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PRIMER SEMESTRE 2022 NÚMERO 33 |
ISSN: 1659-2069 |
Encuestas de opinión
electoral. Falacias, sesgos cognitivos y problemas para la democracia
Raymond Porter Aguilar*
https://doi.org/10.35242/RDE_2022_22_33_6
Nota del Consejo Editorial
Recepción: 31 de
octubre de 2021.
Revisión, corrección y aprobación: 14 de enero de 2022.
Resumen: El presente trabajo
aborda los riesgos para la democracia que aparejan las encuestas de opinión de
cara a los procesos electorales, toda vez que se logra advertir la presencia de
múltiples falacias, sesgos cognitivos, errores en la interpretación y
significado de tales instrumentos estadísticos que pueden afectar la intención
de voto, así como la legitimidad de las elecciones mismas. Se identifican al
menos tres escenarios: desnaturalizar la elaboración del instrumento; manipular
su contenido y resultados; y la equivocada interpretación del alcance de las
encuestas electorales e inducir cuestionamientos sobre el resultado de la
elección popular. Tratándose de instrumentos estadísticos de uso tan frecuente
e importancia estratégica en la gestión de las políticas públicas, corresponde
fortalecer y ampliar la normativa que podría reducir sus potenciales impactos
negativos en los procesos electorales.
Palabras clave: Encuestas de opinión /
Encuestas electorales / Intención de voto / Inferencia estadística / Sesgo
estadístico / Falacia / Sesgo Cognitivo.
Abstract: This paper addresses the risks
for democracy posed by public opinion polls in election campaigns. The results
of the polls can be deployed fallaciously, have cognitive biases, manipulating
public opinion, and affecting voting intentions, undermining the democratic
legitimacy of the elections themselves. At least three scenarios are
identified: the selection of the poll design can be distorted; the manipulation
of its content and results, and the misinterpretation of the scope of the
electoral surveys, manipulating and suggesting certain response in the outcome
of the popular election. In the case of statistical instruments of such
frequent use and strategic importance in the management of public policies, it
is necessary to strengthen and expand the regulations that could reduce the
negative impacts they could potentially have on election campaigns.
Key Words: Opinion polls / Electoral polls /
Voting intentions / Statistical inference / Statistical bias / Fallacy /
Cognitive bias.
1.
Introducción
En las
sociedades democráticas contemporáneas, el uso de las encuestas[1]
de opinión es muy usual, puesto que la oportunidad y la conveniencia son
criterios muy relevantes al momento de la toma de decisiones en la implementación,
ejecución o cambio en las políticas públicas de los Gobiernos, de manera que su
medición resulta de la mayor importancia. No basta con el consenso mayoritario
y genérico que se obtiene cuando quienes gobiernan son elegidos en los procesos
electorales: en la actualidad, la gestión del Gobierno se asiste de estudios de
opinión que se elaboran con el auxilio de ramas de la ciencia como la
estadística, que permite cuantificar, constantemente, cómo se comporta la
opinión pública respecto a los diferentes temas objeto de interés público, pues
no puede soslayarse que el soberano, en las democracias modernas, está
constituido por la voluntad general que se expresa no solo cada vez que hay
elecciones, sino que está en constante interacción evaluativa con las
instituciones de control y vigilancia. De igual manera, en la toma de
decisiones en el sector privado, se asiste de estudios estadísticos para su más
provechosa gestión, piénsese en las decisiones que se toman para competir en el
mercado frente al público consumidor.
Hoy
día, es un lugar común que, mediante procedimientos estadísticos precisos, se
pueda extrapolar la opinión de una muestra de personas consultadas a
conglomerados mayores, incluso de millones de personas y con alcance nacional.
El tamaño de la muestra depende de la homogeneidad de la población y la
precisión que se desea alcanzar. Pese a esto, en el ámbito político electoral,
la realización de encuestas de opinión genera mucha controversia y suspicacias
(Quintana, 2018), sobre todo, cuando los resultados de una elección difieren
significativamente de las mediciones de las encuestas previas a los comicios.
