PRIMER SEMESTRE 2021 NÚMERO 31	ISSN: 1659-2069

El rol de las autoridades electorales en las elecciones generales de Estados Unidos 2020: entre los desafíos de la pandemia y los intentos de deslegitimación del proceso electoral

Tatiana Benavides Santos*

https://doi.org/10.35242/RDE_2021_31_11

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 4 de diciembre de 2020.

Revisión, corrección y aprobación: 18 de diciembre de 2020.

Resumen: Analiza las principales tendencias de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estudia los factores que permitieron el desarrollo de la elección que se percibía de riesgo en términos de seguridad, integridad e inclusión en el marco de la pandemia y la injerencia de la administración Trump. Centra su análisis en el rol de las autoridades electorales en la administración de los comicios, específicamente su papel en la conducción del ciclo electoral frente a los desafíos presentados, con el fin de establecer los elementos que contribuyen a determinar el grado de integridad del proceso electoral.

Palabras clave: Administración electoral / Procedimientos de votación / Proceso electoral / Conservación del acto electoral / Funcionarios electorales / Salud pública / Estados Unidos.

Abstract: Analysis the main trend of presidential elections in The United States. It studies the factors that facilitated the development of the election, which was perceived as risky in terms of security, integrity and inclusion within the context of the pandemic, and the interference of the Trump administration It focuses on the analysis of the role of electoral authorities in the administration of elections, specifically their role in handling the electoral cycle within the context of the current challenges with the aim of establishing the elements that contribute to determine the extent of integrity of the electoral process.

Key Words: Electoral administration / Voting procedures / Electoral process / Preservation of the electoral act / Electoral staff / Public health / United States.

1. Introducción

Es aún temprano para hacer una evaluación integral sobre las elecciones generales de Estados Unidos realizadas el 3 de noviembre de 2020, dado que el plazo para la certificación de los resultados en determinados estados aún no concluye, los delegados ante el Colegio Electoral están por reunirse y parte de la información sobre el proceso no está disponible. No obstante, los datos recopilados hasta el momento nos permiten realizar un análisis de las principales tendencias de la elección y un esbozo de los hallazgos fundamentales con respecto a uno de los elementos esenciales que contribuyen a determinar el grado de integridad de todo proceso electoral: el del rol de las autoridades electorales en la administración de los comicios. Específicamente, en el caso de la presente elección, abordaremos el papel de dichos funcionarios en la conducción del ciclo electoral frente a los desafíos presentados por la emergencia sanitaria del COVID-19 y las obstrucciones y presiones políticas prevenientes del presidente Trump y sus aliados.

La mira de académicos, técnicos, líderes políticos y público en general estuvo puesta en esta elección, no solo por las implicaciones a nivel local e internacional que ella traería en múltiples niveles, sino por la suma de condiciones que la convertían en una prueba de fuego para la democracia misma de Estados Unidos la cual, desde ya hace varias décadas, transcurre por un proceso de franco debilitamiento (Benavides, 2020). Se trató de una de las elecciones más litigadas, contenciosas y polarizadas de la historia política de Estados Unidos, desarrolladas, además, en medio de un panorama de creciente desigualdad económica y social y amplias protestas generadas por actos de abuso policial y racismo estructural en diversos estados. Y más concretamente, dicha elección se convirtió en una experiencia determinante para los administradores de la elección, pues a las complejidades propias que acarrea normalmente el planeamiento y ejecución de una elección general debió sumarse el reto de llevar a cabo unos comicios, por una parte, en el contexto de una pandemia que cobró ya en el país más de 270 mil vidas y, por otra, de una amplia intervención de la administración del presidente Donald Trump y algunos congresistas republicanos dirigida a desestimular los esfuerzos de las autoridades electorales estatales y locales para extender las opciones de voto a la ciudadanía con el fin de reducir el riesgo de contagio frente a la crisis sanitaria y a revertir posteriormente los resultados de la elección.

El conteo de los votos de la elección presidencial dio como resultado el triunfo del candidato demócrata, Joe Biden, quien obtuvo 306 votos electorales contra 232 conseguidos por el republicano Donald Trump, lo que ubicó a este último lejos del umbral necesario -270 votos electorales- para ganar la elección. Biden también ganó el voto popular con aproximadamente 80 millones de votos, el número más alto alcanzado por cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Lo sorprendente es que, a pesar de tratarse de las mismas papeletas, autoridades electorales a cargo y equipos de votación utilizados para la elección presidencial, los resultados de la elección del Senado (cuyo liderazgo se aclarará en las elecciones de Georgia en enero) y de la Cámara de Representantes (donde a pesar de no lograr la mayoría, los republicanos ganaron cerca de 9 escaños a los demócratas) no han sido cuestionados por Trump y su partido. En el momento de entrega de este estudio, queda pendiente la votación oficial del Colegio Electoral el 14 de diciembre y el conteo oficial de los votos en el Congreso el 6 de enero de 2021. Se espera que para entonces Trump y su partido hayan reconocido los resultados de la elección.

2. Punto de partida: los problemas estructurales

Para entender en su verdadera dimensión los procesos electorales en Estados Unidos, es preciso tener en cuenta los factores estructurales del propio sistema electoral que hacen más compleja la administración de los comicios en dicho país, tales como: la ausencia de una organización electoral encargada de coordinar y supervisar la administración de la elección, la heterogeneidad de la legislación electoral la cual es diferente en cada estado e incluso entre algunas jurisdicciones dentro de un mismo estado, la descentralización de la organización electoral que se distribuye en más de 10 000 jurisdicciones electorales encargadas de conducir la elección (NCSL, 2020), el riesgo de parcialidad debido al rol asignado a puestos de tipo político en el manejo de los procesos electorales (secretarios de estado a cargo de dirigir la elección), la distribución arbitraria de las circunscripciones electorales, la extrema polarización partidaria favorecida por sistemas de elección presidencial y legislativa donde priva la dinámica de suma cero o de “the winner takes all”, la obsolescencia de un Colegio Electoral que se encuentra por encima del principio democrático de un ciudadano-un voto y el cual da más poder a unos estados que otros, y las restricciones de voto que afectan principalmente a grupos minoritarios étnico-raciales. Desafortunadamente, esos problemas estructurales están enraizados fuertemente en las normas y procedimientos que rigen la implementación de cada proceso electoral en Estados Unidos y cuyas reformas se dificultan debido a los mismos intereses de quienes estarían a cargo de aprobarlas.

Si analizamos estudios que abordan los problemas de integridad electoral en este país, como por ejemplo los del Proyecto de Integridad Electoral (PEI por sus siglas en inglés) dirigido por Pippa Norris (2020, p. 14), vemos que hacen énfasis, una y otra vez, en los desafíos que presentan los mencionados problemas estructurales. Entre ellos, los expertos del PEI destacan leyes electorales que favorecen a los partidos en el gobierno, que restringen los derechos ciudadanos y son injustas con los partidos minoritarios. Además, también señalan los problemas ligados a la distribución de los distritos electorales que favorecen a partidos en el gobierno federal o gobiernos estatales y discriminan a minorías, y a las inconveniencias presentadas con el financiamiento de las campañas y la desinformación.

