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PRIMER SEMESTRE 2023 NÚMERO 35

ISSN: 1659-2069

 

 

Retos y desafíos de la democracia*

Lorenzo Córdova Vianello**

 

https://doi.org/10.35242/RDE_2023_35_2


Nota del Consejo Editorial

Recepción: 30 de noviembre de 2022.

Revisión, corrección y aprobación: 14 de diciembre de 2022.

Resumen: La conferencia centra su análisis en los riesgos que enfrenta la democracia, particularmente en el grado de insatisfacción de la sociedad ante la política, la falta de credibilidad de las instituciones, la desinformación, la polarización política y las descalificaciones de las autoridades encargadas de realizar y conducir los procesos electorales.

Palabras clave: Debilitamiento de la democracia / Descontento político / Comunicación política / Fortalecimiento de la democracia / Organismos electorales / América Latina.

Abstract: The conference focuses its analysis on the risks facing democracy, particularly in terms of the degree of dissatisfaction of the society with politics and the disqualifications of the authorities responsible for carrying out and conducting the electoral processes. 

Key Words: Weakening democracy / Political discontent / Political communication / Strengthening democracy / Electoral bodies / Latin America.

 

 

 

A nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los casi 18 000 funcionarios que trabajan en el instituto, y que son los verdaderos constructores de la democracia mexicana, quienes de la mano de la ciudadanía han hecho de las elecciones en México (ese mísero detalle técnico del que hablaba don José Ortega y Gasset) la base de estabilidad y de gobernabilidad democrática en nuestro país, muchísimas gracias por honrar a una institución que ha caminado a la par del propio Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y que, junto con otras instituciones electorales del continente, ha venido marcando la ruta sobre la cual no solamente deben construirse, sino consolidarse nuestras democracias. Muchas gracias a nombre de todas y todos ellos por honrar al Instituto Nacional Electoral, institución hermana del Tribunal Supremo de Elecciones, que siempre ha trabajado codo a codo con el propio tribunal en la construcción de la democracia en nuestros respectivos países.

Quiero aprovechar este espacio para hacer una serie de reflexiones que, debo anticipar, a pesar del tono, son reflexiones esperanzadas respecto de la fortaleza de nuestras democracias. Lo primero que hay que hacer cuando se reflexiona sobre los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos y, concretamente, la base sin la cual la democracia es impensable, que son los sistemas electorales, es analizar el contexto. El contexto en el cual se recrean nuestras democracias es complejo. Ha pasado poco tiempo desde el arranque de este milenio -pero también mucha agua bajo el puente- cuando existía una especie de juicio esperanzador y hasta festivo, respecto de los avances de la democracia en prácticamente todo el mundo. La tercera ola democratizadora parecía haberse asentado, rendido frutos (sentados sus reales, como se dice en prácticamente todo el mundo), y la democracia empezaba a arrojar resultados positivos en casi todas las regiones del planeta de manera consistente. Latinoamérica no fue la excepción, en el año 2000 prácticamente todos los regímenes del continente vivían en democracia y gozaban de cabal salud. Sin embargo, tal como lo advirtió Dante Caputo en su momento (en el Reporte sobre la democracia en América Latina, del PNUD), la región “jugaba”, de manera peligrosa y hasta suicida, a ver cuánta desigualdad y cuánta pobreza podían resistir nuestros sistemas democráticos.

Hoy el contexto es mucho más complejo y, en apenas 20 años, luego de un contexto de diseminación y de consolidación democrática, percibimos un contexto de riesgos, que ya no solamente aquejan a nuestra región, sino que son globales. Los tiempos aquellos en los que se hablaba de los desafíos que enfrentaban las viejas democracias del norte del mundo, y que eran distintos de los retos que enfrentaban las democracias en vía de consolidación -las nuestras-, hoy prácticamente se diluyeron y los riesgos que enfrentamos, si bien con diferencias, con distintos grados de intensidad, podemos decir que son riesgos planetarios.