No se trata de raros casos que ocurren de forma aislada, sino de una frecuente
y a veces significativa discrepancia entre los resultados de una encuesta y los
resultados de la elección. Sobre este tema surgen muchas hipótesis que son de
interés analizar desde el estudio de las falacias[2]
y sesgos cognitivos, como se verá, pues es posible identificar, en el caso de
encuestas con muestras probabilísticas, al menos los siguientes escenarios:
1.
Que
se presenten errores metodológicos en la elaboración de cuestionarios,
problemas en la definición de la muestra de estudio o errores en la
interpretación de las tendencias, en casos cuyas respuestas resultan ambiguas.
Esto hace que la difusión de sus datos distorsione la percepción del electorado
y afecte los procesos de elección democrática.
2. Que, basándose en el prestigio de que
goza la ciencia en general y la estadística en particular, se instrumentalice,
de forma malintencionada o espuria, la realización de encuestas de opinión con
el fin de beneficiar los intereses de los participantes de los procesos electorales
que, usualmente, financian la realización de tales encuestas de opinión
política. Con esto hacen que la difusión de los resultados se convierta en
propaganda electoral encubierta que busca manipular la opinión pública a favor
de ciertos intereses políticos y económicos.
3.
Que
exista una expectativa equivocada o sobredimensionada en la ciudadanía en
general respecto a los alcances de una encuesta de opinión, cuyas conclusiones,
en sentido técnico, son mucho más modestas de lo que el público piensa, de
manera que la población podría percibir engaño, fraude o intenciones ocultas,
aún en las encuestas de opinión realizadas con rigor científico y profesional[3].
El
anterior panorama ha llevado a generar muchos cuestionamientos a la práctica
legítima de realizar encuestas de opinión en el contexto de procesos
electorales. En algunos países se ha propuesto su prohibición o al menos una
regulación normativa que garantice la transparencia en su confección; otros sectores
sostienen que los posibles efectos en la tendencia del voto por influencia de
las encuestas son mínimos y no justifican su regulación[4].
En Costa Rica el numeral 138 del Código Electoral establece múltiples
regulaciones y restricciones en cuanto a la inscripción de casas encuestadoras,
así como la realización y difusión de encuestas electorales que, como se verá,
están plenamente justificadas[5].
En
cualquiera de las anteriores hipótesis, existe interés en dilucidar si, desde
la perspectiva del estudio de las falacias, se da la presencia de aspectos
ontológicos, lógicos o psicológicos que puedan realmente distorsionar la
voluntad popular de la ciudadanía, al influir negativamente en su decisión de
ejercer el voto[6].
También interesa analizar si se justifican las regulaciones que diferentes
países han establecido respecto a la realización, utilización y momento de
divulgación de las encuestas políticas en los procesos electorales.
2.
Planteamiento
del tema
La
tesis que se pretende sustentar es que las situaciones descritas en las tres
hipótesis o escenarios mencionados se presentan con alguna frecuencia o al
menos son plausibles. En efecto, existen circunstancias o errores en la
realización de los estudios que conducen a resultados equivocados y pueden
distorsionar los procesos de formación de la opinión pública. Debe indicarse
que el concepto opinión pública es difuso y polisémico, por
cuanto, dependiendo de cuál modelo de análisis se asuma, así se entenderá su
contenido y alcances. Siguiendo a la autora Maricela Portillo Sánchez (2000), a
modo de ejemplo, si se asume el modelo normativo de Jürgen Habermas, la opinión
pública estará conformada por un proceso de consenso; a través del diálogo
racional, transparente y abierto que se constituye como garante de la
legitimidad democrática, presupone un diálogo social con insumos veraces. Por otra
parte, si se asume el modelo psicosocial de Elisabeth Noelle-Neumann, la
opinión pública se convierte en una especie de censura sobre las personas, que
las conmina para que se adhieran a la opinión de la mayoría, lo que produce un
consenso por esta vía; esto supone que existe en la mente del individuo una
priorización por la lealtad social sobre el sostener una opinión propia. Este
enfoque aportaría una razón explicativa de cómo podría afectarse un proceso
electoral si se logra generar una corriente de opinión en la que el individuo
se ve presionado a tener opiniones “políticamente correctas”; tal idea guarda
una importancia enorme que encaja con hallazgos provenientes de la psicología
cognitiva y la hipótesis de la “espiral del silencio”, como se verá más
adelante[7].
