número de teléfono, resulta improcedente el reconocimiento de un gasto que no ha sido debidamente comprobado. 

En lo concerniente a la petición que formula el partido de fiscalizar las llamadas telefónicas que realice el DFPP con el fin de comprobar sus gastos de la campaña electoral, este Tribunal prohíja el criterio de ese despacho en cuanto a que la labor de evaluación de la liquidación de gastos que realiza el DFPP debe hacerse sin intervención de los partidos políticos.

En virtud de lo anterior, esta Magistratura mantiene el rechazo de los gastos objetados por el DFPP. Por otra parte, en atención a lo recomendado por el Departamento, procede reconocer al PUSC la suma de ₡280.000,00.

2. Sobre la razón de objeción O-02 -Cuenta servicios especiales-. El DFPP indicó en la razón de objeción O-02 lo siguiente:

“El número de teléfono consignado en el documento aportado por la agrupación política no permite contactar al prestatario del servicio (una contestadora indica que está suspendido, se encontraba apagado o no se obtuvo respuesta).  Tal situación impidió desarrollar las verificaciones de campo pertinentes que este Departamento practica luego de que el análisis documental no resulta suficiente para satisfacerse respecto de la comprobación fehaciente del gasto.  Tal situación deviene contraria a lo establecido en los artículos 42 y 51, inciso 2, del RFPP.

En este sentido, también se tiene lo expuesto por el TSE en la resolución n.° 4821-E10-2015 del 01 de agosto de 2015, en los siguientes términos:  “(…) este Tribunal también prohíja el criterio del DFPP en cuanto a que la revisión de las liquidaciones de todos los partidos políticos no se concentra solamente en el examen y calificación de los documentos de respaldo presentados sino que, en algunas ocasiones, resulta pertinente corroborar los gastos con llamadas telefónicas a los proveedores para determinar eventuales inconsistencias dado que los documentos, por sí mismos, no permiten validar el gasto como tal.”.

El partido adujo que la no obtención de respuesta se puede dar por diversos motivos, por ejemplo: 1) la persona ha fallecido, como es el caso de Gene Robinson Davis y  Sherlyn Ramos Arrieta;  2) la persona se encuentra laborando en el momento de la verificación y dependiendo del horario laboral y restricciones en usos de celulares, como los hay en muchas empresas, es posible que no pudieran atender en el momento que se les hizo a llamada y considerando que el horario del TSE es de lunes a viernes de 7:30 a 4:00 pm y que en muchas empresas el horario se extiende hasta las 5:00 pm o más tarde; 3) la persona no se percató de la llamada entrante, por diversas razones, se encontraba manejando, en ocupaciones habituales del hogar o simplemente lo mantiene en volumen bajo; por tanto, no contestó y puede que sean personas que no acostumbran devolver las llamadas.

La agrupación indicó que, haciendo un muestreo como lo acostumbra el Tribunal Supremo de Elecciones y tomando en consideración el poco tiempo que se tiene para presentar la objeción que nos ocupa, solicitaron a algunos de los contactos que les aportaran una declaración jurada (las cuales suministran – ver folios 82 a 91-) con el fin de demostrar que las actuaciones del partido estuvieron ajustadas a derecho y que, además, sí es posible verificar el gasto con las personas que prestaron los servicios.

El Partido alegó que, al igual que en la objeción anterior, la agrupación política cumplió lo establecido en el artículo 51.2) del RFPP y de igual forma se utilizó pago mediante transferencia bancaria, depositando directamente en la cuenta del prestador del servicio, coincidiendo con los datos consignados tanto en la transferencia bancaria como en el comprobante aportado para justificar el gasto correspondiente.

Solicitó que, de requerirse, una nueva verificación por parte del DFPP, la misma sea fiscalizada por un representante del PUSC.

Sobre lo argumentado por el partido, el DFPP sostuvo que la revisión de las liquidaciones de los partidos políticos que realiza este órgano técnico no se concentra únicamente en el examen y calificación de los documentos de respaldo aportados, sino que, además, resulta pertinente su corroboración a través de diversos procesos -tales como llamadas telefónicas- con el propósito de validar la información consignada en los documentos de respaldo y por ende, verificar el gasto.

Señaló que las causas que el partido expone como impedimentos para la obtención de respuesta a las llamadas telefónicas hechas por el DFPP son las que precisamente han impedido a ese órgano técnico proveerse de elementos de juicio suficientes para acreditar fehacientemente el gasto.

Sobre el fallecimiento de dos proveedores durante el proceso de revisión de gastos, el DFPP determinó que esa situación estuvo presente en el caso de Gene Robinson Davis, cuyo deceso tuvo lugar el 05 de agosto de 2018, antes de efectuar la llamada telefónica el día 05 de noviembre de 2018, motivo por el cual procede reconocer el gasto. Esta situación no se presenta en el caso de la señora Sherlyn Ramos Arrieta, quien se encontraba con vida al momento en el que se realizaron las comprobaciones telefónicas.

En cuanto a las declaraciones juradas suscritas por diversos proveedores que aportó el Partido como medio para comprobar el gasto, el DFPP sostiene que, una vez valoradas, estos permiten acreditar, fehacientemente, la existencia de los servicios prestados, situación que posibilita variar el criterio en relación con el rechazo de esos gastos.

Sobre los demás casos refutados a la agrupación política el DFPP recomendó mantener su rechazo por cuanto el PUSC no aportó ningún elemento de juicio que permita modificar las razones que sustentaron la no aprobación.

