PRIMER SEMESTRE 2026 NÚMERO 41
ISSN: 1659-2069
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PRIMER SEMESTRE 2026 NÚMERO 41 |
ISSN: 1659-2069 |
Un análisis al
impacto en la democracia de Corea del Sur a partir de la ley marcial del año
2024
Sebastián Fernández Aguilar*
https://doi.org/10.35242/RDE_2026_41_10
Nota del
Consejo Editorial
Recepción: 10 de junio de 2025.
Revisión,
corrección y aprobación: 27 de octubre de
2025.
Resumen: La democracia ha sido reconocida como una de las
formas de gobernanza más eficiente a nivel global, adoptada por la mayoría de
los países. Utilizando los ejes centrales de la representatividad y la
participación popular, cada sector de un territorio cuenta con voz y voto para
elegir a sus dirigentes en los cuales depositan su confianza. No obstante,
existen múltiples amenazas que podrían afectar la efectividad y la estabilidad
de este sistema político, lo que deriva en incertidumbre y confusión tanto
dentro como fuera de una nación. El artículo se centra en el estudio del efecto
de la ley marcial impuesta en Corea del Sur en el 2024.
Palabras
clave: Democracia
/ Estado de derecho / Crisis política / Debilitamiento de la democracia / Ley marcial
/ Orden constitucional / Corea del Sur.
Abstract: Democracy has been recognized as
one of the most efficient forms of governance, at a global level, which has
been adopted by most countries. Using the central axes of representativeness
and popular participation, each sector of a territory has a voice and vote to
elect its leaders in whom they place their trust. However, there are multiple
threats that could affect the effectiveness and stability of this political
system, resulting in uncertainty and confusion both inside and outside a
nation. The article focuses on the study of the effect of martial law imposed
in South Korea in 2024.
Key Words: Democracy / State of Law / Political crisis / Weakening of democracy / Martial law / Constitutional order / South Korea.
1.
Introducción:
el desarrollo de la democracia como forma de gobernanza y sus elementos
esenciales
A
lo largo de la historia ha sido posible documentar, dentro de lo que se conoce
como una sociedad, múltiples formas de organización interna con el objetivo de
subsistir y avanzar. Estas estructuras han variado con el pasar de los años, en
los que han transcurrido periodos complejos con líderes déspotas que dirigieron
con mano dura y con acumulación total del poder; así como transiciones
pacíficas y exitosas, en lo que al desarrollo de conocimientos como ciencia,
cultura y educación se trata. Se puede observar desde la antigua Grecia los
beneficios de una representación social y gubernamental, mediante la elección
de ciudadanos con capacidad para ocupar cargos sociales o políticos (aspecto
que debe tenerse presente, puesto que previamente ni los esclavos ni las
mujeres podían votar ni ser votados para estos cargos) bajo un velo de respaldo
y apoyo del pueblo, conformando una ‘asamblea’ del pueblo (Mayón, 2013).
Resultó
evidente, cientos de años después, cuestionarse si esta forma inicial de lo que
se conoce como democracia se ajusta en su totalidad a los principios de
representatividad o participación del pueblo, toda vez que existían condiciones
estrictas para ser partícipes de dichas asambleas. Los factores más notorios
radican en que debía ser un hombre, ciudadano y libre; esto excluía a gran
parte de la población (esclavos, mujeres y personas extranjeras), lo que
provocaba en cierta forma una contradicción, puesto que no se trata del
‘pueblo’ en su integralidad. Sin embargo, al considerar las circunstancias de
la época, Aristóteles explica que el sistema democrático que se ha adoptado
tiene una finalidad interna prácticamente simbiótica dentro de las grandes élites
o las clases superiores y el pueblo catalogado como ‘pobre’ y ‘humilde’, donde
ambos bandos conviven en una misma esfera y que permite satisfacer sus
necesidades mientras que el Estado avanza eficientemente, cuando existe una
representación social en la estructura política y se aplican los principios de
igualdad (Aristóteles, 1988, p. 320).