Paralelamente, en la comparación del deterioro respecto de la calidad de la competencia presidencial entre 2016 y la de 2020, resalta la disminución de la aceptación de la integridad por los diferentes grupos, la reducción de la confianza pública en las elecciones y el aumento de las amenazas o actos violentos durante el proceso (Norris, 2020, p. 16).

Es importante subrayar que los problemas estructurales derivan directamente del marco legal y normativo de todo proceso electoral en este país; sin embargo, es preciso aclarar que la disfunción que provocan esos factores no es necesariamente responsabilidad de las autoridades electorales que analizaremos, sino que es parte de las reglas que -estemos de acuerdo con ellas o no- definen el campo de acción de dichas autoridades para administrar las elecciones.

3. Objetivo del análisis

El presente estudio tiene como objetivo estudiar los factores que hicieron posible sacar adelante y de manera efectiva una elección que se vislumbraba de alto riesgo en términos de seguridad, integridad e inclusión en el marco de la pandemia y la injerencia de la administración Trump. De forma paralela a los esfuerzos y trabajo efectivo de instituciones y funcionarios electorales en términos de la administración electoral (y de iniciativas ciudadanas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales en términos de movilización, educación e información electoral), se analizan los esfuerzos sistemáticos de deslegitimación a priori y a posteriori de la elección por parte del presidente Trump y sus aliados. Esos desafíos permiten destacar en mayor medida el profesionalismo e integridad con que se condujo la elección.

Académicos, expertos electorales y periodistas coinciden en que la elección general de 2020 fue una elección exitosa que pudo hacer frente a los múltiples retos que ella encaraba, a pesar de que el proceso no estuvo exento de dificultades como las largas filas en algunos recintos electorales, problemas en la impresión de boletas en determinados estados y la presencia de más de 300 litigios en las cortes locales, federales e incluso en la Corte Suprema pocos días antes de la elección, entre otras cosas. En términos generales, se trató de una elección libre, íntegra, justa y competitiva a pesar del desafío de la pandemia que arriesgaba con reducir las posibilidades de los ciudadanos de emitir el voto, así como de los intentos permanentes de Trump por sabotearla y deslegitimarla. Y cuando nos referimos aquí a la efectividad con la que se condujo la elección, hacemos la aclaración de que esta marchó dentro de la legalidad sin negar los desequilibrios que algunas de las reglas electorales presentan (problemas estructurales).

El estudio se enfoca en dos grandes vertientes: una es la del desempeño de las autoridades electorales y la otra es la de las acciones de Trump y sus aliados que pusieron en riesgo la integridad del proceso. Con respecto al desempeño en materia de administración electoral, se analizan, en primer lugar, los esfuerzos de los funcionarios por implementar y poner a disposición de los electores diversas modalidades de votación que facilitaran la emisión del voto de manera segura frente a la crisis sanitaria. En segundo lugar, los altos niveles de participación electoral en parte favorecidos por las opciones puestas a disposición de la ciudadanía (voto anticipado y voto por correo); en tercer lugar, la operacionalización óptima de la elección a pesar de la novedad de algunos de los mecanismos de votación en diversos estados y los altos niveles de participación y, por último, la integridad y transparencia en el desarrollo, conteo y tabulación de los votos. Por su parte, en lo referente a las acciones de Trump para deslegitimar el proceso, se abordan cuatro factores fundamentales: la desinformación, la utilización oportunista de los recursos y agencias federales para obstruir el proceso (primordialmente la implementación del voto por correo), las acusaciones legales en su mayoría sin evidencia y negación de los resultados, así como la presión a las autoridades electorales.

El desglose de esas categorías nos permitió confirmar que las acusaciones de supuesto fraude masivo difundidas por el presidente Trump y sus aliados, y los intentos por diseminar la percepción de que las elecciones de noviembre no fueron íntegras ni confiables no tienen ningún asidero real desde la perspectiva de la administración electoral y la conducción efectiva de las autoridades electorales, sino que contrariamente los riesgos para minar la integridad de la elección derivaron de las acciones y actitudes del presidente Trump y su equipo a través de los esfuerzos sistemáticos de deslegitimación mencionados.

4. Enfoque teórico-conceptual

Para analizar el rol de las autoridades electorales en las elecciones generales 2020, así como las acciones de deslegitimación de la elección provenientes del presidente Trump y determinados miembros del Partido Republicano cercanos a él, utilizaremos el concepto de integridad electoral acuñado por la profesora y experta electoral Pippa Norris. Entenderemos por integridad electoral lo acordado por convenciones internacionales y estándares universales sobre los procesos electorales, lo cual refleja las normas globales aplicadas en todos los países a lo largo del ciclo electoral, incluyendo para ello el período pre-electoral, la campaña, el día (o días) de votación y las etapas de escrutinio, tabulación, etc. Norris describe al mismo tiempo la contraparte u opuesto a la integridad electoral como mala praxis electoral, la cual es definida para referirse a la violación de los principios propios de la integridad electoral en los diversos pasos del ciclo electoral mencionado (Norris, 2014). El análisis del concepto de integridad electoral aborda elementos fundamentales como las leyes y respeto a los procedimientos electorales, la distribución de las circunscripciones electorales, los registros electorales, los candidatos, las campañas en los medios de comunicación, el financiamiento de campañas, el proceso de votación, la tabulación de los votos, la declaración de los resultados y el rol de las autoridades electorales. Esos grandes elementos están desagregados en 49 indicadores concretos que miden la integridad electoral de los procesos electorales sobre la base de las evaluaciones de expertos en materia electoral (Norris, 2020, pp. 1-18). En el presente estudio abordaremos específicamente el rol de las autoridades electorales en el marco del respeto a los procedimientos electorales y su desempeño en el proceso de votación y de tabulación. Dentro de ese desempeño se analiza, también, la efectividad de los funcionarios frente a los desafíos de la emergencia del COVID-19 y de los intentos de la administración Trump por obstruir o desacreditar la elección.

También se utilizaron como guía para este estudio marcos técnicos de desempeño de las autoridades elaborados por International IDEA sobre expectativas en materia de administración electoral y del papel de las autoridades electorales en el marco de la pandemia, tales como la participación electoral en medio de crisis sanitaria, acciones para ofrecer a los electores modalidades de voto seguro que reduzcan el contacto directo y el número de personas en las urnas (voto por correo), disponibilidad de opción de voto anticipado y voto presencial con medidas sanitarias, y la inclusión de minorías y poblaciones vulnerables (IDEA, 2020).