Hoy los grandes riesgos de la democracia me parece que provienen por lo menos de cinco grandes ejes, cinco grandes problemáticas. La primera tiene que ver con el grado de insatisfacción que en amplias franjas de la sociedad se está teniendo y que refleja una debilidad para la viabilidad de las democracias hacia el futuro. La democracia se sostiene de la confianza pública, y la desconfianza, el descontento que hoy está ocurriendo en distintos sistemas democráticos, producto de políticas públicas que no han logrado resolver los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades, es un caldo de cultivo delicado y peligroso, en el que en varias regiones del mundo hemos visto germinar pulsiones autoritarias.

Los grandes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en muchos casos también de violencia constituyen los ingredientes potencialmente explosivos de ese caldo de cultivo. Se trata de problemas no resueltos. En algunos países -como México- se trata incluso de demandas o de promesas añejas que, desde la propia Revolución Mexicana, hace más de 100 años, surgieron bajo la promesa de justicia social, que hoy sigue siendo un anhelo incumplido.

La pobreza y la crisis económica derivada de la crisis sanitaria han incrementado los índices de pobreza en muchas regiones en muchos países del mundo. La desigualdad oceánica es lacerante, como nunca antes, tal como lo han advertido algunos de los principales investigadores y teóricos de la economía contemporánea, como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, entre otros. Nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza como en nuestros días y nunca antes en la historia de la humanidad había habido niveles de desigualdad tan preocupantes como hoy.

La corrupción y la impunidad siguen siendo, en muchos países, no solo latinoamericanos, sino incluso en países desarrollados, hechos que generan inconformidad y desapego de grandes franjas de la ciudadanía con la política, sus actores y con las instituciones democráticas. Y la violencia, que es la némesis, la negación misma de la democracia, y que en muchos países es parte de una ominosa normalidad que constituye el principal elemento de erosión del tejido social, sin el cual la democracia es impensable.

Todos estos elementos generan una creciente desafección con la democracia. En muchos de nuestros países, el tránsito democratizador estuvo aparejado también -hay que reconocerlo- de una sobrecarga de expectativas: transitar de regímenes autoritarios hacia otros de corte democrático no solamente fue visto como un conjunto de conquistas de libertades políticas, sino también como una expectativa y una esperanza de salir de las situaciones de precariedad en las que grandes franjas de la población vivían. Y en parte -hay que asumirlo- de eso somos corresponsables, porque la democracia si bien es, indudablemente, la mayor conquista civilizatoria, no resuelve por sí misma estos problemas estructurales. Estos problemas, que siguen hoy gravitando y lacerando la convivencia social en nuestros países, son producto de políticas públicas equivocadas y, sin embargo, la democracia es la que paga las cuentas. Ahí están distintos análisis que muchas organizaciones han venido haciendo, entre ellas Latinobarómetro, que muestran que, si bien se mantiene el aprecio de la democracia, crece la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que estarían dispuestos a vivir en un régimen autoritario si eso le resuelve estos problemas, que son los problemas de los que depende la convivencia cotidiana.

El segundo gran problema -derivado también en parte de lo anterior- tiene que ver con el proceso de desinstitucionalización o falta de credibilidad que hoy aqueja a algunas de las instituciones que son pilares del funcionamiento de la democracia. Hoy, en todo el mundo, los partidos políticos y los parlamentos son de las instituciones que de menos aprecio público gozan, justamente las dos instituciones sin las cuales una democracia es absolutamente impensable. Ya lo decía Hans Kelsen: pensar en una democracia sin partidos es producto, o de la hipocresía, o de la ilusión, y pensar en democracias sin parlamentos, es pensar simple y sencillamente en un sistema político que carece de su eslabón fundamental, es decir, el espacio en donde se toman por definición las decisiones colectivas y en donde la pluralidad política de una sociedad está expresada.