Autores como Maxwell McCombs recuerdan la opinión de Walter Lippmann, uno de
los periodistas y filósofo mas influyentes del siglo XX: “la opinión pública
responde, no al entorno sino a un pseudo-entorno construido por los medios
informativos” (McCombs, 2006. p. 26), con lo cual se sientan las bases de otro
enfoque de cómo se genera la opinión pública, del que se hablará más adelante.
Por otro
lado, también resulta plausible que los estudios de opinión sean
deliberadamente amañados con el objetivo de usar las encuestas de opinión como
propaganda encubierta, con lo que se rompe la equidad en la competencia
electoral entre los partidos, sobre todo en países como Costa Rica, donde el
acceso a la financiación estatal de las campañas políticas está en la actualidad
asociado a la posibilidad de obtención de votos en la futura elección, lo que
se mide con encuestas políticas. Esta última afirmación requiere ser aclarada
desde una perspectiva normativa y otra de naturaleza fáctica.
El
ordenamiento jurídico costarricense establece, desde la Constitución, la
contribución estatal para sufragar los gastos en que incurran los partidos
políticos en los procesos electorales, e incluso se prevé la posibilidad de otorgar,
de forma equitativa, un porcentaje de financiamiento anticipado de cara al
proceso electoral en el que participarán. La debilidad del diseño normativo establecido
en el Código Electoral se relaciona con dos circunstancias específicas: por un
lado, los recursos correspondientes al aporte estatal para cada partido tienen
que ver con el número de votos válidos que finalmente se obtengan en las
elecciones y que se reconocerán a posteriori -artículos: 89 al 94-. Por otra
parte, el financiamiento adelantado está condicionado a que se rindan garantías
líquidas y suficientes -artículos 96 al 98 y 108 a 119- de manera que, en la
práctica, es poco viable que los partidos rindan garantías para obtener el
porcentaje de adelanto de la contribución; por el contrario, el acceso a
recursos para financiar las campañas electorales se obtiene de la cesión de emisión
de los bonos de deuda política ante el Sistema Bancario Nacional los cuales garantizan
los recursos que se asignarán a cada partido, según el número de votos válidos
obtenidos en la elección, de manera que las entidades financieras utilizan,
entre otros insumos, las encuestas de opinión electoral como parámetro para
evaluar el riesgo de financiar -adquiriendo los bonos de cada partido- la
campaña electoral. Por lo anterior, se estima que existe un potencial estímulo
a la manipulación de las encuestas de opinión electoral con la intención de
dejar a partidos políticos sin acceso a recursos durante la campaña, al estar
supeditado su financiamiento a un hecho futuro -resultado de la elección- que
puede ser influido a través de amaños en las encuestas.
Por
último, es también verosímil que el posible impacto o, al menos, los
cuestionamientos de la legitimidad de los procesos electorales, pase por una
inadecuada y generalizada expectativa que se tiene de este tipo de instrumentos
de medición a los que se les atribuye muchas veces propiedades predictivas,
cuando en realidad se trata, en el mejor de los casos, de una medición con
cierto margen de error y que refleja las tendencias electorales de los votantes
en un específico momento. De lo anterior se colige que resulta razonable la
existencia de ciertas regulaciones que garanticen la transparencia metodológica
de los instrumentos para medir la opinión pública, al tiempo que resulta
conveniente dimensionar lo que se puede inferir de un estudio de opinión en
términos técnicos y evitar la mala interpretación de las encuestas que pongan,
de manera infundada, en entredicho la pureza de procesos electorales.
3.