5. La administración electoral y el rol de las autoridades electorales

A continuación, analizamosel rol que jugaron las autoridades electorales en el proceso electoral en términos del planeamiento y desarrollo del proceso electoral, incluyendo la preparación y ajustes normativos y procesales a fin de ofrecer a la población las vías necesarias para votar de forma segura; así como en términos de la capacidad para que esas vías operaran de forma óptima y transparente a pesar de los altos niveles de participación y de la novedad que representaban esos mecanismos para algunos estados o condados. Precisamente, la tabla 1 muestra que existe un amplio consenso entre los expertos convocados por el Proyecto de Integridad Electoral para la evaluación de las elecciones de este año, en torno a que la mayor fortaleza de la elección de 2020 se visualizó en el desempeño altamente profesional de las autoridades electorales, así como en la administración eficiente y balanceada de los procedimientos y procesos electorales. (Norris, 2020, pp. 1-18).

Tabla 1

Evaluación de los expertos sobre autoridades y respeto a procedimientos electorales

Nota: Las respuestas se basaron en una escala de 1-5 puntos donde 5 significa “muy de acuerdo” y 1 “muy en desacuerdo”. PEI-US-2020; Norris, 2020 y www.electoralintegrityproject.

Es importante señalar que a la misma conclusión llegaron tanto informes de misiones electorales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), expertos electorales del Healthy elections (Persily y Stewart, 2020) conformado por la Universidad de Stanford y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), así como del Brennan Center for Justice (Roth, 2020). A esto debe sumarse el informe del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional que señala que la elección fue una de las más seguras e íntegras de la historia (CISA, 2020).

1.1. Criterios de efectividad

a. Los esfuerzos para extender opciones de votación: Voto anticipado y voto postal

El impacto de la pandemia sobre la etapa preelectoral del proceso empezaba ya a materializarse en las campañas electorales remplazando los tradicionales rallies por comunicados virtuales, o bien en la posposición de múltiples elecciones primarias. Aproximadamente 16 estados y dos territorios se vieron obligados a reprogramar sus elecciones primarias por la incapacidad de cumplir con todas las etapas del ciclo de organización electoral debido a las interrupciones causadas por la pandemia. Ohio, por ejemplo, decidió reprogramar su elección a solo un día de llevarse a cabo. Por su parte, otros estados, como Wisconsin, decidieron continuar con los comicios los cuales pusieron de manifiesto serios problemas relacionados con la ausencia de miembros de mesa y jueces electorales, el cierre de centros de votación, la aglomeración de votantes esperando para votar y la falta de preparación para procesar múltiples votos por correo. Dichas dificultades alertaron sobre los posibles riesgos que podrían suscitarse de igual forma para la elección general.

En este sentido, las autoridades electorales consideraron que la estrategia óptima que permitiría a los ciudadanos emitir de manera segura su voto sería la extensión de las posibilidades y capacidades para el voto anticipado, el mejoramiento y flexibilización de los procesos de voto por correo que ya existían de manera heterogénea en los diferentes estados y territorios, y el acondicionamiento sanitario de los centros de votación tradicionales para aquellos votantes que no pudieran o no desearan emitir un voto postal. Esas modalidades de votación no se visualizaron como opciones dicotómicas (voto por correo versus voto presencial con rigor sanitario), sino como un continuum que incrementaría y facilitaría las posibilidades de los electores para participar en el proceso (Persily, 2020, Conferencia Stanford).

Así las cosas, varios secretarios de estado y gobernadores demócratas y republicanos, así como algunas legislaturas promovieron y realizaron en una carrera contra el tiempo diversas reformas electorales entre las cuales se incluían, prioritariamente, las opciones de voto temprano, la remoción de excusas para poder emitir un voto ausente, así como de avance hacia un sistema de postmarcaje de papeletas por correo que permitiera la admisión del voto a pesar de que esas papeletas llegaran después del día de la elección.

En cuanto al voto anticipado (presencial o por correo o ambos), cuatro quintos de los estados ofrecieron dicha modalidad con una fecha de inicio promedio de 22 días antes de la elección, con rangos que iban desde 55 días antes como ocurrió en Alabama, a 4 días previos como en el caso del Distrito de Columbia (NCSL, 2020). Alrededor de 24 estados incluyeron la posibilidad de voto temprano presencial durante algún fin de semana lo cual facilitó especialmente el voto para aquellos que por razones laborales no podían desplazarse a las urnas en días hábiles.

Con respecto al voto ausente o por correo, al menos 30 estados y el Distrito de Columbia realizaron cambios para hacer más accesible a los votantes la posibilidad de votar desde sus hogares (Benavides, 2020). Las reformas incluyeron la remoción de requisitos para emitir un voto ausente, el uso de urnas para depositar los votos, servicios de correo prepagado, registros en línea y envío de aplicaciones a los votantes para que soliciten sus boletas por correo.

En Estados Unidos, todos los estados contaban ya con alguna forma de voto ausente. Entre ellos, se incluyen los 5 estados (Colorado, Hawaii, Oregon, Utah y Washington) cuyo sistema se basa en el voto por correo total, aunque siempre con alguna opción de voto en persona; los estados con sistemas de voto ausente sin excusa (que permiten a los electores que así lo deseen recibir y enviar su boleta electoral por correo); o bien los estados con sistema de voto ausente con restricciones (en los que solo algunos electores pueden recibir y enviar la boleta electoral por correo al cumplir con determinados requisitos (Benavides, 2020).

Por su parte, 29 estados y el Distrito de Columbia contaban con sistemas de voto ausente sin excusas. Y un total de 16 estados ofrecían el voto ausente pero con restricciones. Al menos 9 estados de este último grupo adaptaron sus reglas para acomodarse a las medidas de distanciamiento social de cara a sus elecciones locales, estatales o primarias, aunque no es aún garantía de que todos continuarán ofreciendo esa opción para próximas elecciones. Esos estados, que normalmente exigían una excusa para poder emitir un voto ausente o por correo, expandieron elegibilidad para esa opción por razones de contagio o riesgo de contagio de COVID (NSCL, 2020) por medio de reformas para remover las excusas, o bien para interpretar el temor a contraer COVID como una justificación válida que se contemplase dentro de la definición de “disability” para calificar al voto ausente. Dichos cambios se han realizado de acuerdo a las características de cada estado, ya sea por una orden del gobernador o autoridad electoral, o bien por un cambio realizado por la legislatura estatal.

Otras de las reformas efectuadas, como en el caso de California -donde una gran mayoría ya votaba por correo-, apuntaron a que la elección pudiera ser conducida predominantemente por correo con alguna opción de voto presencial, así como a la disposición de enviar papeletas por correo a los 20,7 millones de votantes, decisiones promovidas por el gobernador demócrata, Gavin Newsom. Por su parte, en Michigan, la secretaria de estado demócrata, Jocelyn Benson, expandió el acceso al voto por correo y promovió que las papeletas fueran enviadas a todos los electores registrados.

Otros estados realizaron cambios similares para la elección general. En Missouri, la legislatura aprobó una iniciativa que permitiría solicitar papeletas ausentes sin necesidad de excusa, aunque con el requisito de que estas fueran notarizadas. Y finalmente, la legislatura de Illinois aprobó otra iniciativa para el envío de aplicaciones de voto ausente a aproximadamente 5 millones de votantes (Rakich, 2020).