Con
el progreso de las civilizaciones, en especial en lo que respecta a las formas
de gobernar un territorio, esta forma base de democracia, en la cual el pueblo
participaba en la toma de decisiones, adquirió importancia con la mejora de su
alcance, definición y eficacia, al eliminar las restricciones de participación
mencionadas, particularmente, mediante la abolición de la esclavitud y la
integración del voto femenino.
Derribar
las barreras de la esclavitud y el impedimento del voto femenino resultó
fundamental para las estructuras gubernamentales democráticas, puesto que al
contar con una participación ampliada, se realizaban aportes de sectores
poblacionales que resultaron oprimidos y silenciados por décadas, lo que
permitió una verdadera representación social. Los frutos de estas aperturas no
tardarían en ser visibles, puesto que las esferas ocultas por mucho tiempo
dentro de la sociedad expresaron de forma más abierta su apoyo a las
dirigencias ciudadanas que contaban con mayor diversidad.
No
pasó mucho tiempo antes de que se hiciera notorio que el respaldo popular
tendría un peso fundamental en la toma de decisiones por parte de quienes
ostentaban la representación del pueblo. Así como se dio una apertura a la
participación de múltiples sectores, se manifestó en menor o igual medida la
abstención del involucramiento de ciertas corrientes de índole política y
social, lo cual debilitaría el soporte gubernamental y traería un desequilibrio
en los supremos poderes que contaban con ciudadanos electos de forma popular.
Habiendo
desarrollado lo anterior, resulta de vital importancia hacer énfasis en los
aspectos democráticos que al día de hoy permiten que mantenga su relevancia y
efectividad: la representación mediante la expresión máxima de la soberanía
popular, es decir, la elección popular de ciudadanos encargados de la dirección
del pueblo a los cuales se les otorga los elementos de investidura y
legitimidad; y la participación ciudadana como método de apertura de todas las
clases sociales y el establecimiento de la igualdad entre los ciudadanos bajo
los principios del Estado de derecho y la pluralidad política.
2.
Contexto
histórico de Corea del Sur respecto a la ley marcial como medio de control en
la segunda mitad del siglo XX
A
manera de ejemplo, desde al año 1948, momento del establecimiento de Corea como
república, la ley marcial, entendida como la supresión de las garantías civiles
durante un estado de emergencia, crisis o insurrección, donde se le brinda un
poder de gobernanza a las autoridades militares (Kenton, 2024), se ha ejecutado
un total de 16 veces (Asia Media Centre, 2024); esto resulta preocupante cuando
se analizan los impactos que conllevan el establecimiento del estado de
excepción. Esto puede brindar el contexto adecuado para comprender los
obstáculos que han existido en esta nación durante la segunda mitad del siglo
XX e inicios del siglo XXI.
Para
el alcance de los logros que revisten actualmente a Corea del Sur a nivel
comercial y cultural, tuvo que transcurrir un periodo oscuro de incertidumbre,
represión y masacres, de lo cual muchos países podrían ser familiares, puesto
que pocas democracias han sido alcanzadas por medios pacíficos, sino que han
sido marcadas por manifestaciones populares y políticas gravosas por parte de
los gobiernos de turno. Lo que hace a Corea del Sur tan especial es su historia
moderna marcada por dificultades constantes, como lo han sido la ocupación
japonesa que permitió el control absoluto y despiadado de Corea por 35 años
entre los años 1910 y 1945, su eventual independencia y división ideológica de
la península entre el norte soviético y el sur americano, la promulgación de su
constitución en 1948 y nacimiento como la República de Corea, y la posterior guerra
de Corea en el año 1950, que concluiría con un armisticio en 1953 (Juárez,
2021, pp. 144-145).
