PRIMER SEMESTRE 2021 NÚMERO 31	ISSN: 1659-2069

Reflexiones electorales: balance del año 2020 y prospección

Luis Antonio Sobrado González*

https://doi.org/10.35242/RDE_2021_31_3

Nota del Consejo Editorial

Recepción: 18 de noviembre de 2020.

Revisión, corrección y aprobación: 11 de diciembre de 2020.

Resumen: Ofrece algunas reflexiones sobre los desafíos de la administración y el arbitraje de las elecciones, en el entrono la situación de salud pública actual presente en todos los países del mundo ante la pandemia del COVID-19. Meditaciones que expresan la vida en democracia no puede ser solo la valoración de espacios en libertad, sino que exige el involucramiento responsable en la vida de la polis.

Palabras clave: Desarrollo de la democracia / Cultura democrática / Proceso electoral / Salud pública.

Abstract: The article presents some reflections on the challenges of the administration and the arbitrage of elections within the context of the current public health situation in all the countries of the world in light of the pandemic of COVID-19. The reflections state that life in democracy cannot be limited to the assessment of spaces of freedom but it also demands responsible engagement in the life of the polis.

Key Words: Development of democracy / economic culture / Electoral process / Public health.

1. A modo de introducción

Mi condición de director de la Revista de Derecho Electoral me da licencia para escribir un artículo heterodoxo: más que teorizar, quiero reflexionar sobre lo que ha pasado el último año y plantear algunas prospecciones. Reflexiones que, sin constituir una posición institucional, deseo compartir. Al hacerlo, aspiro a dejar asentados algunos desafíos para la administración y el arbitraje de las elecciones en Costa Rica, como también los riesgos para la democracia que pueden atisbarse. Añadiré un par de ideas sobre la manera en que un gestor electoral latinoamericano mira las recientes elecciones estadounidenses que, al igual que nuestro devenir, se desarrollaron en un entorno pandémico.

Estas meditaciones, de seguro, se sentirán cercanas en tanto develan la actitud contemplativa que todos, como habitantes del mundo en general y como ciudadanos de este país en particular, hemos tenido en un contexto inédito; uno en el cual aquello tan cotidiano como un apretón de manos o el abrazo cálido al llegar a casa se volvieron invaluables. Así como hemos aprendido que la cercanía y la calidez no se pueden dar por descontadas, tampoco podemos desentendernos de que la vida en democracia no solo brinda valiosísimos espacios de libertad, sino que también exige el involucramiento responsable en la vida de la polis.

2. Perspectiva electoral del 2020

Hace casi un año los costarricenses fuimos a votar para elegir a los ochenta y dos gobiernos municipales del país; sin saberlo, designábamos a quienes, de la mano de las autoridades estatales, decidirían acerca de cómo los espacios comunes recibirían, de nuevo, visitantes o cómo el comercio local emprendería su reactivación. ¡Cuánta razón había en aquella frase que se hizo eslogan de que esas elecciones importaban y que suponían un ejercicio de responsabilidad cívica mayúsculo!

Mucho se ha analizado y dicho sobre ese proceso electoral. Baste recordar que fueron las elecciones logísticamente más complejas de encarar, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dado el récord que representaban en términos de circunscripciones, partidos políticos y candidaturas propuestas. Reto que el país pudo superar, gracias al buen hacer del TSE y del conjunto de los agentes electorales, aunque especialmente a la madurez democrática de la ciudadanía.

Luego de la jornada comicial, restaba la fase declarativa del proceso, es decir, el escrutinio definitivo de los sufragios, el conocimiento y resolución de las demandas de nulidad, las declaratorias de elección y la confección y entrega de las credenciales a los electos. Resultó providencial que las votaciones fueran el primer domingo de febrero, puesto que pudimos concurrir a las urnas sin que la pandemia hubiera mostrado aún sus colmillos. Cuando esto aconteció, respiramos aliviados porque la integridad de las elecciones municipales ya estaba asegurada (la única e inocua consecuencia fue que debió suspenderse el tradicional acto protocolario en que se suministran esas credenciales). Y también hubo alivio porque las siguientes votaciones electivas estaban a un par de años de distancia, lapso que podría ser suficiente para contar ya con la vacuna que haga de la COVID-19 solo un mal recuerdo.