Los errores en
los procesos de construcción de una encuesta y errores metodológicos. Falacias
y sesgos cognitivos[8]
El
autor mexicano Alfonso Hernández Valdez (2013) en su investigación académica,
originada en los cuestionamientos del proceso electoral mexicano del 2012, nos
habla de los riesgos existentes en el diseño, realización y determinación de
conclusiones en una encuesta de opinión política en el marco de un proceso
electoral. Nótese que se hace referencia a la primera hipótesis enunciada en
este trabajo, donde lo que se produce -en rigor- son errores. Es decir, no hay
ninguna intención de engañar ni de manipular la encuesta, simplemente es
defectuosa. Dentro de estas posibilidades, según refiere al autor:
puede
haber errores tanto observacionales como no observacionales. Los primeros son
errores de medición que se derivan del diseño del cuestionario y las preguntas
incluidas en él. Los segundos son errores de representatividad de la población
bajo estudio, y tienen que ver con el diseño de la muestra y la no respuesta de
los entrevistados. (Hernández, 2013, p. 68).
A su
vez, el autor refiere a la presencia de errores que se derivan de una
defectuosa atribución de preferencias electorales en personas entrevistadas,
que no responden directamente por quién votarían, pues el encuestador, por medio
de otras preguntas -indirectas o de orientación ideológica- atribuye la posible
decisión del entrevistado o bien excluye de la muestra esas respuestas, lo que
genera distorsiones en las conclusiones de la encuesta. Otro tanto ocurre con
el manejo de respuestas de personas indecisas o que no revelan su verdadera
preferencia electoral[9].
En estos últimos casos, lo que existe es la presencia de errores inductivos a
la hora de extrapolar los datos de la muestra a la población total: se infiere
una estimación inadecuada de probabilidades. También es factible la presencia
del sesgo percepción selectiva que consiste en una tendencia en
la que las ansias, esperanzas o ilusiones afectan el proceso de percepción[10],
es decir, quienes hacen el cuestionario orientan las respuestas ambiguas de los
encuestados hacia una candidatura sin verdadero sustento empírico.
De
particular relevancia para el presente estudio son los errores de medición
relativos a la forma en que se construye el cuestionario, en especial, la forma
y orden de las preguntas. En esta modalidad de error, tiene presencia la falacia
de la pregunta compleja o cargada (Moldovan,
2018), dado que se va obteniendo información sesgada o bien se va induciendo a
cierto tipo de respuestas -la persona entrevistada presume alguna
intencionalidad en el entrevistador y responde tomando en cuenta su percepción-
que finalmente afecta la validez de los datos.
4.
Manipulación
con intenciones fraudulentas de las encuestas de opinión
Esta
posibilidad se presenta cuando se hace un uso desnaturalizado de la encuesta de
opinión con el fin de hacerla pasar por un estudio riguroso, cuando en realidad
se trata de propaganda política encubierta que llega al público disfrazada de
información estadística objetiva y precisa. Las posibilidades de engaño y
fraude con prácticamente cualquier dato, proceso, discurso, etc., pueden estar
presentes en las encuestas de opinión -en realidad cualquier proceso, objeto o
situación humana puede ser utilizado para fines espurios-, ya sea amañando la
muestra, los cuestionarios o simplemente inventando datos falsos que se
difunden al público. En cualquiera de los supuestos de manipulación deliberada,
subyacen interesantes preguntas respecto a las ventajas -reales o imaginadas- que
obtendrían quienes procedan de esta forma y, en particular, cuáles serían los
errores en que incurría el público al valorar esta información falseada.
Respondiendo
a la primera cuestión, habría que establecer
si en efecto la divulgación de encuestas fraudulentas incide, de manera
ilegítima, en el público, en cuanto a su intención de voto, partiendo del
derecho a información veraz que tienen los electores; o bien, si genera otro
tipo de consecuencias que afecten los procesos electorales. Sobre esta
temática, el autor mexicano refiere a la complejidad de los factores que
intervienen en la formación de la opinión pública[11];
no obstante, destacan la llamada teoría de la “espiral del silencio” que sostiene que los individuos, con tal de
no sentirse excluidos o aislados, se pliegan a las opiniones y comportamientos
socialmente dominantes[12];
también, la teoría de la agenda setting -teoría del
establecimiento de la agenda mediática[13]- que moldea la opinión pública a
través de decisiones conscientes sobre cuál información se le muestra al público
y cuál se hace pasar inadvertida (Hernández, 2013, p. 63). Ambas teorías se
pueden asociar a lo que, desde una perspectiva psicológica de las falacias,
llamaríamos sesgos cognitivos. Son predominantes, en el primer caso, el sesgo
de rebaño[14]
también conocido como sesgo
de arrastre[15]
y en el segundo supuesto, podría referirse el sesgo de representatividad[16],
este último, dada la incapacidad de la mayoría de las personas para dimensionar
la información, en particular, la información probabilística[17].