Este
cúmulo de eventos dieron como resultado un país devastado por los conflictos
internos y externos que resultaron en la obligación de “iniciar nuevamente”
(Varsavsky, 2018). La apertura para un cambio radical se dio gracias a la
creación de una carta magna que sentaría una serie de bases modernas de índole
estructural y económico, que se verían ajustadas a la identidad surcoreana de
la época. Sin embargo, más que brindar una solución a las incertidumbres
respecto al resurgimiento económico durante una marcada guerra ideológica y los
tumultos sociales, la norma fundamental, ubicada en una órbita distinta a la
del capitalismo y el comunismo, fue utilizada para promover la corrupción, y se
inclinó a una forma de gobierno dictatorial a través del primer presidente
surcoreano Syngman Rhee, quien aprovechó el periodo de posguerra en la
península para eliminar el mandato presidencial y promover cambios en la
economía (Juárez, 2021, p. 145).
Las
modificaciones instauradas por el presidente Syngman Rhee dieron como resultado
en 1960 una serie de protestas sociales representadas principalmente por
estudiantes prodemócratas, quienes se verían violentamente reprimidos en el
recordado “4.19” que hace referencia a la fecha del 4 de abril de 1960 donde la
denominada Revolución de Abril se desató en búsqueda de la destitución del
presidente Rhee (Juárez, 2021, pp. 145-146). Entre el 18 y el 19 de abril con
gritos de expulsemos a los enemigos de la
democracia fuera del recinto parlamentario y con al menos 100 000
estudiantes en protesta, se tuvo como resultado un saldo total de más de 180
estudiantes y civiles asesinados por la policía (The Chosun Daily, 2008).
Con
el objetivo alcanzado de la renuncia del presidente Rhee, se eligió un nuevo
gabinete con la esperanza de mejorar las condiciones de una nación nuevamente
sumida en la desesperanza. Este escenario no derivó en una culminación
positiva, puesto que en 1961 se daría el golpe de Estado orquestado por el
militar Park Chung-Hee, que traería consigo la ejecución de la ley marcial como
herramienta de control y supresión de las garantías civiles e individuales
durante su mandato dictatorial entre 1963, momento en que sería autoelecto como presidente y 1979 cuando sería asesinado
(Europa Press Internacional, 2012). Pese a ello, se pueden rescatar dos
momentos esenciales en que se instauró por parte de Park Chung-Hee el estado de
excepción: en 1961 durante el golpe de Estado se utilizaría con el objetivo de
tomar el poder y suprimir las protestas y disidencias, y en 1972 para modificar
la constitución surcoreana transformando básicamente la figura presidencial y
una dictatorial (Asia Media Centre, 2024).
Al
mantener la convulsa línea de organizar golpes de Estados y obtener el poder a
la fuerza mediante la declaración de la ley marcial desde el inicio de Corea
como nación, meses después del asesinato de Park Chung-Hee, el militar Chun Doo
Hwan subiría al poder mediante una insurrección militar contra el presidente
provisional Choi Kyu Ha, apoyado de la herramienta del estado de excepción para
suspender la Asamblea Nacional, es decir, la cámara parlamentaria y la
prohibición del ejercicio a los partidos políticos (Fernández y Tamaro, 2004). Pese
a las acciones impulsadas durante el mandato dictatorial de Park Chung-Hee para
aplacar los movimientos democráticos de la época, estos se verían reanimados
nuevamente en el año 1980.
Manteniéndose
la ley marcial, en la ciudad de Gwangju se observaron movimientos estudiantiles
que exigían la renuncia del dictador Chun Doo Hwan. Utilizando las
universidades como centros de insurgencia, estudiantes y profesores alzaron la
voz por las evidentes operaciones militares que se realizaban brutalmente en la
nación y exigieron la elección democrática de un nuevo presidente. La búsqueda
del poder por cualquier medio por parte de Chun Doo Hwan no se hizo esperar; amplió
la ley marcial impuesta durante su movilización militar para cerrar
universidades y reprimir revueltas estudiantiles con violencia, lo que provocó,
el 18 de mayo de 1980, el mayor movimiento social denominado el ‘Levantamiento
de Gwangju’ (Wong, Choi y Ku, 2024).