Es importante mencionar que varias de las autoridades que promovieron las reformas en diferentes estados, principalmente en Michigan y California, desataron la furia y se convirtieron en el objeto de múltiples críticas por parte del presidente Trump, quien catalogó los cambios hacia el voto por correo como intentos para hacer fraude en la próxima elección, incluso amenazó con cortar fondos a dichos estados.

b. Alta participación electoral

Uno de los riesgos de realizar una elección en medio de la pandemia es que se pueda debilitar la participación electoral o la inclusión de sectores específicos como minorías o grupos más vulnerables frente a la enfermedad y afectar con ello la percepción de legitimidad de la elección. Sin embargo, a pesar de la crisis sanitaria, la participación ciudadana en la elección de 2020 alcanzó los niveles más altos en un siglo, con más de 160 millones de personas que emitieron su voto (67 %). No puede negarse que esa participación fue en parte producto del alto grado de polarización partidaria en la elección y de una ciudadanía que consideraba que los comicios ponían muchas cosas en juego; sin embargo, las opciones del voto anticipado y el voto por correo puestas a disposición de los votantes facilitaron en gran medida dicha participación. En esta ocasión, más de 100 millones de personas votaron de forma temprana y, entre ellas, más de 60 millones lo hicieron por correo, cifras muy por encima de las de las elecciones de 2016 (Waxman, 2020). De hecho, al cerrar los períodos para voto anticipado en esta elección, ya era posible predecir que se trataría de una de las elecciones con más altos niveles de participación. Otra de las señales fue la rapidez con que los votantes retornaron las boletas electorales que les habían sido enviadas; por ejemplo, en Orange County en California, donde un día antes de la elección 1,1 millones de votantes, de un total de 1,6 millones, ya habían retornado sus boletas (Smith, 2000). Fue tal el uso del voto anticipado que el día de la elección en sí no se visualizaron las filas y aglomeraciones tradicionales características de otros ciclos electorales y ampliamente temidos por las autoridades electorales a causa de la pandemia. Desde el punto de vista de la administración electoral, dicha participación puede ser considerada un indicador de éxito, particularmente en medio de una elección desarrollada en un contexto de emergencia, al tratarse no solo de acciones eficaces para poder ejercer el derecho al voto en condiciones seguras, sino también de que los sistemas y procesos de operación pudieran hacer frente a los altos niveles de participación. Llama la atención que a pesar de la novedad que para muchos ciudadanos representó el hecho de votar por correo, de los temores y los riesgos de rechazo de boletas emitidas por correo en elecciones anteriores, la proporción de votos rechazados fue más baja que en la elección de 2016 (Persily y Stewart III, 2000).

Varios de los estados con mayores incrementos en el nivel de participación electoral respecto de 2016, según Bloomberg News Model, ofrecieron mayores opciones de voto por correo en los últimos meses, entre ellos se encuentran Hawaii, con el mayor porcentaje nacional, así como Montana (4.o lugar) y Vermont (8.° lugar). Asimismo, estados que implementaron recientemente registros automáticos de votantes también vieron significativos aumentos en los niveles de participación, entre ellos Georgia, Washington y Michigan (Roth, 2020).

c. Votación conducida de forma profesional y transparente

A pesar de los problemas enfrentados en las elecciones primarias, por ejemplo en Milwaukee, donde por la escasez de miembros de mesa debió clausurarse el 97 % de los centros de votación, o bien donde miles de ciudadanos debieron acudir a las urnas, puesto que sus boletas no llegaron a tiempo para poder votar por correo. Esos acontecimientos sumados, entre otras cosas, a las disrupciones de las cadenas de suministros afectadas por la pandemia y las posibles consecuencias que ello representaba para la adquisición de equipos de votación, así como a las significativas diferencias entre los estados con respecto a la trayectoria y capacidad para procesar el voto por correo, alimentaban los temores de fallas sustanciales en el desarrollo de los comicios.

En cuanto a las diferencias de exposición con respecto al voto ausente, mientras algunos estados tenían años de organizar y ejecutar elecciones basadas totalmente en ese tipo de voto o con altos niveles de este, en las elecciones generales de 2016 aproximadamente trece estados tuvieron un 5 % de votos o menos emitidos por correo. Por tanto, de cara a las elecciones de 2020, dichos estados debieron realizar mayores esfuerzos y cambios para planear y responder adecuadamente al incremento de este tipo de voto. Las autoridades electorales y voluntarios recibieron vastas capacitaciones para hacer frente a los desafíos, incluso con un amplio apoyo entre los mismos secretarios de estado de los diversos rincones del país a través de la coordinación de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado. Los diversos condados lograron enfrentar de forma efectiva los retos de la elección. Según el análisis de Charles Stewart III y Nathaniel Persily, el voto por correo fue positivo y entre 80 y 90 millones de boletas fueron enviadas a los votantes, muchas más que en 2016 (2000). El otro desafío que, como mencionamos, ya había representado problemas para las primarias, había sido la escasez de miembros de mesa debido a que tradicionalmente gran número de ellos son adultos mayores, una población particularmente en riesgo frente a la pandemia. Específicamente, para las elecciones de medio periodo de 2018, aproximadamente un 60 % de los miembros de mesa eran mayores de 61 años (Smith, 2000, p. 3). Para la presente elección se implementaron diversas iniciativas destinadas a reclutar urgentemente a miles de miembros. Las iniciativas no solo provinieron de organizaciones estatales y locales públicas, sino de medios de comunicación, grupos y empresas privadas, como Uber, que reforzaron el trabajo de las autoridades pagando algunos de ellos a sus empleados las horas dedicadas a su trabajo en las urnas. Según la secretaria de estado de Nuevo México, a pesar de la dificultad que representa en cada ciclo electoral poder reclutar suficientes miembros de mesa, la reacción de la ciudadanía en esta elección en múltiples jurisdicciones fue masiva, y señala, incluso, que gran cantidad de ciudadanos quedaron en listas de espera luego de llenarse rápidamente los espacios (Smith, 2000).

Igualmente importante fue el despliegue de información a los ciudadanos respecto de las modalidades de votación ofrecidas, los requisitos para votar, las fechas, etc., incluso en diversos idiomas. El mensaje difundido giraba principalmente en torno al slogan: Make a plan. Un mensaje que solicitaba a la ciudadanía planear anticipadamente la manera en la que votaría dado el riesgo de las aglomeraciones y de las diversas formas de votar. Nuevamente, el trabajo de las autoridades fue secundado por diversos medios de comunicación, corporaciones y grupos no partidarios que colaboraron en los esfuerzos de educación e información de la población. Anuncios de centros de votación y buzones para depositar los votos fueron desplegados en la aplicación de Waze y otras iniciativas creativas, y se difundieron entrevistas en redes sociales y medios tradicionales para informar sobre las elecciones. Hubo un trabajo intenso para ayudar a la ciudadanía a entender los requisitos para votar en medio de la crisis sanitaria, cómo obtener una boleta electoral en estados donde ellas no eran enviadas automáticamente, cómo llenar las boletas y retornarlas e incluso hasta cómo monitorear si la boleta llegó a su destino y fue contabilizada. Según Maggie Tolouse Oliver, directora de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, los votantes mostraron estar ampliamente informados sobre cómo, cuándo y dónde emitir su voto (Smith, 2000).