Un tercer problema sobre el que hemos reflexionado mucho en los últimos años, pero que tiene un dinamismo tal que hace insuficientes todas las reflexiones y las medidas que hayamos tomado en los tiempos recientes para enfrentarlo a cabalidad es el fenómeno de la desinformación, y las mentiras o verdades parciales que si bien no son un fenómeno nuevo per se (solo basta recordar que Platón ya hablaba de los demagogos, como aquellos que manipulando el discurso mentían a la ciudadanía), han adquirido un impacto mayúsculo. En efecto, la mentira es consustancial a la política, pero también es cierto que, con la irrupción del internet y la difusión de las redes sociales, la mentira nunca había alcanzado niveles tan disruptivos y potencialmente graves en términos de la erosión que pueden provocar en los sistemas democráticos. Mucho se ha discutido y se ha hecho, pero no hay elección que no siga enfrentando y no hay autoridad electoral que no siga planteándose -de cara a un proceso electoral- cómo combatir la desinformación como uno de sus principales desafíos y ejes de actuación.

La polarización es un problema adicional, aunque tampoco es del todo nuevo en la política y mucho menos en la política democrática. De hecho, las propias campañas electorales, que son los cauces institucionales que en democracia se establecen para permitir, dentro de ciertos límites y reglas, la confrontación entre los contrarios, hacen de la polarización un fenómeno con el que cotidianamente hay que enfrentarse. El problema, sin embargo, es que la polarización que estamos viendo hoy -y esta no es la primera vez que ocurre en la historia- está siendo aderezada de un peligrosísimo componente, un valor antidemocrático por excelencia, es decir, la intolerancia. Ahí en donde la intolerancia adereza la polarización, al adversario no se le ve como un contrincante legítimo para competir democráticamente, no se le ve como un adversario al que indudablemente hay que vencer electoralmente dentro de los cauces institucionales que la propia contienda democrática establece, sino que se le ve como un enemigo, un enemigo al que se combate, al que se busca aniquilar. Y la historia nos enseña que cuando este tipo de polarización, aderezada con la intolerancia, se presenta, nos encontramos, desgraciadamente, en un terreno que, si nos descuidamos, puede convertirse en la antesala de expresiones autoritarias y totalitarias del poder.

En este contexto hay un quinto componente, más reciente, pero igualmente lesivo y en muchos sentidos desconocido, que coloca a las democracias, junto con los otros problemas, en una situación de potencial crisis. Me refiero al ataque a las autoridades electorales. Estos ataques no son nuevos, pero hoy tienen componentes distintos a los que podíamos identificar en el pasado. He identificado -y esta es una propuesta como ejercicio de sistematización- cinco grandes ejes sobre los cuales ocurren estos ataques, que en algunos casos podríamos considerar como un franco y abierto hostigamiento a las autoridades encargadas de realizar y conducir los procesos electorales que, como decía José Ortega y Gasset, son ese mísero expediente técnico del que depende la salud de todas las democracias.

En primer lugar, vale la pena identificar aquellos ataques que se traducen en descalificaciones verbales, tanto hacia las autoridades electorales, como hacia el proceso electoral en su conjunto. Estas descalificaciones no son del todo nuevas en algunos países, como lo son en algunos de los nuestros. Costa Rica siempre ha tenido una envidiable cultura cívica -que hoy también preocupa a los propios costarricenses, por los grados de erosión que está teniendo-, pero en muchas de nuestras naciones no se ha logrado asimilar como parte de la cultura política aquello que a finales de los años 90 Felipe González sintetizó en el título de una célebre conferencia magistral, el cual resume perfectamente el sentido de aquella intervención: La aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de todo sistema democrático. Y es que cuando un contendiente en una elección es derrotado y no reconoce su derrota, coloca a los sistemas democráticos en una situación de tensión inevitable.

Ahí donde la aceptabilidad de la derrota no es parte del comportamiento de la clase política, se abre la puerta a descalificaciones. Perdedores que, tras una contienda realizada con reglas democráticas, no reconocen haber perdido, sino haber sido robados, suelen culpar de sus derrotas a los árbitros. Aquí siempre recuerdo aquella expresión de Eduardo Galeano, en su libro Fútbol a sol y sombra, que plantea que el árbitro está siempre condenado a quedar mal con todos, con quien gana el partido porque dirá que ganó a pesar del árbitro y con quien lo pierde, porque afirmará que perdió por culpa del árbitro; Galeano agregaba, además, que por eso el árbitro se viste de negro. Los árbitros, en este caso del ámbito electoral, ya no nos vestimos de negro, pero la evocación ahí está presente.