El
alzamiento duraría aproximadamente tres días, y es altamente recordado por la
brutalidad utilizada por los policías y militares en contra de no solo
estudiantes, sino también de trabajadores, choferes de buses que ayudaban en la
manifestación y demás civiles que apoyaban la causa. Las palizas, los
asesinatos e incluso violaciones cometidas bajo la dirección del gobierno
dictatorial de Chun Doo Hwan se verían ensombrecidas debido a la alta
manipulación mediática que ocultaba la cruda represión de un pueblo que buscaba
la democratización del gobierno y la garantía de las libertades individuales y
colectivas, a través de reportes falsos de simples vandalismos y reportes
policiales menores (Katsiaficas, 2006).
Finalmente,
en el año 1987, los persistentes llamados democráticos reflejados en protestas
sociales y civiles ocasionaron una reducción de la influencia y el ejercicio
militar por parte del poder gubernamental, y permitió que la constitución fuera
reformada nuevamente para generar así la carta magna vigente hoy en día:
Las protestas de
activistas y de la sociedad civil en general, finalmente consiguieron que el
poder militar descendiera, dando paso a las reformas de 1987, que introdujeron
la elección directa del presidente y establecieron una Corte Constitucional
(Chen 2014, 19); dando pie a la transición democrática y a la Constitución
vigente (Kim K. 2013, 6). Myung-Lim Park aclara que las reformas
constitucionales devenidas de los movimientos civiles de 1960 y 1987 se han
caracterizado “por la excusión de la participación civil y por la ingeniería
constitucional de un estrecho segmento de las élites políticas” (2010, 242). Es
decir, las protestas fueron de toda la población; las reformas, sólo de las
élites. (Juárez, 2021, p. 147)
Conociendo
ahora un breve contexto referente a la historia de Corea del Sur de la segunda
mitad del siglo XX, es posible comprender que la elaboración de la actual
constitución surcoreana resulta ser un hito conmemorativo al proteger mediante
ley fundamental una serie de derechos necesarios para el progreso de la nación.
Debe hacerse una mención especial de que siendo un
documento nacido de insurrecciones militares y aplicaciones de la ley marcial
como herramienta de control, dicha constitución materializa las condiciones en
que el estado de excepción puede ser declarado, lo que demuestra un reflejo del
aprendizaje obtenido durante el camino que se ha tenido que transcurrir para
llegar al país que es hoy en día.
3.
La
ley marcial, su integración en la legislación surcoreana y su utilización en el
año 2024
A
pesar de la existencia del orden constitucional, la división de poderes y la
protocolización de las actuaciones por parte de las instituciones democráticas,
el riesgo de una confrontación bélica, un evento que altere el orden social o
un desastre a gran escala son escenarios que deben ser considerados para que,
en caso de que sucedan, se puedan abordar de la manera más eficiente posible.