Asimismo, hubo esfuerzos por moderar las expectativas de la ciudadanía con respecto a qué esperar la noche de la elección en vista de la posible diferencia de tiempos entre el conteo de los votos emitidos de manera presencial y los votos por correo. En este sentido, el alto número de votos por correo tomaría más tiempo a las autoridades para su escrutinio, todo lo cual haría difícil obtener resultados concretos en algunas jurisdicciones y estados como tradicionalmente ha ocurrido en otros ciclos electorales.

Haciendo un balance -y a pesar de que se presentaron algunos problemas en el desarrollo de los comicios, tales como falta de recursos, errores humanos en el conteo de unos cuantos votos que fueron posteriormente corregidos, problemas para obtener algunas boletas postales a tiempo, algunos atrasos del correo en el retorno de las boletas electorales, errores en las papeletas en Pensilvania y New York, vandalismo de los buzones para depositar votos por correo e instauración de buzones falsos por parte de seguidores republicanos, e incluso algunos intentos de autoridades en Texas para suprimir el voto (Panetta, 2000)- en términos generales la elección transcurrió de forma óptima, sin altercados o fallas importantes de los sistemas de votación y conteo de votos que pudieran haber alterado los resultados de la elección.

d. Escrutinio íntegro y justo

A pesar de las acusaciones de Trump y su equipo sobre la existencia de un supuesto fraude masivo y el rol que las autoridades electorales (sobre todo demócratas) habían ejercido en ello, no existe evidencia que confirme esos señalamientos (Deliso, 2020). De acuerdo a los informes de expertos, investigaciones de los medios de comunicación y las mismas resoluciones en las cortes locales y federales, la labor de las autoridades electorales tanto durante el desarrollo de la elección como en el conteo y tabulación fue justa y transparente. Los expertos electorales consultados por el PEI, coincidieron en que el conteo fue justo y que las elecciones fueron desarrolladas en pleno acuerdo con la legislación de cada uno de los estados; asimismo, rechazaron las teorías de que algunos votos fueron emitidos de manera fraudulenta, que los votos por correo se prestaron para hacer trampa o que algunos votantes inexistentes fueron incluidos. En cuanto a la afirmación de que los votos fueron contabilizados de manera justa, un 99 % de los expertos se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con ello y un 97 % de ellos opinó que las elecciones fueron conducidas dentro del marco legal existente de cada estado. Asimismo, un 92 % de ellos estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que papeletas ilegales no fueron contadas dentro de los resultados finales o que los votos por correo no fueron vulnerables al fraude. Y un 91 % se consideró de acuerdo o muy de acuerdo en que no hubo votos emitidos de manera fraudulenta y un 85 % en que no se registraron algunos nombres inexistentes para poder votar. Finalmente, un 79 % de los consultados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que el registro electoral fue preciso (Norris, 2020).

Tabla 2

Evaluación de los expertos sobre proceso de votación y tabulación

Nota: Las respuestas se basaron en una escala de 1-5 puntos donde 5 significa “muy de acuerdo” y 1 “muy en desacuerdo”. PEI-US-2020; Norris, 2020 y www.electoralintegrityproject.

Por otra parte, el pasado 12 de noviembre, la declaración conjunta del Consejo de Infraestructura Electoral del Gobierno y los Comités Ejecutivos Coordinadores de la Infraestructura Electoral -que incluye entre otras organizaciones a la Agencia de Ciberseguridad y de Seguridad de la Infraestructura (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional, la Comisión de Asistencia para las Elecciones, la Asociación de Secretarios de Estado (NASS) y la Asociación de Directores Estatales de Elecciones (NASED)- afirmó que la elección del 3 de noviembre fue la más segura de toda la historia de Estados Unidos y que, como es debido, las autoridades electorales estaban revisando y verificando los conteos previo a la certificación de los resultados oficiales. Asimismo, aseveró que mientras existían esfuerzos por desinformar y divulgar acusaciones infundadas, el grupo aseguró tener plena confianza en la seguridad y la integridad del proceso (CISA, 2020).

Otro de los pronunciamientos provino de los funcionarios estatales de al menos 46 estados consultados por el medio de comunicación ABC, quienes independientemente de la afiliación partidaria negaron cualquier evidencia de irregularidades o fraude que pudieran haber comprometido o alterado el resultado de las elecciones, con lo que confirmaron que los procesos y procedimientos fueron limpios y transparentes (Mitropoulos et al., 2020).

Y finalmente, el 1.º de diciembre el fiscal general William Barr, quien puso en varias ocasiones al Departamento de Justicia al servicio de cuestionables solicitudes provenientes del presidente Trump, reconoció que ese departamento, tras diversas investigaciones junto al FBI, no había encontrado hasta el momento alguna evidencia que cambiara los resultados del proceso electoral (Balsamo, 2020).

Así las cosas, al día de hoy, a pesar de los intentos de Trump por bloquear la certificación de los resultados en seis de los estados pendulares (Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Arizona y Wisconsin) mediante demandas sin asidero legal, todos ellos ya procedieron a la señalada certificación en preparación para la votación del Colegio Electoral. Esas certificaciones se materializaron a pesar, también, de los intentos de la administración Trump por influenciar a algunos de los miembros de las juntas electorales como ocurrió en el condado de Wayne en el estado de Michigan. Sobre este tema regresaremos más adelante.