Respecto
al sesgo de rebaño o arrastre, que en efecto hace que las personas se decanten
por seguir las opiniones que estiman mayoritarias o bien manifestar,
acríticamente, conformidad con una opinión predominante para no sentirse
excluidas, debe considerarse lo que el profesor Andrei Moldovan indica en
relación con un fenómeno social expuesto en su momento por el sociólogo
norteamericano Robert King Merton en su obra Teoría y Estructura Social sobre
las “profecías autocumplidas”[18]
(self-fulfilling
prophecy):
cuando las
formas de definir una situación (profecías o predicciones) se vuelven una parte
integral de la situación y por tanto afectan el desarrollo posterior de la
misma. Esto es un efecto particular de los asuntos humanos. No se encuentra en
la naturaleza. Las predicciones sobre el retorno del cometa Halley no influyen
en su órbita. Pero los rumores sobre la insolvencia del banco Millingville sí
afectaron a su desarrollo posterior (haciendo que quebrara). La profecía sobre
su colapso llevó a su propio cumplimiento
[Resaltado no es
del original].
(2018a, p. 5).
Desde
esta perspectiva y bajo el influjo de este sesgo cognitivo, se explica el gran
riesgo de que las encuestas de opinión sean manipuladas deliberadamente y usadas
para alterar los procesos democráticos. Existen investigaciones que han
demostrado, empíricamente, que hay cambios en los apoyos electorales siguiendo
el patrón de las encuestas en tres formas: a) el bandwagon effect -efecto
del carro ganador- o el efecto de contagio, que se
presenta tal cual se ha indicado. b) El underdog effect, o efecto
del desvalido, en este caso se genera una solidaridad del votante
hacia los candidatos que se perciben débiles y con pocas probabilidades de
ganar; se manifiesta como ir en contra de la corriente de opinión dominante. c)
El mecanismo del voto estratégico, que implica la decisión de votar por un
partido que no es el de la preferencia del votante, pero lo hace por razones
prácticas (Hernández, 2013. p.65), es decir, para poder incidir en el resultado
electoral[19].
En su
investigación, Hernández Valdez indica hallazgos relevantes:
los efectos de las encuestas sólo se dan en aquellos
votantes que realmente las siguen, es decir, en quienes están al pendiente de
su publicación en los medios. A los demás electores, el tema les importa poco o
se muestran un tanto indiferentes a las encuestas y, por ello, es difícil que
se dejen influir por éstas... Aunque de manera limitada, este tipo de estudios
darían mayor peso al voto estratégico como el mecanismo que estaría detrás de
los pequeños cambios en el comportamiento de algunos votantes. (2013, p. 67).
Ahora
bien, las conclusiones de Hernández Valdez deben ser matizadas, por cuanto se
refieren a hipótesis donde las encuestas de opinión no se cuestionan de
imprecisas o amañadas. De lo anterior se puede inferir que si el uso de
encuestas de opinión política es manipulado y divulgado, estratégicamente, como
si se tratara de estudios veraces, haciendo propaganda política encubierta, es
plausible pensar en que exista una afectación mayor a la voluntad del
electorado, motivada por una representación espuria de la realidad, pues como
se ha indicado, con estas maniobras se activan los sesgos cognitivos -en
particular el sesgo de arrastre-.
Por
otro lado, en procesos donde compiten muchos partidos políticos con apoyos
relativamente similares, el inducir al voto estratégico sí puede tener mucho
peso, no solo al decidir la elección, también en otros temas relevantes como el
financiamiento electoral, pues como se dijo, este se relaciona con el número de
votos obtenidos por cada partido en la futura elección[20];
si se da una manipulación de las encuestas, podría incidir no sólo en el
votante, sino que podría dejar sin acceso a la financiación pública de su campaña
a los partidos que resulten perjudicados en la encuesta amañada[21].