González Becerra indica que la ley marcial se utiliza cuando el soberano
enfrenta una serie de irregularidades o anomalías que lo llevan a crear un
orden jurídico para poder actuar ante los posibles peligros, y lo define de la
siguiente forma:
Así, tenemos que los
estados de excepción son regímenes jurídicos especiales, regulados en la
actualidad por las constituciones y por el derecho internacional humanitario
(DIH), cuya naturaleza erga omnes se desprende de la necesidad de protección de
los derechos humanos. En otras palabras, surgen como medida extrema para
proteger el Estado de derecho y los derechos constitucionales de las personas,
todo mientras existan circunstancias que los amenacen. Adicionalmente, cabe
señalar que el concepto aquí tratado ha sido denominado de distintas maneras a
través del tiempo. De tal forma que "al estado de excepción se le suele
asociar con diversas denominaciones o términos tales como, 'estado de sitio',
'plenos poderes', 'poderes de emergencia', 'ley marcial', entre otros, de los
cuales se ha llegado a afirmar cierta sinonimia que le ha restado claridad
conceptual" (Pavlovich, 2008, p. 48). (González, 2021, p. 146)
En
la actualidad, en concordancia con el marco convencional internacional y el desarrollo
del derecho internacional, se ha integrado en referencia a la ley marcial la
necesidad de no transgredir los derechos humanos durante su ejercicio. Si bien
no existe una regulación particular sobre el tema, se pueden ubicar menciones a
documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4), donde
manifiestan que los derechos fundamentales deben hacerse respetar, aún en
estados de conflicto o emergencia, por lo que no resulta posible suspender
derechos como la libertad o la igualdad ante la ley, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 27, donde expresamente establece
que se pueden suspender ciertos derechos, pero no así la interrupción de derechos
fundamentales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas en
sus artículos 2, 4 y 16, los cuales indican que los Estados no podrán
justificar de ninguna forma la tortura o los tratos crueles e inhumanos,
incluso en tiempos de emergencia, tratándose estas prácticas como ‘crímenes’
sancionables.
Desde
sus inicios, Corea del Sur no ha utilizado el estado de excepción como
herramienta para afrontar una situación de riesgo o peligro, sino más bien ha
sido ejecutada para controlar a la población a partir del uso militar con
factores como la violencia y el miedo, así como manipular el orden
constitucional para la centralización de los poderes y ampliar sus periodos
bajo el poder. Para evitar los errores del pasado y regular esta materia, el 17
de abril de 1981 mediante Ley 3442 se creó la ley que normalizaría la
declaración, aplicación y levantamiento de la ley marcial, mientras que los
constituyentes en 1987 elevarían la materia a rango constitucional, ubicado
específicamente en el artículo 77 de la carta magna. El artículo tiene 5
párrafos, con mención especial en los primeros 2, que indican lo siguiente:
1. Cuando sea
necesario para hacer frente a una necesidad militar o para mantener la
seguridad y el orden públicos mediante la movilización de las fuerzas militares
en tiempo de guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar, el
Presidente podrá proclamar la ley marcial según lo prescrito por la ley.
2. La ley
marcial será de dos tipos: ley marcial extraordinaria y ley marcial preventiva.
Es
así como, bajo el argumento de una amenaza al orden constitucional con el uso
de actividades antiestatales, el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley
marcial el día 3 de diciembre de 2024 en un discurso emitido por televisión
nacional. En este discurso, el presidente electo Yoon acusaba al parlamento de
simpatizar con Corea del Norte al obstaculizar el funcionamiento del Gobierno,
acción que acrecentaría las ya tensas relaciones entre ambos países asiáticos
(Fernández, 2024). Debe tomarse en cuenta el escenario concreto que influyó en
la toma de esta decisión, dado que las elecciones presidenciales en Corea del
Sur del año 2022 dieron como ganador al exfiscal y político Yoon Suk Yeol del
Partido Poder Popular, contienda que ganaría por un margen menor que el 1% y
considerada “la victoria más reñida desde 1987” (Abril y Bonet, 2024, párr. 2). Vinculando su estrecho éxito en
las elecciones presidenciales, un parlamento ocupado mayoritariamente por la
oposición, acusaciones de corrupción, propuestas de proyectos no acordes a las
necesidades sociales y un estilo de gobierno dirigido al ataque hacia sus
contrincantes, el presidente Yoon, para las elecciones legislativas del 2024,
exhibía una reducida aprobación del 20% (Pedrosa, 2024), razón por la que el
aspecto de la representatividad se encontraba mermado.