Sin embargo, de inmediato el TSE se dio a la tarea de hacer ajustes responsables respecto de los procesos electorales por celebrarse en el mediano plazo. Uno de esos ajustes fue suspender, por lo que restaba del año 2020, las autorizaciones que se hubieran dado para recolectar firmas de cara a un eventual referéndum de iniciativa ciudadana, así como no conceder momentáneamente nuevas autorizaciones de este tipo. Esta disposición, alineada con las directrices sanitarias tendentes a promover el distanciamiento social, permitió adicionalmente redireccionar recursos presupuestarios a la atención de las prioridades de un Estado en crisis fiscal y obligado a ser eficiente en la atención de la salud pública y de las secuelas sociales de la pandemia.

También se reajustó la planeación de las elecciones nacionales de 2022 (que supondrán la renovación de la Asamblea Legislativa y del presidente y los vicepresidentes de la República), considerando especialmente la realidad y limitaciones que sufren los partidos políticos. Dentro de las medidas adoptadas, destaca la suspensión (por alrededor de medio año) de cualquier plazo que les estuviera corriendo y que supusiera una carga procedimental para esas agrupaciones, lo que les permitió potenciar su capacidad de gerencia privilegiando los mecanismos digitales. Por otro lado, se autorizó y reguló la realización virtual de asambleas partidarias, con el propósito de no congelar los procedimientos de constitución de nuevas agrupaciones y de renovación de autoridades de las ya inscritas. Estos procedimientos tendrán, más avanzado este año, implicaciones sobre la selección de candidaturas; por ello, justamente, el accionar interno de los partidos no podía detenerse más sin poner en riesgo su participación en esos comicios.

En esa línea, importa señalar que el TSE, en cumplimiento de su obligación legal de asesorar al Parlamento en proyectos de ley relativos al sufragio y a los procesos comiciales, ha mantenido intercambios técnicos con diputados, en aras de generar normas transitorias que permitan alivianar las cargas que tienen las agrupaciones políticas (principalmente relacionadas con el mencionado proceso de renovación de estructuras), sin afectar el principio de democracia interna. Fruto de ello, se encuentra en la corriente legislativa la iniciativa n.º 22.177, en la que se contempla una previsión para que, por única vez, los partidos puedan seleccionar candidaturas a cargos de elección popular, siempre que sus estructuras y autoridades partidarias estén vigentes al momento de realizar tales designaciones, pues en la actualidad solo pueden hacerlo los partidos que hayan completado su proceso de renovación interna al momento de que se inscribe la respectiva lista de postulantes.

Pese a lo anterior, el TSE ha optado por no tomar decisiones apresuradas ni desesperadas en punto a la manera en que se desarrollará la compaña electoral a partir de octubre de 2021 ni la forma en que votarán los costarricenses en febrero de 2022. La evolución de la pandemia no permite prever con tanta anticipación cuáles deben ser las pautas más inteligentes sobre el particular; además, contar con un espacio para valorar con mayor detenimiento los aspectos involucrados nos permitirá aprovechar las lecciones aprendidas en otros países que han debido continuar con su calendario electoral durante estos meses.

El TSE, eso sí, ha anunciado públicamente que desde ya descarta la posibilidad de improvisar una solución de voto por Internet. La Constitución Política lo impide en nuestro medio, toda vez que esta predetermina que el sufragio se ejerza presencialmente ante las juntas electorales (artículo 93); regla que es la única capaz de mantener vigente una garantía (también de rango constitucional) de la libertad del voto: su carácter secreto. El voto remoto desprecia esa cautela que todavía luce esencial en América Latina, cuyos países siguen regulando los procesos electorales desde la desconfianza (la realidad actual evidencia que no es infundada la preocupación por seguir contando con candados contra el fraude).

El voto por Internet también supone un acto de fe en la tecnología: difícilmente puede certificarse, sin margen de duda, que el sistema adjudica bien los votos, que no permite identificar la voluntad individual de ningún votante y que la integridad de los resultados no se vea comprometida al momento de transmitirlos y totalizarlos. Así lo consideró hace relativamente poco el Tribunal Constitucional de Alemania y obligó a regresar al voto presencial, como también ha pasado en otros países europeos. Forzarlo en nuestra región es introducir un nuevo factor que alimentaría una mayor desconfianza, capaz de torpedear la legitimidad de origen de los nuevos gobernantes, sin mencionar la gran inversión económica que se requeriría y que hoy, con las arcas vacías, las finanzas públicas difícilmente podrían solventar.