El problema es que ahora estamos viendo que las descalificaciones ya no solo vienen de quienes fueron derrotados en un proceso electoral, sino de quienes ganan en las urnas, quienes son los principales beneficiarios de las condiciones democráticas prevalecientes. Hoy las descalificaciones, lamentable y peligrosamente, se dirigen a los órganos electorales desde el propio poder público. Estamos hablando de una confrontación desde el Estado, desde los Gobiernos, en contra de los órganos electorales, un fenómeno peligrosamente cada vez más difundido. Lo vimos en Estados Unidos, en la elección del 2020, lo acabamos de ver en Brasil con la elección de este año, y lo hemos visto en muchos otros países. México no ha sido la excepción.

Un segundo gran eje de los ataques a las autoridades electorales nacionales tiene que ver con hostigamientos más personalizados, una faceta de estos ataques que, peligrosamente, es cada vez más socorrido; me refiero a la descalificación ad hóminem de quienes son los responsables de dirigir a los organismos electorales. Me refiero a las amenazas e incluso agresiones físicas a las que las y los funcionarios electorales estamos cada vez más sometidos. Hay quien decía que hoy ser funcionario electoral es ejercer una función de alto riesgo, y lamentablemente así lo es. No se trata solo de amagos discursivos, que en ocasiones pueden quedar solo en expresiones profundamente desagradables, se trata de un acoso que atenta en contra de la integridad física de funcionarios electorales. En este eje de ataques a las autoridades electorales, podemos encontrar desde descalificaciones o amenazas personalizadas hasta expresiones de actores políticos que amagan con ir a nuestros domicilios, o agredirnos físicamente; o los intentos de iniciar procesos de juicio político en contra de los funcionarios electorales como una manera de tratar de condicionar nuestra actuación; o denuncias penales interpuestas por el simple hecho de haber tomado decisiones incómodas, pero dentro del marco normativo y en ejercicio de la autonomía institucional de las autoridades electorales. Las decisiones pueden ser criticables, incluso impugnadas, pero siempre por los cauces institucionales que existen para ese fin.

Un tercer eje tiene que ver con la asfixia presupuestal, una estrategia cada vez más socorrida que, bajo el pretexto de los costos de las autoridades electorales o de sus presuntos abusos, implican recortes importantes a sus presupuestos. Se trata de recortes que en ocasiones han llegado a colocar a los órganos electorales en la imposibilidad material de poder cumplir con sus funciones constitucionales.

Un cuarto eje tiene que ver con las amenazas de aprobación de una reforma electoral. Las reformas electorales que en el pasado siempre fueron claves durante los procesos de transición hacia sistemas democráticos, hoy en muchos casos son utilizadas como un amago para condicionar las decisiones de los órganos electorales o como mecanismos para generar condiciones favorables a la captura política de dichos órganos.

Finalmente, el último gran eje es precisamente el de la captura institucional, entendida como colonización de los órganos electorales desde el poder político. Es decir, colocar como titulares de los órganos electorales no a funcionarios con trayectorias probadas, con probidad y compromiso con la autonomía de los órganos electorales, sino como correas de transmisión de intereses políticos de parte.

Estos grandes ejes pueden deducirse a partir de un amplio número de ejemplos a nivel internacional. No se trata de ataques o fenómenos que estén ocurriendo solo en un país o en un tipo de entorno político, lamentablemente podemos ver casos de este tipo de ataques (de uno o de varios de ellos) en distintas realidades políticas. Temo decir que México es un laboratorio, lamentablemente, en donde estos cinco ejes han venido ocurriendo de forma simultánea en los últimos tiempos, y para ilustrarlo, permítanme poner algunos ejemplos concretos.