Dicha
manifestación se basa en la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto
reducido impulsado por el partido opositor, el Partido Democrático, el cual
cuenta con mayoría parlamentaria después de las elecciones legislativas del año
2024 con un total de 176 curules de las 300 disponibles, obtenidas en conjunto con
la coalición con el partido Alianza Democrática Unida. Esta mayoría se mantiene
desde las mismas elecciones del año 2020 cuando ostentaba 20 curules menos (France
24, 2024). Esto, aunado también a las reiteradas mociones de destitución contra
un auditor estatal y el fiscal jefe, de las cuales se cuantifican al menos 22
mociones de destitución contra funcionarios del actual Gobierno surcoreano
desde mayo de 2022, fecha de inicio de sus gestiones (Kim Eun-jung, 2024).
4.
Las
repercusiones en la democracia surcoreana debido a la aplicación de la ley marcial
del año 2024
Para abordar ampliamente los efectos
producidos por la invocación de la ley marcial, es posible distinguir las
consecuencias notorias tanto a nivel interno como externo, las cuales derivan,
de igual forma, en un debilitamiento de la democracia surcoreana y que se
pueden dividir de la siguiente forma:
Al
inicio del presente artículo se abordaron los pilares esenciales dentro de la
cultura democrática, aspectos necesarios para el funcionamiento fluido en
múltiples áreas del crecimiento y mantenimiento de un sistema de gobierno
basado en la participación ciudadana, la transparencia institucional y el
respeto por los derechos fundamentales. Estos elementos, además de garantizar
la estabilidad política mediante la representatividad y la legitimidad,
fomentan un ambiente propicio para el desarrollo social, económico y cultural
de una nación. En este sentido, es imprescindible analizar cómo dichos pilares
influyen en la toma de decisiones, la consolidación del Estado de derecho y la
evolución de las normativas que rigen la convivencia dentro de una sociedad democrática.
Todos
los elementos analizados hasta el momento se entrelazan para comprender las
condiciones en las que el presidente Yoon ordena un estado de excepción bajo
una presión notoria e integrando un contexto histórico fundamental, sin tener
en consideración la delgada línea entre la democracia y la dictadura sobre la
cual Corea del Sur se ha desempeñado. Inicialmente, de acuerdo con la carta
magna y la ley promulgada referente al estado de excepción, la ley marcial
puede ser extraordinaria o de emergencia, y precautoria o de guardia, de las
que la primera fue la puesta en marcha por el presidente Yoon debido a las “acciones
antiestatales” promulgadas por la oposición (Gulatsi, 2024). La Ley 3442, del 17
de abril de 1981, indica que la ley marcial de emergencia se emitirá:
...con el fin de satisfacer necesidades militares
o mantener la seguridad y el orden públicos cuando haya beligerancia o graves
perturbaciones del orden social que impidan considerablemente el desempeño de
las funciones administrativas y judiciales del Estado en tiempo de guerra,
incidente u otra emergencia nacional equivalente. (Ley 3442, art. 2)
El
Estado de derecho y la división de poderes velan por el correcto funcionamiento
de las instituciones democráticas por medio de la herramienta de los pesos y
contrapesos como forma de control, vigilancia y fiscalización entre estos.
Tratándose del poder parlamentario, el control político, específicamente
enfocado en el gobierno de turno, mantiene al tanto las acciones del poder
ejecutivo reflejado en la exigencia de la rendición de cuentas y la
transparencia en la actividad administrativa. Tal y como se ha observado, se
pueden visualizar estas acciones con las críticas recibidas al presidente Yoon,
en conjunto con las constantes mociones de destitución presentadas a distintos
jerarcas. No obstante, el engranaje central de la problemática gira en torno al
proyecto de reducción del presupuesto nacional y el fondo de reserva
gubernamental, aprobado en el comité parlamentario correspondiente, iniciativa
sobre la cual el presidente Yoon acusa a la oposición de “utilizar proyectos de
ley presupuestarios y mociones de destitución como herramientas políticas para
proteger al líder del partido, Lee Jae-Mmyung, quien en la actualidad se
enfrenta a varios juicios” (Valdés, 2024, párr. 10).