6. Los esfuerzos de deslegitimación de la elección por parte de trump y sus aliados

A pesar del desempeño positivo de las autoridades electorales y el desarrollo del proceso dentro de la legalidad electoral de cada estado, en realidad uno de los mayores retos de esta elección provino del accionar de la administración Trump y de algunos miembros del Partido Republicano que minaron constantemente la credibilidad y la legitimidad del proceso electoral y sus resultados. La ausencia de compromiso del presidente Trump, semanas antes de la elección, de aceptar los resultados en caso de salir derrotado y de favorecer una transición del poder pacíficamente preocupó desde el inicio tanto a funcionarios electorales como a la ciudadanía. De igual forma, desde el mes de marzo fueron frecuentes los esfuerzos por politizar las medidas que autoridades electorales y legisladores estatales adoptarían para hacer frente a la pandemia, tales como la extensión del voto ausente, los plazos para recibir ese tipo de voto y las opciones de voto anticipado. En efecto, la fuerte narrativa oficial particularmente en contra del voto postal se convirtió en un elemento contraproducente para la aceptación de las reglas del juego y de los resultados de la elección posteriormente. Precisamente, por esa razón empezó a vislumbrarse el potencial de conflicto ligado al aumento significativo de votantes que se inclinarían a emitir su voto de forma temprana y por correo lo cual demandaría más tiempo para poder contabilizar los votos y obtener resultados la misma noche de la elección. En condiciones normales, había sido posible conocer con frecuencia los resultados electorales (proyecciones por parte de los medios) el mismo día de los comicios, debido a que la mayor parte de los votos habían sido emitidos de forma presencial, lo cual permitía tabular automática y rápidamente los votos. Sin embargo, para esta elección el conteo de las boletas electorales postales implicaría un proceso extenso que demandaba la apertura de los sobres, la verificación de las firmas, la clasificación por precinto y el procesamiento manual o automatizado de 60 millones de boletas. Incluso, múltiples estados aceptarían las papeletas por correo que llegarían unos días después de la elección lo cual atrasaría el resultado final. La narrativa de Trump desacreditando dicha modalidad de voto, así como la marcada diferencia partidaria en cuanto a las preferencias de esas modalidades –donde la mayor parte de los republicanos se inclinaba por seguir las sugerencias de Trump y salir a votar de manera presencial el día de las elecciones, mientras que la mayor parte de quienes pensaban emitir su voto de forma anticipada y postal eran seguidores del Partido Demócrata- predecían un riesgoso desfase en medio del contexto de polarización extrema que caracterizaba a dicha elección. Esas diferencias partidarias advertían sobre la posibilidad de que el candidato que fuera a la cabeza del conteo en la noche de la elección no sería necesariamente el ganador al finalizar el escrutinio de todos los votos. Así las cosas, uno de los escenarios esbozados por los expertos ocurrió, el cual alertaba sobre el riesgo de que Trump liderara en los resultados de la noche de la elección al contarse los votos presenciales que, en su mayoría, se proyectaba fueran del Partido Republicano; pero una vez que empezaran a llegar los conteos del voto por correo en horas y días posteriores, la balanza podría inclinarse a favor del candidato demócrata Joe Biden. Esa situación, a pesar del trabajo de las autoridades electorales y los medios de comunicación dirigidos a moderar las expectativas sobre los tiempos necesarios para poder obtener los resultados concretos, fue utilizada como era de esperar por la administración Trump para difundir denuncias de supuesto fraude o robo de la elección y diversas teorías conspirativas en un intento por desacreditar y revertir los resultados.

Los intentos de deslegitimación de la elección por parte de Trump y sus sectores allegados ocurrieron a través de cuatro mecanismos fundamentales: la desinformación, las demandas sin evidencia y negación de resultados, las presiones políticas y la utilización de los recursos e instituciones del estado para obstruir la organización del proceso o para bloquear la certificación de los resultados.

1.1. Mecanismos de deslegitimación

1.a. Desinformación

Antes de la elección, los esfuerzos por ampliar el voto postal en medio de la crisis encontraron resistencia por parte de la Casa Blanca y congresistas republicanos que manifestaban que esta modalidad de votación supuestamente beneficiaba al Partido Demócrata, representaba altos riesgos de fraude e interfería con el control estatal de las elecciones. Contrariamente, no existe evidencia que demuestre que el voto por correo beneficie a un determinado partido; una investigación de la Universidad de Stanford (Thompson et al., 2020) que analiza tres estados que introdujeron el voto por correo entre 1996 y 2018 lo confirma. De forma opuesta, hay quienes estiman más bien que los electores de la tercera edad –un grupo que tiende en su mayoría a votar por el Partido Republicano- serían quienes saldrían beneficiados con el voto por correo. Asimismo, aunque presuntamente el voto por correo podría presentar más riesgos de fraude que el voto presencial, varios estudios en estados con amplia trayectoria en este tipo de voto han mostrado mínimas posibilidades de fraude en este sistema de votación. Por ejemplo, un estudio de voto por correo en Oregón comprueba que la proporción de fraude en 50 millones de votos por correo ha sido de 0,000004% -con solo 2 casos de fraude verificable en 20 años- (McReynolds y Stewart III, 2020). Por más de ocho meses, los intentos de Trump por difundir falsedades sobre el voto postal, el voto anticipado, el servicio de correos y los buzones especiales (drop boxes) para depositar los votos por correo se multiplicaron a través de su cuenta de Twitter y entrevistas televisivas, así como por voceros de su administración como el fiscal general William Barr y otros más. Las teorías conspirativas continuaron a pesar de que algunos miembros del Partido Republicano, como el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, advirtieron sobre el posible efecto de desmovilización que estas afirmaciones podrían generar dentro de las filas de su propio partido.

De igual forma, la desinformación se hizo ampliamente presente en momentos posteriores a la elección, particularmente sobre la existencia de un fraude masivo, el conteo de votos ilegales, la supuesta votación de personas fallecidas y el fallo de las máquinas de votación Dominion con la falsa afirmación de que ellas habían adjudicado a Biden miles de votos de Trump en Georgia. Más de 300 tweets provenientes de la cuenta del presidente Trump se refirieron a las denuncias de supuesto fraude en las tres semanas posteriores a la elección. Las teorías conspirativas fueron y continúan siendo generadas o reproducidas por algunos presentadores en medios de comunicación conservadores como Fox News (aunque en su mayoría el medio ha guardado distancia con respecto a esas acusaciones sin prueba), OANN, Breibart e incluso por foros de desinformación como QAnon.

Uno de los efectos de la desinformación y los intentos por desacreditar la elección ha sido en términos de la percepción ciudadana respecto de la integridad de los comicios. Aproximadamente, 70 % de los republicanos consideran que la elección del 2020 no fue libre ni justa comparada con un 95 % de los demócratas que cree que sí lo fue. Entre los republicanos escépticos, 64 % considera que los resultados no son confiables con especiales dudas respecto de esos resultados en los estados pendulares donde más tardó el conteo de los votos. Entre quienes piensan que las elecciones no fueron libres ni justas, el 78 % afirma que el voto por correo conllevó un fraude masivo y el 72 % considera que las boletas fueron adulteradas, ambas especulaciones difundidas por Trump en sus mensajes de Twitter (Kim, 2020). El problema es que esas percepciones podrían poner en riesgo la legitimidad del Gobierno entrante y el mismo proceso electoral democrático.

La otra repercusión de la desinformación fue que la elección se convirtió en uno de los procesos con mayor número de amenazas de violencia contra las autoridades estatales y electorales. Según la revista Frontline, se identificaron múltiples amenazas o riesgos graves de seguridad a los funcionarios electorales en Pensilvania, Nevada, Michigan, Arizona y Georgia alentadas por las teorías conspirativas sobre la administración electoral. Según Lawrence Norden, director del Programa de Reforma del Brennan Center, las conversaciones con los administradores electorales han mostrado no solo la frecuencia, sino la severidad de las amenazas (Glaun, 2020). Amenazas de violación a familiares de los funcionarios en medio de una reunión de Zoom y planes de ataques armados a los centros de votación en Pensilvania descubiertos por el FBI; multitudes agresivas en dicho estado que desafiaban el conteo de votos o en Arizona que reclamaban molestas por la teoría conspirativa del Sharpiegate que obligaron a la policía a escoltar a funcionarios hasta sus automóviles; y amenazas de muerte a miembros de la División Electoral de la Secretaría de Estado en Nevada y al secretario de estado y su familia en Georgia, entre otros. (Glaun, 2020). Incluso, uno de los abogados de Trump sugirió disparar al exdirector de la Agencia de Ciberseguridad (CISA).