Respecto del primer eje, las descalificaciones verbales no solo tienen su origen en los circuitos cercanos al poder, sino que se presentan con niveles y estridencias que son claramente abusivas. El presidente del partido en el Gobierno, en mi país, advirtió hace poco más de un año que al INE había que reformarlo o exterminarlo. Repito: exterminarlo fue la palabra que usó. El propio presidente de la república sentenció hace un año (y ha seguido insistiendo en ello de forma reiterada desde entonces) que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros electorales del INE somos no solamente enemigos, sino conspiradores en contra de la democracia. Estamos hablando de la tribuna pública más importante de México, la presidencia de la república.

El presidente de la república ha realizado 980 conferencias mañaneras desde que tomó posesión el 1.o de diciembre de 2018. De estas, en 340 ha mencionado al INE, y de esas menciones el 64 % han sido en sentido negativo. El resto, la gran mayoría, son menciones neutras cuando se cita información o datos del INE y resultados electorales. Me parece que solamente ha habido dos menciones positivas, una de las cuales, por cierto, fue refiriéndose a la elección que él ganó, en 2018. Este conjunto de menciones no incluye las que me ha dirigido de manera personal el propio presidente de la república. El tipo de manifestaciones verbales que se hacen desde la Presidencia incluyen las siguientes: que ganamos más que el presidente, lo cual es una falacia (la Constitución prohíbe que haya funcionarios con remuneraciones mayores a las del presidente, y nadie en México tiene una remuneración superior a esa si tomamos en cuenta que incluye no solo el sueldo, sino todas las prestaciones, habitación, vestuario, servicio doméstico, entre muchas otras); que somos el órgano más caro del mundo y que en México las elecciones son las más caras del mundo (todos los días se dice eso), lo que también es una falacia; y una de las descalificaciones más recientes del presidente de la república es que dijo que el consejero presidente del INE le da pena ajena. Puede ser una opinión válida, pero cuando lo dice el presidente, no lo dice cualquier persona, debe haber una responsabilidad mayor.

En el segundo gran eje, el de los ataques a la integridad física de los funcionarios electorales, quizá uno de los más delicados que hemos vivido, fueron las amenazas que hizo un candidato a un cargo de gubernatura a mi persona. A este candidato el INE decidió retirarle su candidatura por no haber cumplido con las reglas de fiscalización, es decir, no rindió su informe, y la sanción establecida por ley es retirarle la posibilidad de registro de su candidatura. Este candidato decidió convocar a un plantón afuera de las oficinas del INE y desde ahí amenazó con ir a visitarme, junto con el resto de las personas que estaban ahí presentes, a mi domicilio, lo que constituía una flagrante amenaza a mi integridad personal e incluso de mi familia. En ese plantón, llegaron al extremo de colocar ataúdes con la imagen de consejeros electorales, incluida la mía.

Otro ejemplo ilustrativo ocurrió el día después de haber realizado la consulta popular, en agosto del 2021. Este fue el primer ejercicio de democracia directa que tuvimos a nivel federal en nuestro país. En esa ocasión, se anunció que a un par de colegas se nos iniciaría un procedimiento de juicio político.

En otra ocasión, el entonces presidente de la Cámara de Diputados denunció penalmente a seis de los once consejeros electorales del INE, simplemente por no coincidir con una decisión que tomamos; decisiones que, por cierto, pueden ser impugnadas a través de los cauces ordinarios ante el Tribunal Electoral. Pero en este caso, la decisión fue no usar esa ruta, sino recurrir al brazo penal, con lo cual se rompió parte del arreglo de todo proceso de transición a la democracia, que significa no utilizar instrumentos del Estado para coaccionar a autoridades electorales.

Por lo que hace la astringencia presupuestal, el INE siempre ha experimentado recortes en los presupuestos que solicita para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. Para el año 2022, el INE sufrió un recorte del orden del 26 % que, por primera vez en la historia de nuestra democracia, le impidió al instituto cumplir con la ley, como buscábamos hacerlo, e instalar el número de mesas de votación que la normatividad establece para la organización de la revocación de mandato de abril de este año. En efecto, por primera vez el INE no pudo cumplir con su mandato constitucional por una cuestión presupuestal. Y si no se puede poner el número de mesas de votación que la ley manda para una elección, entonces claramente la democracia mexicana entra a terreno de riesgo. Eso nos obligó a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual nos dio la razón. Cabe decir que cada vez que ha sido necesario, el INE ha utilizado todas las herramientas jurídicas que el estado constitucional establece.