La
gravedad de las acusaciones emitidas por el presidente Yoon, como se mencionó
con anterioridad, incorporan la faceta histórica relacionada a la frágil
relación con Corea del Norte, la cual se puede ver como una imagen contraria al
desarrollo que ha tenido Corea del Sur, como se pudo observar en la guerra de
Corea de 1950, y los desenlaces de la Guerra Fría con las divisiones de las
potencias americanas y soviéticas. Sin embargo, instaurar la ley marcial,
conociendo la información dispuesta hasta el momento, resulta ser una medida
objetivamente excesiva, dañina y peligrosa. Si bien la Asamblea Nacional
gestionó, de forma extraordinaria, el levantamiento de esta, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo quinto del numeral 77 de la carta magna, las
secuelas serían visibles de forma inmediata.
Profundizando
en las consecuencias mencionadas, la ley marcial, de acuerdo con el párrafo
tercero del artículo citado, indica que “se pueden adoptar medidas especiales
con respecto a la necesidad de órdenes judiciales, la libertad de expresión, de
prensa, de reunión y de asociación, o los poderes del Ejecutivo y del Judicial
prescritos por la ley” (Constitución Política, art. 77). Sin la existencia de una amenaza clara y plausible a la
estabilidad social o al ejercicio de las funciones, instaurar el estado de
excepción se observa no como una acción destinada a preservar el orden
constitucional, sino más bien como un ataque violento a los derechos
constitucionales de los ciudadanos en forma de censura, restricción de reunión
y opresión militar como forma de control; esto centraliza peligrosamente el
poder sobre el Ejecutivo, atenta contra el Estado de derecho y vulnera la
democracia.
Por
otra parte, se ve vulnerada gravemente la figura del presidente como
representación del pueblo a nivel nacional e internacional. Reiterando lo
transcurrido en el primer capítulo, el presidente es una figura civil electa de
forma popular, un depositario de la voluntad soberana del pueblo y responsable
de la conducción del Estado dentro del marco legal establecido. Como figura
esencial dentro de las instituciones democráticas, el presidente tiene el deber
de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la estabilidad
institucional y el cumplimiento de las leyes que rigen la nación. Sin las bases
adecuadas, instituir la ley marcial se manifiesta como una forma de acaparar el
poder y el control de una nación, en consecuencia, disminuye su legitimidad y
daña su investidura presidencial. Con una administración de poca eficiencia y
envuelta en polémica, se podría interpretar, también, que la ley marcial
impuesta por el presidente Yoon serviría para censurar a la oposición y el
amplio porcentaje de la población que duda y se opone a sus gestiones.
La
utilización de este recurso de seguridad de forma arbitraria y sin suficiente
sustento impacta de igual forma en la percepción y confianza ciudadanas, toda
vez que quien se encuentra a cargo de la representación de la soberanía popular
opta por recurrir a medidas que rozan con lo inconstitucional; y siendo un
pueblo que ha vivido una realidad de violencia y opresión militar, no contaría
con un apoyo particularmente amplio, hasta llegar al extremo de que el mismo
gobernante del partido de turno Han Dong-hoon menciona que las acciones del
presidente Yoon son erróneas y que las bloquearía junto al pueblo (Valdés,
2024).
La sola utilización o mención de la ley marcial implica en
muchos casos emplear el uso de la represión y la fuerza para aplacar un peligro
manifiesto, razón por la cual en periodos de conflicto era altamente utilizada para
mantener la estabilidad de una nación. Sin embargo, en la actualidad, Corea del
Sur transcurre un periodo de orden y estabilidad a nivel social y económico, de
modo que emplear una herramienta tan delicada como el estado de excepción en un
tiempo de ‘paz’ conlleva una declaración por parte del Gobierno de turno de
imponer orden y control sobre aquellos sectores poblacionales en oposición a su
agenda gubernamental (Neocleous, 2002, p. 5), y ataca
directamente al equilibrio político que debe existir en todo gobierno
democrático respecto a los principios de pluralismo partidario.