También, en Costa Rica, la decisión de convocar a los candidatos con más apoyo
electoral a debates televisados pasa por llamar a los que tienen posibilidades
de ganar la elección y esto se mide con encuestas de opinión. Así las cosas, si
la encuesta es fraudulenta, bien se podría dejar a algunos candidatos sin
acceso a debatir en televisión -en horas de alto rating- lo que afecta
las condiciones de competencia electoral equitativa.
El temor a que estas maniobras socaven la democracia está
justificado,[22]
ya que, aprovechando la presencia de sesgos cognitivos en el electorado, el
activar mecanismos fraudulentos para valerse de estas circunstancias está al
alcance de cualquier grupo político, como se viene denunciando en los procesos
electorales recientes en América Latina[23].
5.
Existencia de
expectativas equivocadas o sobredimensionadas en la ciudadanía, respecto a los
alcances de una encuesta de opinión
En
cuanto a este tema, conviene traer a colación a Paul Thagard, citado por
Moldovan, que indica:
La
racionalidad no es simplemente una cuestión de usar buenos argumentos y evitar
los argumentos falaces, sino más bien de adoptar
patrones de pensamiento y de conducta que satisfagan mejor los objetivos
legítimos sobre qué creer y qué hacer. Además de las falacias, debemos
tener en cuenta también las tendencias al error inferencial: los patrones de pensamiento que adopta la
gente se prestan naturalmente al error y a llevarnos a creencias falsas y actos
contrarios a nuestros mejores intereses [resaltado no es del original]. (2018a,
p. 4).
Aquí
interesa observar que puede existir un error en la forma en que se asumen -en
general- las encuestas de opinión por parte del grueso de la población: la cita
mencionada ilustra de manera pertinente lo que ocurre respecto al prestigio de
la ciencia y en particular de la estadística en las percepciones del público. Si
bien podría hablarse de una falacia de falsa autoridad[24]
aprovechando ese prestigio, resulta muy oportuno mencionar lo que el filósofo
uruguayo Carlos Vaz Ferreira señalaría como el paralogismo de la falsa precisión (1979, p. 60) que consiste en
atribuir -en este caso- a un estudio de opinión estadístico, propiedades
predictivas y la exactitud de las matemáticas en sus conclusiones, cuando en
realidad las encuestas de opinión no tienen esas características, pues son
modelos probabilísticos de cómo se podría extrapolar la opinión de una
población muestra al resto de la población votante. Lo que Vaz Ferreira destaca
es la forma equivocada en que se puede asumir una evaluación o discusión sobre
una encuesta de opinión, pues afirma que la precisión
en sí es un anhelo de la humanidad que se alcanza merced al desarrollo
tecnológico y, por ello, el hacer pasar una encuesta como si fuera el resultado
de una ecuación matemática -en cuanto a la validez del resultado- es un
despropósito que, además, podría ser inducido de forma deliberada, como se
mencionó en el acápite anterior. Una idea cercana a la de Vaz Ferreira, que
critica cierto fetichismo hacia los datos cuantitativos, fue desarrollada en la
sociología por Pitirim Sorokin bajo el término “cuantofrenia”[25].
Quienes
se dedican a la estadística con frecuencia se quejan del mal uso o de las
interpretaciones equivocadas que se da a las encuestas de opinión. Resulta
elocuente la opinión de Diego Fernández:
no son
pocos los casos donde las encuestas no logran adivinar el resultado electoral.
En esa lista podemos meter las pasadas elecciones en los EEUU, el Brexit en
Reino Unido, el Referéndum por la Paz en Colombia e incluso las pasadas
elecciones en Costa Rica. Sin entrar en detalles, pero en todas existen razones
para explicar por qué el resultado final fue distinto a los que lograban medir
las encuestas en sus días previos. Sin embargo, resulta que las estamos
sobrecargando con unos poderes místicos que resultan que no tienen, porque no
son bolas de cristal. Las encuestas por muestreo son instrumentos diseñados
para entender mejor el presente, no para predecir el futuro. Además, un
presente que puede ser altamente cambiante. (2018, párr. 7).