1.b. Acusaciones legales sin evidencia y la no aceptación de los resultados

Paralelamente, la administración Trump ha interpuesto aproximadamente 31 demandas ante las cortes estatales y federales con acusaciones en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada y Arizona las cuales casi en su totalidad han sido denegadas debido a falta de evidencia. Rudi Giuliani, exalcalde de New York, y otros asesores legales se han convertido en los coordinadores de las acusaciones de Trump, así como sus voceros y difusores de amplias teorías conspirativas con respecto a supuestos fraudes masivos. La abogada Sidney Powell incluso llegó a mencionar que el fraude había sido favorecido por autoridades demócratas y republicanas, y que los sistemas computarizados de votación Dominion así como el software tecnológico Smartmatic utilizados en la elección fueron creados en Venezuela bajo la dirección del expresidente de Venezuela, Hugo Chavez, para asegurar sus triunfos electorales (Swenson, 2020). Ambas falsedades llegaron incluso a causar el enojo del mismo presidente Trump.

Con respecto a las demandas presentadas, algunas de ellas han intentado anular votos legalmente emitidos predominantemente en zonas habitadas por minorías afroamericanas en ciudades como Filadelfia y Detroit. En estados como Pensilvania, las demandas del equipo de Trump alegaron, por ejemplo, que a los observadores republicanos no se les permitió intencionalmente observar el conteo, solicitaron anular 600 votos por correo que no contaban con la dirección completa cuando no era obligatorio poner esa información, demandaron anular 8 mil votos por supuestas deficiencias técnicas por no tener la fecha al lado de la firma o faltar la información de la calle en la dirección, e intentaron detener la certificación de los resultados manifestando que la secretaria de estado sometió a mayores dificultades para votar a aquellos que emitieron su voto de forma presencial. En Georgia, alegaron erróneamente que las autoridades del cantón de Chatham aceptaron votos que supuestamente llegaron después de las 7 p. m. el día de la elección. En Michigan, solicitaron detener el conteo de votos señalando que se les había negado el acceso a los miembros de mesa para observar de cerca el conteo. En Arizona, intervinieron en una demanda sobre el uso de marcadores marca Sharpie que según ellos impedía que las máquinas leyeran correctamente los votos. En Nevada, presentaron una demanda por supuesto fraude por la autenticación fallida de los votos por correo en cerca de 3000 instancias. En Wisconsin, luego de que el estado había certificado oficialmente los resultados, los abogados de Trump decidieron presentar una nueva demanda en la que acusaban a los miembros de mesa por supuestamente alterar ilegalmente los sobres de las boletas, agregar información que faltaba y contar los votos sin la suficiente información o bien por recolectar boletas en lugares no autorizados. En total expresaban que cerca de 211 000 votos fueron contados de manera irregular (Biden ganó Wisconsin por aproximadamente 20 600 votos). La Corte Suprema de Wisconsin no ha resuelto aún por tratarse de una demanda recientemente interpuesta y no se sabe si lo hará antes del 8 de diciembre que es la fecha de “Puerto Seguro”, cuando se supone que los resultados deberían ser concluyentes para proceder al voto del Colegio Electoral una semana después. Todo el resto de las otras demandas arriba mencionadas fueron rechazadas por las diversas cortes por falta de evidencia. Aparte de las acusaciones señaladas, muchas otras demandas fueron presentadas las cuales también en su mayoría fueron rechazadas (Deliso et al., 2020).

Al día de hoy, el presidente Trump no ha aceptado los resultados que dan como ganador al candidato Joe Biden. A pesar de señalar que él dio la autorización a la titular de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, para dar inicio a la transición el 23 de noviembre; también dejó muy en claro en múltiples mensajes de su cuenta de Twitter que eso no significaba que aceptara los resultados o concediera finalmente el triunfo a su rival. Una decisión que normalmente esa agencia toma poco después de darse los resultados a pocos días de la elección, en esta oportunidad tuvieron que pasar tres semanas hasta que Murphy comunicó a Biden que empezaría a poner a disposición de su equipo los recursos e instalaciones necesarias para empezar a planear la transición. Al parecer, a diferencia de las votaciones anteriores, Donald Trump esperará la votación del Colegio Electoral y la resolución de las últimas demandas interpuestas para reconocer los resultados. Desafortunadamente han sido también pocos los congresistas y líderes del Partido Republicano quienes han aceptado públicamente los resultados.

1.c. Maniobras oportunistas con recursos e instituciones del estado

En sintonía con la retórica de Trump iniciada en los primeros meses de 2020, los republicanos en el Congreso hicieron frente común con él oponiéndose a las iniciativas en materia de voto por correo abordadas en dicho órgano. Aunque las diferencias partidarias respecto al voto postal se habían presentado años atrás, la polarización y los llamados del presidente las intensificaron. La fractura se manifestó claramente durante la negociación del Acta de Ayuda y Alivio frente al Coronavirus y la Seguridad Económica (CARES) que incluía, entre otras cosas, fondos de asistencia electoral para el fortalecimiento del voto por correo para la elección de noviembre. A pesar de que el acta fue finalmente aprobada, según el Brennan Center for Justice, los 400 millones de dólares aprobados para dicho rubro dentro del plan CARES no eran suficientes para aliviar la carga a los estados en esta materia, puesto que el buen funcionamiento del voto por correo requeriría de una asistencia federal de alrededor 200 000 millones de dólares.

Paralelamente, la narrativa de Trump y la polarización en el Congreso dificultaron significativamente la revitalización del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), del cual dependía en parte que el voto por correo fuera viable. La oposición del Gobierno a inyectar capital al organismo agravó aún más sus problemas. A pesar de que los congresistas habían acordado otorgar al USPS una ayuda como parte de los 2 trillones de dólares de un nuevo paquete de estímulo contra el coronavirus, el proyecto se abandonó por la oposición que enfrentó de algunos republicanos y el Gobierno de Trump. En su defecto, el Congreso decidió aprobar un préstamo con la condición de que el USPS cuadruplicara las tarifas de los paquetes enviados. Precisamente, el presidente Trump aceptó en una entrevista en Fox News que él se oponía a la aprobación del financiamiento del servicio postal con el fin de hacer más difícil el procesamiento del voto por correo, el cual consideraba podría afectarlo electoralmente: “Si no hacemos el trato, significa que no tendrán el dinero. Eso significa que ellos (demócratas) no podrán tener el voto por correo universal; ellos no pueden tenerlo” (Riechman, 2020).