En consecuencia, ese órgano técnico recomienda aprobar gastos por un monto de ₡6.580.000,00 y mantener el rechazo por la suma de ₡67.639.365,55, tal y como se expone en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 2

Gastos Objetados

Razón de Objeción O-02

Sobre los alegatos del Partido, identificados con los números 1, 2 y 3 de este apartado, cabe señalar lo siguiente: sobre la no obtención de respuesta telefónica por parte de la señora Sherlyn Ramos Arrieta, quien falleció con posterioridad a la fecha en que se realizaron las comprobaciones telefónicas, no procede reconocer el gasto por cuanto el Partido no aportó elementos de juicio que acreditaran fehacientemente la existencia de los servicios prestados.

Sobre el conjunto de circunstancias que expone el Partido como limitantes para contactar -vía telefónica- a los prestatarios de los servicios (puntos 2 y 3), cabe indicar que, aun teniendo por demostrados supuestos como los mencionados, ninguno permite justificar el reconocimiento de un gasto que no fue debidamente comprobado por el partido.

Conviene reiterar que la verificación del gasto por medio de una investigación de campo (llamada telefónica) a cargo del DFPP resulta pertinente en aquellos casos en que el análisis de los documentos aportados por la agrupación no resulta suficiente para acreditar el gasto. En ese sentido, si esa labor resulta infructuosa debido a que el número de teléfono consignado en el documento aportado por el partido no permite contactar al prestatario del servicio (razón de Objeción O-02), resulta procedente el rechazo de los gastos.

Por lo expuesto el Tribunal mantiene el rechazo de los gastos objetados por el DFPP. Por otra parte, en atención a lo recomendado por el Departamento, procede reconocer al PUSC la suma de ₡6.580.000,00.

3. Sobre la razón de objeción O-03 -Cuenta servicios especiales y arrendamientos-. Respecto a esta objeción el DFPP precisó: 

“O-03 El comprobante aportado por la agrupación política no consigna el número de teléfono del proveedor del servicio, lo cual impide proceder con las verificaciones de campo pertinentes que este Departamento desarrolla luego de que el análisis documental no resulta suficiente para satisfacerse en punto a la comprobación fehaciente del gasto. Tal situación deviene contraria a lo establecido en los artículos 42 y 51, inciso 2, del RFPP.

En este sentido, también se tiene lo expuesto por el TSE en la resolución n.° 4821-E10-2015 del 01 de agosto de 2015, en los siguientes términos:  “(…) este Tribunal también prohíja el criterio del DFPP en cuanto a que la revisión de las liquidaciones de todos los partidos políticos no se concentra solamente en el examen y calificación de los documentos de respaldo presentados sino que, en algunas ocasiones, resulta pertinente corroborar los gastos con llamadas telefónicas a los proveedores para determinar eventuales inconsistencias dado que los documentos, por sí mismos, no permiten validar el gasto como tal.”.

El Partido arguyó que, en relación con la cuenta 90-2500 Arrendamientos, en los documentos que respaldan la liquidación, se aportó la lista de todos los clubes abiertos en todo el país, consignando la provincia, el cantón, nombre del arrendante, número de cédula, representante legal en caso de personas jurídicas y número de teléfonos (presentó copia del listado de detalles de clubes: folios 90 a 93). Indicó, además, que en el caso del señor Carlos Sandoval Alguera, no pudieron contactarlo debido a que el señor reside en los Estados Unidos, por lo que aportó el correo electrónico para contactarlo: sand3521@bellsouth.net  y su contacto en Costa Rica, el señor Alberto Granados Vargas, aportó su número de teléfono para cualquier consulta: 8397-3856.

El Partido consideró que al ser el correo electrónico un medio válido para realizar la verificación y al estar aportándose un contacto donde también se puede verificar el gasto con facilidad, el rechazo no resulta justificable.

Sobre el particular el DFPP aclaró que, por disposición reglamentaria -artículo 51.2) del RFPP-, en los documentos comprobantes de gastos se debe indicar expresamente: el nombre y firma de la persona que recibió el pago, número de identificación, número de teléfono y dirección del proveedor del servicio. Que esos elementos esenciales se inobservaron en los documentos que respaldaron los casos objeto de análisis.

No obstante, de conformidad con los argumentos vertidos por el Partido, el Departamento procedió a realizar la verificación con los datos contenidos en la lista de clubes abiertos a nivel nacional llegando a determinar: “[…] que la lista referida contiene los datos telefónicos de 16 de las 18 personas reportadas como arrendantes de locales a favor de la agrupación política, lográndose ubicar a 10 de las 16 personas, quienes ratificaron la existencia y los montos cancelados por dichos arrendamientos. Corresponde hacer notar que ese partido político no consignó ninguna referencia en dicha liquidación que permitiera a este Departamento percatarse de manera oportuna del recibo de ese insumo, o de precisar su ubicación, a efectos de considerarlo dentro del proceso de revisión respectivo.”.

Con respecto al caso del señor Carlos Sandoval Alguera, el DFPP indicó que logró comunicarse telefónicamente con el señor Alberto Granados Vargas, contacto del señor Sandoval Alguera aquí en Costa Rica; sin embargo, informó que esa persona no pudo referirse a la existencia y términos del contrato de arrendamiento objeto de análisis, lo que impide reconocer el gasto.

Sobre la posibilidad de contactar al señor Sandoval Alguera por medio del     correo electrónico que aportó el Partido cabe indicar que, aún y cuando del DFPP no indica si intentó contactar a la persona a través de ese medio, es lo cierto que el correo electrónico que se señala no brinda la garantía, por sí solo, que sea del proveedor del servicio que se intenta localizar.  

De conformidad con lo expuesto, el DFPP recomendó aprobar un monto por ₡2.360.000,00 y mantener el rechazo por la suma de ₡5.866.625,00, tal y como se verifica en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 3

Gastos Objetados

Razón de Objeción O-03