Abordo ahora el tema de la reforma electoral como instrumento de amago a la autoridad electoral. El 5 de febrero pasado, fecha en la que se celebra el Día de la Constitución en México, el presidente de la república anunció que iba a presentar una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes y dejaran de votar los muertos (lo que en México dejó de suceder desde que el INE administra el padrón electoral). En aquella intervención, el presidente dijo que, en México, la reforma electoral tendría que transformar a nuestro sistema y acercarlo a sistemas mucho más robustos que el mexicano, como el de Costa Rica. Así que hoy, el hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica reconozca al Instituto Nacional Electoral es para nosotros un simbolismo mayúsculo del que estamos profundamente agradecidos.

El entonces presidente de la Cámara de Diputados, el mismo que presentó denuncias penales en contra de varios consejeros y consejeras hace un año, señaló que la reforma electoral debería avanzar para regresar la administración de las elecciones al Ministerio del Interior, dado que “ya cambiaron las condiciones, y ya hay un nuevo gobierno”. Se trata de una reforma que tiraría a la basura 30 años de evolución democrática. Afortunadamente, la iniciativa del presidente de la república no llegó a los extremos de este correligionario suyo.

Respecto del último punto sobre los ataques a las autoridades electorales, el de su captura, afortunadamente en México aún no tenemos un ejemplo de ello, y espero que no lo haya, sobre todo de cara a la renovación parcial del Consejo General del INE, que tendrá que ocurrir en abril del 2023, en virtud de que cuatro de sus integrantes terminamos nuestros mandatos constitucionales y la Cámara de Diputados debe hacer las nuevas designaciones. Sin embargo, sí es importante hacer referencia a otro órgano de control del Estado mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una de las grandes instituciones de la transición a la democracia.

La CNDH se ha sumado a la andanada de descalificaciones en contra del órgano electoral, con lo que ha violado la Constitución que establece que la Comisión no tiene competencia en materia electoral. Sin embargo, la CNDH se sumó a la descalificación de la autoridad electoral a través de una recomendación en la que acusa al INE de ser responsable del fraude que sufrió el general Almazán en 1954, y señala, además, que el INE sabotea la voluntad ciudadana. Con esta medida, la CNDH claramente olvidó su papel de órgano autónomo y se ha sumado a un linchamiento de la autoridad electoral, aliándose así a una postura política claramente definida.

Ahora, esto que he narrado no es un asunto exclusivamente mexicano. Lo hemos observado, por ejemplo, en Brasil, donde el presidente Bolsonaro ha dirigido ataques a los ministros del Tribunal Superior Electoral (TSE), con acusaciones de fraude, la posibilidad de manipulación de la urna electrónica, entre muchos otros. Por cierto, llama la atención la similitud que hay entre las descalificaciones que el presidente de México ha dirigido a funcionarios del INE, con las que ha referido el presidente Bolsonaro a los ministros del TSE. Entre los ataques a los órganos electorales, quizá el caso más ominoso es el de Perú, donde tanto el titular del Jurado Nacional de Elecciones como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales han sido agredidos físicamente y hostigados en sus propios domicilios durante meses. Está también el caso de Salvador Romero, que fue llamado para organizar la elección extraordinaria en Bolivia, en donde el MAS vuelve a ganar las elecciones, y hoy Salvador Romero no puede regresar a su país en virtud de las amenazas de denuncias penales en su contra.

También hay casos de intentos de captura de órganos electorales en otros países. Así, por ejemplo, fue de llamar la atención cuando se anunció que el nuevo titular de informática del Tribunal Superior Electoral de El Salvador sería quien hasta el día anterior había sido el responsable de administrar las redes sociales del presidente Nayib Bukele.

Igualmente hay casos de astringencia presupuestal en otras latitudes. Ahí están los órganos electorales de República Dominicana o de Costa Rica que, a pesar de cumplir funciones como las que el INE tiene a su cargo, de administrar el registro civil del país, este año han enfrentado recortes presupuestales que comprometieron el ejercicio de sus funciones constitucionales.