Ahora bien, actualmente los organismos electorales no solo se preocupan por cómo mantener las fechas de elección sin agravar con ello la situación sanitaria de nuestros pueblos.

Todos estamos de acuerdo en que la pandemia ha provocado una severísima crisis económica, que empieza a rivalizar con la sufrida en los años ochenta del siglo pasado. El mayor desempleo y pobreza y la quiebra de diversos emprendimientos, aunados a las consecuencias psicológicas del confinamiento, han producido un creciente enojo y frustración en la población. Este estado de ánimo debilita aún más el frágil arraigo popular de los partidos políticos; conduce a un mayor desencanto con los Gobiernos de turno y con la política en general; y enrarece el debate público (debido muy especialmente a los dilemas relativos a quiénes y en qué tanto deben aportar para sanear las finanzas públicas y reactivar la economía).

Teniendo en cuenta esto último, así como el rol cada vez más preponderante de las redes sociales en las campañas políticas y de las maniobras desinformadoras que en ellas se urden, muy probablemente se elevarán sustancialmente el riesgo autoritario y las tentaciones populistas. Además, un renovado discurso antipolítica fomentaría un mayor alejamiento de las urnas. Y recuérdese: el incremento del abstencionismo potencia tal riesgo y esas tentaciones. Cuando ponemos distancia respecto de la política, cedemos a otros nuestro destino colectivo; y esos otros podrían ser aquellos que no pretenden buscar soluciones a lo que nos aqueja como pueblo, sino dinamitar la convivencia democrática.

Siempre he dicho que una elección nacional, comparada con las municipales, es logísticamente más sencilla pero infinitamente más compleja por la temperatura política que la rodea. Y, en las condiciones dichas, la del año 2022 podemos anticiparla como el desafío más difícil que enfrentará el TSE en sus setenta años de existencia.

Es por ese motivo que la institución defendió fuertemente la integridad de su proyecto de presupuesto para el 2021. Al haber sido formulado con un fuerte sentido de contención del gasto público (al punto que decrece en más de un 12 % respecto del que rigió para el 2020), su recorte restaba al TSE del músculo mínimo para navegar exitosamente por el mar embravecido que será el año preelectoral.

El presupuesto del TSE no representa siquiera el 1 % del total de gastos del Estado, monto que debería entenderse como una inversión en democracia, como parte del utillaje necesario para asegurar las transiciones pacíficas del poder. Como país aún tenemos pendiente el reto de dar una verdadera autonomía financiera al organismo electoral. Los constituyentes, de forma sabia, prohibieron a las autoridades hacendarias rebajar las partidas previstas para llevar a cabo los comicios; sin embargo, no contemplaron ningún límite a la potestad de la Asamblea Legislativa de recortarlas.

Una asignación presupuestaria mínima prevista constitucionalmente sería un gran aporte no al TSE ni a sus integrantes, sino a Costa Rica; sería una apuesta por seguir dando ejemplo al mundo de cómo los costarricenses valoramos el sufragio. Ese gesto de confianza, no me cabe duda, sería retribuido con transparencia y rendición de cuentas, tal cual ha ocurrido siempre con los dineros públicos que nos han sido confiados.

No quiero finalizar este apartado sin mencionar que estas condiciones pandémicas no fueron óbice para que, el 30 de setiembre de 2020, el TSE, la Asamblea Legislativa y el Museo Nacional firmáramos un convenio para la creación del Museo de la Democracia, que se procurará inaugurar durante la celebración del bicentenario de la independencia nacional. Esa firma -que fue aplaudida por la red latinoamericana de museos de este tipo- fue la culminación de un largo proceso de negociación, que involucró a tres presidencias legislativas y cuya idea original se gestara dentro del TSE. Se ubicará en la simbólica edificación denominada el Castillo Azul, que desde hace décadas alberga las oficinas de la presidencia legislativa y que acaba de dejar de hacerlo, con motivo de la conclusión de las obras dirigidas a contar con un nuevo edificio legislativo.

