uruguaya.jpgReseña

Revista Uruguaya de Ciencia Política

Instituto de Ciencia Política

Universidad de la República de Uruguay

Vol. 29, n.o 1.

Enero- junio 2020

La Revista Uruguaya de Ciencia Política, edición 1, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay, inicia con el artículo de Mariana Llanos, investigadora del German Institute of Global and Area Studies y de Cordula Tibi Weber, intitulado “Cortes superiores y redes sociales en América Latina”; en donde plantea al texto como un primer paso hacia la comprensión del uso de los medios sociales por parte de las cortes constitucionales y supremas de América Latina. Introduce una clasificación de las cortes electorales por su desempeño y el registro de sus actividades en las redes sociales.

La investigadora Andrea Castagnolo, asociada del Centre on Law and Social Transformation (Noruega), es autora del artículo “La trampa de la manipulación judicial: un análisis histórico de la manipulación política de la Corte Suprema argentina”, en el que analiza la lógica detrás de la racionalidad de los políticos por la manipulación sistemática de la Corte Suprema. Centra su argumento en que en las democracias en desarrollo, como la Argentina, los políticos prefieren nombrar a jueces afines en la corte, en vez de mantener a los jueces nombrados por el gobierno anterior.

Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho, de la Universidad Católica de Salvador, y Maurício Palma, de la Universidad de Brasilia, escriben un texto en portugués intitulado “Juristas contra a democracia: usos do direito e desintegração democrática no Brasil pós-2014”. En el texto se argumenta que los juristas profundizaron la crisis político-institucional brasileña y que la instrumentalización de las formas legales fomenta los usos no democráticos de la ley, lo que refuerza la desintegración democrática en el período posterior a 2014.

El cuarto artículo, de Henry Trujillo, investigador del Instituto de Sociología Jurídica, Observatorio Justicia y Legislación, se intitula “La judicialización de las irregularidades de funcionarios políticos en Uruguay entre 1985 y 2014: descripción de su evolución y propuesta de hipótesis”. El texto describe la judicialización de los casos de irregularidades cometidas por funcionarios políticos en el ejercicio de su función en Uruguay, entre 1985 y 2014. Para ello utiliza datos propios elaborados a partir de una revisión de medios de prensa, aportando evidencia cuantitativa y cualitativa a favor de su hipótesis.

Daniel Buquet, Nicolás Schmidt y Juan Andrés Moraes, investigadores del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay, elaboran el quinto artículo “La política de la independencia judicial: explorando las decisiones de la Suprema Corte en Uruguay (1989-2018)”, en el cual los autores analizan las decisiones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia entre 1989 y 2018. El artículo explora las posiciones individuales de los jueces sobre demandas interpuestas por individuos y por una gran variedad de grupos de presión y organizaciones de la sociedad civil.

La revista concluye con el texto de Carolina Ovares Sánchez, de la Universidad de Costa Rica, intitulado “El desencuentro entre la jurisdicción constitucional y electoral: el caso costarricense”. El artículo analiza el papel determinante del tribunal constitucional de Costa Rica (Sala Constitucional) en el juego democrático y su interacción con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Con base en las características del diseño institucional y el poder formal o de jure del tribunal constitucional costarricense, la autora expone que sus sentencias han propiciado tensiones entre la jurisdicción constitucional y la electoral. El control de constitucionalidad fuerte, combinado con un contexto de pluralidad política (multipartidismo fragmentado), ha llegado al punto de dejar sin efecto decisiones de los poderes electos democráticamente, así como decisiones que la Constitución Política asigna de manera exclusiva al organismo electoral.

Para Ovares Sánchez las características del control constitucional conllevan un cierto grado de judicialización de la política y apunta que, en el caso de la Sala Constitucional costarricense, se ha dado un cambio paulatino en el balance de poder. Para ello analiza las sentencias emitidas por la Sala Constitucional relacionadas con las competencias del organismo electoral, como cuando la Sala Constitucional frenó intentos de consultas populares. La investigadora caracteriza a la Sala Constitucional como un tribunal constitucional poderoso, lo que explica —en parte— su capacidad de desafiar al organismo electoral y a los actores políticos.

Aunado a lo anterior, las doctrinas asumidas por los magistrados constitucionales como la de efectividad constitucional o el neoconstitucionalismo, así como la aplicación y la identificación discrecional de principios jurídicos, han inducido a la Sala Constitucional a incursionar activamente en asuntos propios de la jurisdicción electoral. De acuerdo con la autora, los fallos de la Sala Constitucional de la década de 1990 no desafiaban abiertamente al TSE, pero debido a los cambios paulatinos en la integración de la Sala, durante la última década ella se ha autoasumido como competente para juzgar la constitucionalidad de las líneas jurisprudenciales del TSE.

 

Gustavo Arroyo Godínez

Secretaría Académica

Instituto de Formación y Estudios en Democracia