Además, a esto deben sumarse las múltiples acciones del director general del Servicio de Postal, Louis DeJoy, que pusieron en riesgo el desempeño del servicio postal a pocos meses de las elecciones. Entre ellas, la eliminación de los equipos de clasificación rápida de la correspondencia, la remoción de los buzones públicos en los que los ciudadanos podrían depositar su voto postal y la reorganización de los horarios de distribución. Las medidas debieron ser revertidas gracias a la decisión de un juez federal del estado de Washington a solicitud de 14 estados de bloquear los cambios operacionales que habían reducido la eficiencia y rapidez del servicio de correos. Dichos estados denunciaron esas acciones como producto de un ataque políticamente motivado por el presidente Trump y DeJoy (Viebeck et al., 2020).

1.d. Las presiones políticas

La administración Trump implementó también después de las elecciones diversas acciones para incidir de alguna forma en el proceso y los resultados de la elección. Conforme las demandas interpuestas que denunicaban supuestos fraudes iban siendo denegadas una a una por las cortes debido a la falta de evidencia, las presiones a diversos funcionarios estatales y autoridades electorales se hicieron presentes. Entre ellas podemos citar las llamadas específicas a miembros de juntas electorales. Después de una llamada telefónica a dos miembros republicanos de la junta electoral del condado de Wayne en Michigan, y a pesar de negar cualquier tipo de presión por parte del presidente, dos de los cuatro miembros de la junta intentaron rescindir su decisión de certificar la elección lo cual ya habían realizado pocos días atrás. Finalmente, solo uno de ellos se abstuvo de certificar el resultado.

Asimismo, Trump también decidió convocar al líder del Senado y de la Cámara de Representantes de Michigan a una reunión en medio de las batallas legales y los intentos por revertir los resultados en dicho estado, aparentemente esperando poder persuadirlos para obstruir la certificación y alinear a la legislatura para que, en la eventualidad de un posible bloqueo en el seno de la junta electoral del estado, proceder a nombrar los electores de Trump. No es claro si existió algún tipo de presión, pero inmediatamente después de la reunión ambos congresistas se pronunciaron en contra de cualquier acción que cambiara los resultados electorales en dicho estado (Rucker 2020). Pocos días después, los mismos intentos ocurrieron en Pensilvania, los cuales demandaban revertir los resultados a senadores republicanos en dicho estado a través de una llamada telefónica en medio de una reunión que Giuliani y otros abogados sostenían con los congresistas en Filadelfia.

Igualmente ocurrió en Georgia, un estado tradicionalmente de mayoría republicana que en esta elección se inclinó por apoyar al candidato demócrata. En la búsqueda de responsables, Trump y sus aliados responsabilizaron al gobernador Brian Kemp y al secretario de estado Brad Raffenperger, ambos republicanos, por los resultados desfavorecedores y su “inacción” respecto del supuesto fraude. Trump solicitó telefónicamente a Kemp luchar por él en este estado y secundarlo en sus acusaciones de fraude. De acuerdo a declaraciones de Raffensperger (Rucker, 2020), el equipo de Trump también ejerció presiones para cambiar los resultados. Entre ellos, el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, líder del Comité de Asuntos Judiciales del Senado y amigo del presidente, le solicitó deshacerse de votos emitidos legalmente. De igual modo, los senadores republicanos David Perdue y Kelley Loeffler, ambos candidatos para la segunda vuelta en la elección de enero de 2021 para llenar dos escaños de la cámara alta (tras no alcanzar ninguno el 50 % de los votos en la elección de noviembre), demandaron incluso la renuncia de Raffensberger. El secretario afirmó haber recibido presiones y preguntas sobre cómo llegar al umbral de 270 votos electorales a favor de los republicanos o hacer que fuese el Congreso el que finalmente tomara la decisión, a las cuales no cedió según él por su compromiso y deber de administrar las elecciones dentro del marco de la ley. Raffensberger, a pesar de las amenazas de muerte contra él y su esposa (al igual que muchas otras autoridades electorales en diversos estados), certificó el 20 de noviembre los resultados electorales de Georgia, los cuales fueron también validados por el gobernador Kemp (Rucker, 2020). 

Finalmente, no puede dejar de señalarse el despido de Trump del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) luego de afirmar que la elección había sido íntegra y segura y había estado libre de fraude o interferencia. Dicha agencia había trabajado arduamente y de manera conjunta con las autoridades estatales para impedir cualquier tipo de interferencia extranjera o hackeo de los sistemas computarizados de votación en esta elección, Asimismo, había constituido a inicios de este año una página electrónica llamada Control de Rumores, cuya misión fue, y continúa siendo, atacar los esfuerzos de desinformación difundidos en redes sociales, y donde el mismo Krebs afirma que el presidente se había convertido uno de los principales difusores de desinformación.

7. Conclusión

El análisis de los esfuerzos de las autoridades electorales para ofrecer a los electores diversas modalidades de voto que facilitaran su emisión de manera segura frente a la crisis sanitaria (voto temprano y voto por correo), los altos niveles de participación electoral en parte favorecidos por esas opciones puestas a disposición de la ciudadanía, la capacidad para operacionalizar de manera óptima la elección a pesar de la novedad de algunos de los mecanismos en diversos estados y los altos niveles de participación; y, por último, la integridad y transparencia en el desarrollo, conteo y tabulación de los votos permitieron identificar la efectividad con que dichos funcionarios administraron la elección en medio de la emergencia sanitaria y las presiones provenientes de la administración Trump. Lo anterior hizo visible, además, que las acusaciones de fraude por parte del presidente Trump y su equipo carecían de fundamento para más bien confirmar que aparte de los factores estructurales que afectan tradicionalmente las elecciones en Estados Unidos, fueron las acciones de Trump las que en esta oportunidad pusieron en juego la credibilidad y la integridad de los comicios, en especial, los esfuerzos de desinformación, la utilización oportunista de los recursos y agencias federales para obstruir el proceso (primordialmente la implementación del voto por correo), las acusaciones legales en su mayoría sin evidencia y negación de los resultados, así como la presión a las autoridades electorales para revertir esos resultados. La principal repercusión inmediata de tales acciones ha sido sobre la percepción que parte importante del electorado tiene tras la elección acerca de su falta de integridad y la deslegitimación no solo del futuro Gobierno, sino del proceso electoral estadounidense.

Queda para el futuro el reto de abordar las implicaciones que a mediano y largo plazo tendrán los esfuerzos sistemáticos deslegitimadores por parte del trumpismo (con la complacencia del Partido Republicano) sobre la cultura política y las prácticas democráticas. Si los sistemas políticos dependen fundamentalmente de la legitimidad para mantener y reproducir las creencias y valores que reconocen a determinadas instituciones políticas como las óptimas para una sociedad específica, en una democracia es claro que esa legitimidad está cimentada en gran parte sobre la integridad del proceso electoral y la percepción de esa integridad. De ahí la preocupación de la existencia de un grupo significativo de la población que no reconoce los resultados de la elección y que se encuentra en riesgo de reproducir actitudes cínicas y desacreditadoras del sistema democrático y de los procesos electorales cuando ellos no les favorecen.

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