Menciono este acontecimiento menor porque evidencia la preocupación del TSE por el posible deterioro de la conciencia democrática nacional que las circunstancias actuales pueden estar provocando. Un museo de la democracia, cuya apertura pretende ser el punto central de la indicada celebración, sirve para renovar votos democráticos y constituye un entorno propicio para resaltar la importancia de mantener esa forma de convivencia colectiva y para realizar exposiciones y actividades que permitan dimensionar la manera en que, con el esfuerzo y sacrificio de tantos, logramos como país conquistarla y defenderla.

Distintos países alrededor del mundo cuentan, como parte de los sitios donde se rememoran las glorias del pasado, con museos dedicados a batallas y a conquistas bélicas; el que proyectamos, en cambio, mostrará caminos en los que se entrecruzaron las más disímiles visiones de mundo, donde decisiones y pactos imposibles se potabilizaron a través del diálogo y de una férrea convicción democrática.

En ese mismo orden de ideas, manifesté lo siguiente en el acto de suscripción del citado convenio:

La democracia es un logro decisivo en la historia de la humanidad. Pero no es irreversible. Es un logro frágil, que cada generación debe defender. Por eso siempre será oportuno, aunque no necesariamente cómodo, reflexionar sobre las amenazas latentes que se ciernen sobre la democracia; sobre el riesgo, mayor aún en situaciones de crisis, del mesianismo populista y de autoritarismos ansiosos por silenciar u obstruir la palabra libre y el foro plural.

Estamos creando un museo de la democracia para incentivar esa reflexión. Quedará alojado en este Castillo Azul que simboliza un cambio de era y el fin de la última dictadura que sufrió el país y que, por tanto, es un recordatorio constante de las amenazas a las que me he referido. Por ello, quienes en el futuro lo visiten tendrán la oportunidad de renovar su compromiso con la democracia. Será entonces un espacio para la memoria, en el que podamos leer nuestro pasado, comprender mejor nuestro presente y soñar, incluso en estos días sombríos, nuestro futuro.

La firma de este convenio es la primera piedra del Museo de la Democracia. Lo suscribimos con la plena convicción de que la democracia es el único modelo de convivencia razonable para resolver los grandes problemas que una colectividad puede enfrentar. Materializaremos así un sueño, gracias a la buena voluntad y disposición constructiva con que nos hemos puesto de acuerdo, para colaborar, el Museo Nacional, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones.

3. Los expresidentes del monte Rushmore contienen la respiración

Paso ahora a los comicios de noviembre pasado en EE.UU.

Estos resultaron fuertemente impactados por la COVID-19. Considérese, por ejemplo, la manera en que se potenció el voto postal (que a larga complicó el escrutinio) y la caída de las preferencias por Trump debido a su manejo de la pandemia.

Con su ajustado resultado y el desarrollo de los acontecimientos posteriores, circularon diversidad de “memes” en redes sociales. Uno de los más ingeniosos fue este en el que los cuatro célebres expresidentes estadounidenses del monte Rushmore se comen las uñas tras varios días de incertidumbre sobre el desenlace comicial.

Muchas de las autoridades electorales de las Américas hemos tenido que afrontar el difícil trance de una elección con resultados estrechos. La regla, en ese escenario, es la exacerbación de los ánimos de los políticos, que si van perdiendo difunden noticias falsas y teorías “conspiranoicas, a lo que a veces se suman cuestionamientos infundados sobre la imparcialidad del árbitro comicial; lo absurdo de estos últimos se evidencia en que, en posteriores elecciones, los cuestionadores de antaño se convierten en adalides de ese árbitro si ganan la contienda.

Indudablemente ese trance tensiona los sistemas político y electoral, y permite evaluar su verdadera solidez y la confianza ciudadana real que se deposita en quienes se encargan de administrar y arbitrar las elecciones.

De ese examen ha salido muy mal parado el país del norte.