De la misma forma, encontramos ejemplos de reformas electorales con fines políticos en otros países y no solo en América Latina. Como ejemplo está la iniciativa de ley que presentó el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hace justamente un año, y que aún está en proceso de dictaminación en el parlamento británico. En esa iniciativa se plantea la necesidad de incrementar los controles del Parlamento sobre la Comisión Electoral, que es un órgano independiente.

Y por supuesto, tenemos en Estados Unidos uno de los principales ejemplos de riesgos que enfrenta la democracia desde el poder político. Y uno de los episodios más recientes de este contexto de riesgos es el del asalto al Capitolio por parte de una turba el 6 de enero del 2021.

Frente a estos desafíos, ¿cuál es la ruta a seguir? Son tiempos complejos para la democracia, pero tiene suficiente resiliencia para poder enfrentar estos retos. En primer lugar, hay que reivindicar la importancia de la educación cívica y la cultura cívica. Por cierto, esto es algo en lo que Costa Rica ha sido históricamente un modelo para el continente, incluso más allá de Uruguay que, junto con Costa Rica, han sido nuestras islas democráticas de referencia en la región. La defensa de la democracia no puede darse solo desde algunos circuitos, desde ciertos ámbitos o élites o desde ciertos sectores intelectuales. A la democracia se le defiende desde abajo, igual que se construye desde abajo y de ahí la importancia de reconstruir una conciencia cívica, que permita a las mayores franjas posibles de la población, o a la población toda, defender su democracia.

Es fundamental que la población cobre conciencia de lo que puede ocurrir si se pierde la democracia, porque como lo decía Octavio Paz, quien ya fue citado aquí, la libertad solamente tiene sentido en un contexto en el que la misma puede ejercerse, y los contextos autocráticos son, por definición, la negación del ejercicio de la libertad. Y si bien las necesidades por resolver son muchas, la libertad es la condición fundamental para el ejercicio de la dignidad humana. No basta tener un plato de lentejas si no se es libre.

En segundo lugar, es fundamental e indispensable replantear y fortalecer los controles constitucionales. La democracia implica, por definición, límites al ejercicio del poder, y mientras estos límites se erosionen, la democracia se diluye. Lo que hemos visto en tiempos recientes, sobre todo con la pandemia y la necesidad de medidas de emergencia, es que los controles democráticos, que también debían robustecerse a la par de esas medidas de excepción, no necesariamente se consolidaron. En efecto, la pandemia dejó en el mundo una estela de reforzamiento autocrático del poder y concretamente de los poderes ejecutivos. No hay que olvidarnos que la lucha por la democracia -ese gran proceso histórico de los últimos 300 años- se construyó en contra de los poderes ejecutivos, de las monarquías absolutas. Democracia significa limitación del poder y en donde el poder se concentra, la democracia poco a poco se agota.

En tercer lugar, las autoridades electorales, sobre todo en el ecosistema comunicacional que hoy nos caracteriza, tenemos que aprender que no basta con hacer bien nuestro trabajo desde un punto de vista técnico, no basta con impartir justicia electoral de manera pronta y expedita. Hoy los órganos técnicos y los órganos de resolución de arbitraje político son tan importantes para la buena conducción de una elección y de los procesos democráticos como lo sea la comunicación pública que desplieguen. En la actualidad, en particular los órganos electorales (aunque bien se podría incluir a todo órgano de control del poder) tienen que desplegar grandes capacidades inéditas de comunicación, de explicación, de pedagogía pública. Nosotros, como órganos electorales, somos responsables de procesos sumamente complejos, de discusiones, incluso abigarradas, para interpretar el alcance de los derechos o las limitaciones de quienes hacen política, pero tenemos que saber cómo comunicarlas. Esto es fundamental porque nos enfrentamos a un discurso simplón y simplificador que nos gana la batalla, un discurso que además apela a las emociones y que en muchas ocasiones tiene el propósito de desacreditar el trabajo que hacemos.