En la
medida que se logre educar a la población[26]
y, en consecuencia, desmitificar el “poder predictivo” de las encuestas,
existirá la posibilidad de que el electorado reciba la información y la valore
de forma crítica, a fin de que el proceso de formación de la opinión pública
sea, si se quiere, más racional y menos emotivo. Pese a lo indicado, la
claridad conceptual que reclaman los profesionales en estadística no está
presente en buena parte de la institucionalidad pública y privada, por lo que
se presta a la suspicacia y efectos problemáticos que señalaba Robert K.
Merton, lo cual se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: sea por errores de
orden técnico o por manipulación, una vez que la encuesta llega a los medios de
comunicación, será difundida[27],
los analistas opinarán sobre los datos, generando insumos para la opinión
pública y percepciones que activan los sesgos cognitivos analizados, esto impacta
no sólo en el apoyo electoral sea por efecto de arrastre, efecto del desvalido
o el voto estratégico, también impactará la financiación de los partidos en la
campaña y hasta las posibilidades de acceder a debates públicos. En suma, se
materializará la profecía autocumplida descrita por Merton.
Dentro
de las posibilidades normativas y estratégicas que han de considerarse, tiene
especial relevancia el que exista un marco jurídico que exija y garantice
estándares de transparencia y objetividad metodológica[28],
de manera que las casas encuestadoras deban estar inscritas ante el tribunal
electoral y presentar la ficha técnica de la encuesta de opinión que pretenden
publicar, así como los papeles de trabajo
del estudio, a fin de permitir que las conclusiones sean contrastadas por
expertos, con la consecuente reducción de las posibilidades de fraude, aunque
ello no sea posible eliminarlo del todo[29].
Más allá de las encuestas de opinión, resulta necesario que se desarrollen
estrategias que permitan evitar que se induzca a engaño al electorado a través
de otras formas de difusión de datos electorales como podrían ser los sondeos
que se realizan en redes sociales (por ejemplo Facebook o Twitter), que podrían
abordarse de una forma análoga a las noticias falsas o “fake news”, bajo
iniciativas como “Doble Check”, proyecto de auditoría del discurso
público financiado por la Universidad de Costa Rica y que opera afiliado a las
Radioemisoras UCR[30].
En esta dirección, el Tribunal Supremo de Elecciones aborda la problemática de
la desinformación que amenaza al electorado por medio de diferentes
estrategias, entre ellas la capacitación virtual Ciudadanía Digital Responsable[31].
6.
Conclusiones
Más
allá de que existe una deficiente percepción de lo que realmente afirma una
encuesta de opinión, es lo cierto que se está ante riesgos y sospechas de que
las encuestas pueden ser usadas -o se usan- de manera ilegítima; lo que afecta
los procesos de elección democrática[32],
a través del aprovechamiento de sesgos cognitivos observables en el
comportamiento del electorado, así como prácticas defectuosas a la hora de
diseñar y realizar las encuestas. Lo anterior exige fortalecer el marco
normativo y las potestades de supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones
para la regulación de las encuestas electorales, tal cual se establece en el
artículo 138 del Código Electoral, donde se debe velar por que exista una
acreditación técnica aceptable de parte de las empresas encuestadoras, así como
la presentación de los papeles de trabajo y ficha técnica de cada encuesta de
opinión realizada que esté al alcance de las autoridades, los partidos
políticos y la población en general para su fiscalización. Deberán regularse y
ejercer supervisión sobre nuevos ámbitos comunicativos que plantean retos
similares a los estudiados, tales como la realización y difusión de sondeos de
opinión electoral vía redes sociales, realizados por entes no regulados o
individuos usuarios de esas tecnologías, pues la complejidad de este tipo de
estudios de opinión apareja la necesidad de exigir estándares de calidad
rigurosos dados los efectos negativos que pueden sufrir los procesos
electorales y la democracia de las naciones.
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