A pesar de que algunos reclaman para EE.UU. el título de ser la primera democracia del mundo, su Constitución sigue negando un derecho elemental ligado al sufragio: que no solo sea libre, igual y secreto, sino también directo. A ello se debe lo que le sucedió a Gore y luego a la señora Clinton, a quienes el voto popular dio el triunfo hace algunos años, pero el Colegio Electoral se los arrebató y no fueron presidentes. Una bofetada al ideal democrático. En esta oportunidad la eludió Biden, a quien nadie disputó esa mayoría popular, aunque el anacronismo del voto indirecto parecía dejarlo por fuera de la Casa Blanca.

Un anacronismo que, dicho sea de paso, Costa Rica y la mayoría de las democracias presidencialistas del mundo suprimieron hace más de cien años. Se trataba de un mecanismo que se entiende en la ideología constitucional del siglo XIX, cuando las restricciones al voto estaban al servicio de asegurar el dominio político de la burguesía y se pretendía justificarlas como una forma de proteger a un pueblo ignorante; pero, con la universalización del sufragio, ya no existe margen para su defensa. Ni siquiera es posible argumentando que en el constitucionalismo parlamentario tampoco el primer ministro (canciller o presidente de Gobierno) sea de elección popular directa: recuérdese que en el contexto parlamentarista ese jefe de Gobierno no es jefe de Estado, a diferencia del presidencialismo, en donde una sola persona reúne ambas condiciones.

Aquí cobra importancia lo dicho en su momento por Tom Wicker, quien sostenía que el presidente es el único funcionario que representa a todo el pueblo norteamericano, por lo que no existe razón para que este no lo elija directamente: “podemos ser 50 estados en el Congreso, pero somos un pueblo en la Casa Blanca -o deberíamos serlo- y nos corresponde a nosotros escoger al presidente” (citado por Andrade, 2001).

Hay elementos explicativos adicionales de la baja nota que reciben los estadounidenses, como por ejemplo lo son: unas enmarañadas reglas electorales, puesto que dependen de los parlamentos estaduales y no del federal; la incidencia inaceptable de los gobernadores locales, vinculados con los partidos en disputa, en la administración de los comicios; y, por último, la inexistencia de una jurisdicción autónoma, permanente y especializada, lo que deja la decisión final en manos de la justicia ordinaria (con la complejidad estructural de esta que conlleva un Estado federal). Y agrego: la posibilidad de reelección sucesiva supone un candidato-presidente (a quien vemos utilizando el Air Force One para trasladarse de mitin a mitin) cuya preponderancia hace complicado asegurar la equidad en la disputa electoral.

Estos y otros factores, apreciados en conjunto, amenazan la integridad de los comicios en situaciones de virtual empate y también comprometen una definición pronta y oportuna del resultado electoral, con el consecuente riesgo de una confrontación social de amplias dimensiones.

Esto es lo que retrata el “meme” con el que inicié estas palabras: la incertidumbre y desazón de todos.

4. Conclusión

Los países y las democracias situados al sur del río Bravo somos modestos comparados con el gigante del norte. Pero podemos sentirnos orgullosos de que, en algún aspecto, obtengamos mejor nota que este: las falencias que he indicado las superamos desde hace tiempo.

Nuestros organismos electorales cumplieron un fantástico papel en la tercera ola democrática, que permitió transitar desde dolorosas dictaduras y cruentas guerras civiles a la democracia. Hoy, con contadas excepciones, su correcto y experimentado accionar permite la alternancia gubernamental sin mayores sobresaltos. En casos como el costarricense, la ciudadanización del proceso electoral y la solvencia técnica de esos organismos hacen que los resultados electorales estén a pocas horas de culminada la jornada de votación, con la consecuente desescalada en las tensiones políticas propias de un proceso de recambio gubernamental.

La democracia tiene grandes deudas con los pueblos latinoamericanos. Es una región que ocupa los primeros lugares del mundo en desigualdad social y en violencia; sus crónicos déficits no han sido solventados luego de la normalización democrática de finales del siglo XX y los desafíos en derechos humanos siguen siendo formidables en nuestra región. No obstante, lo acontecido en noviembre en EE.UU. nos deja la satisfacción de que nuestro modelo e institucionalidad electorales tienen mucho que aportar a nuestros amigos norteamericanos.

Precisamente, esa pericia que hemos ido desarrollando a través de tantas décadas será fundamental en el diseño de las estrategias y de las soluciones a nuevos escenarios que se presenten al organizar, vigilar y dirigir comicios en tiempos de pandemia.

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