En materia de pedagogía pública el reto es mayúsculo. El árbitro, más que nadie, está obligado a jugar conforme a las reglas, es decir, nadie como el árbitro debe ser el garante de las condiciones de ese juego, de esas reglas y, por lo tanto, no puede salirse de la lógica del fair play. Por supuesto, no podemos recurrir a la mentira como parte de la pedagogía pública, a pesar de que la mentira es parte de la estrategia que utilizan cotidianamente los actores políticos para desacreditar el trabajo de los órganos electorales; tampoco podemos recurrir a la simplificación absurda, porque tenemos que explicar, y con ello legitimar y justificar nuestras decisiones. Por lo tanto, en este aspecto debemos reinventarnos en muchos sentidos, sin perder la razón de ser y esencia de nuestra función: hacer elecciones técnicamente impecables, operativamente incuestionables y, por supuesto, con resultados difundidos rápidamente.

La defensa de la democracia no puede ser una tarea exclusiva de las autoridades electorales, no puede ser la responsabilidad única de alguna fuerza política, ni una tarea de la oposición o de los partidos en el gobierno. La democracia se debe defender involucrando a toda la sociedad, y aunque esto no es sencillo en los tiempos que corren, si a la democracia no la defiende la ciudadanía se corre un grave riesgo.

Concluyo haciendo una breve referencia al tema de la observación electoral. En la actualidad, la observación electoral, especialmente en el ámbito internacional, tiene un papel fundamental. No se trata solamente de crear contextos de exigencia para los órganos electorales que invitan a otros órganos o grupos de observación para apoyarles en hacer mejor su trabajo. Hoy, la observación electoral es un ingrediente fundamental de la integridad electoral, es en sí mismo un factor del contexto de exigencia para los órganos electorales, pero también elemento del contexto de exigencia para los propios actores políticos. La observación electoral ya no se puede limitar a evaluar cómo se organizan las elecciones desde el punto de vista técnico, ni siquiera se puede abocar solamente al análisis de la consistencia de las decisiones que toman los órganos electorales. La observación electoral hoy también tiene que medir el compromiso y la lealtad democrática de quienes hacen política, con las reglas del juego que se han dado en cada uno de nuestros países.

Hoy, defender la democracia ya no es una tarea de soberanía estatal en el interior de las fronteras de cada nación. Hoy, defender la democracia implica un compromiso global. En un mundo globalizado, aquejado de problemas compartidos, el retroceso democrático en un país tiene un muy peligroso efecto de demostración para otros países. Ir a defender, como autoridades electorales, la integridad de la elección en el Brasil, por ejemplo, no solo significó acompañar al órgano electoral de una nación hermana en su proceso electoral, significó también ir a proteger y defender algo que es patrimonio de los brasileños, pero también de todos los latinoamericanos; y lo mismo ocurrió en el 2021 en México, este año en Costa Rica, y lo mismo seguirá ocurriendo en los años por venir, porque la democracia implica una renovación permanente del poder una vez cumplidos los ciclos electorales.

Hoy, la democracia costarricense no solamente es un patrimonio de las y los ticos, es también un patrimonio de América Latina, lo mismo que la democracia mexicana, la brasileña, o la argentina, en unos meses, que tendrán elecciones. En el contexto actual, la defensa de la democracia no solo debe involucrar a cada sociedad nacional, sino también a la ciudadanía en el ámbito global. Concluyo agradeciendo de nueva cuenta al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica por su reconocimiento al INE. Para nosotros, para quienes trabajamos en el instituto, recibir este reconocimiento es una manera de seguir estrechando nuestros lazos. Magistradas y magistrados del Tribunal, cuentan con el INE y cuentan con México para seguir defendiendo la democracia, aquí y en donde sea.

Muchas gracias.

 



* Esta es una versión editada, por razones de espacio y claridad, de la Conferencia que pronunció del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo del premio de la Cátedra de la Democracia que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica le otorgó al INE el día 7 de noviembre de 2022.

** Mexicano, abogado, correo. Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador Titular “B” de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lo reconoce como Investigador Nacional nivel III. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política.