Asimismo,
a raíz de las dificultades de gobernabilidad, Corea del Sur se vería gravemente
afectado comercialmente no solo por el desplome de su moneda con relación al
dólar estadounidense, cuyo valor sería el más bajo en el periodo de dos años
por motivo del estado de excepción declarado, sino también un desplome en el
mercado de valores (Eun-Jung, 2024). Su inconsistencia gubernamental también se
reflejó en una incertidumbre por parte de sus aliados, como lo son Estados
Unidos y la Unión Europea, quienes expresaron su desconcierto ante la situación
(Ventura, 2024). Demostrar una fragilidad política demerita la posición de
Corea del Sur como potencial aliado comercial y democrático; la inestabilidad
interna genera desconfianza entre sus socios internacionales, quienes podrían
percibir al país como un riesgo para la seguridad y la previsibilidad
económica. Esto podría resultar, adicionalmente, en una disminución de la
inversión extranjera y en un conflicto respecto a las relaciones bilaterales
con otras naciones, tanto a nivel político como comercial.
La
concreción del daño a la democracia se visibiliza con mayor claridad después de
las acciones ejecutadas en diciembre del año 2024. El presidente Yoon, acusado
de causar una insurrección y violar la norma constitucional, fue oficialmente
destituido por el Tribunal Constitucional, ente judicial en Corea del Sur en
cuya jurisdicción recaen los procesos de destitución, el cual debía determinar
su continuidad en el cargo (Seo y Lau, 2025), lo que habría mantenido la
incertidumbre de la nación y la disconformidad del pueblo por un periodo
considerable de tiempo. El caso n.° 2024 Heon-Na 8 Impugnación del presidente Yoon Seok-yeol finalizó mediante sentencia emitida el día 4 de
abril de 2025, en cuyas conclusiones se puede ubicar un extracto que sintetiza
lo abarcado hasta el momento:
Sin embargo, el
acusado declaró la ley marcial sin seguir los procedimientos a pesar de que no
se cumplieron los requisitos sustanciales para la declaración de la ley marcial
estipulados en la Constitución y las leyes, movilizando así injustamente a los militares
y la policía, socavando así la autoridad de instituciones constitucionales como
la Asamblea Nacional, y violando ampliamente la libertad de actividades de los
partidos políticos y los derechos humanos fundamentales del pueblo. Esto no
sólo viola la fuerza vinculante del poder estatal sobre la Constitución y las
leyes, sino que también amenaza todo el mecanismo de autocorrección de la
democracia diseñado por nuestra Constitución, incluida la garantía de los
derechos humanos básicos, el principio de separación de poderes y el sistema multipartidista.
(Constitutional Court of Kore, Case 2024Hun-Na8).
A
pesar de que se catalogue dicha resolución como un respeto a la democracia y a
la constitucionalidad, no resulta ser un hecho aislado que el presidente, la
mayor figura política de una nación, haya sido retirada de su cargo y se
exponga a ilícitos penales de gravedad con el retiro de su inmunidad. Lo que
puede ser visto como una acción justa y consecutiva a las acciones cometidas
por el ahora expresidente Yoon, también deben observarse con preocupación, dado
que la posición de incertidumbre en la que se ubica Corea del Sur actualmente
no se modifica con esta conclusión. La legitimidad de la figura presidencial
puesta en duda, la institucionalidad cuestionada y la apariencia internacional
son factores que desestabilizan los cimientos de una democracia conseguida con
amplias dificultades.
5.
Conclusiones
La
obtención de la democracia en Corea del Sur fue un proceso complejo a nivel
histórico que involucró una multiplicidad de revueltas sociales que marcaron el
rumbo de la construcción del Estado de derecho tal y como se conoce hoy en día.
Desde su nacimiento a mediados del siglo XX hasta el año 1987, momento en que
se consolida su forma de gobierno actual, las dictaduras, la violencia y la
opresión militar fueron la tónica que sirvieron de cimientos para la obtención
de una verdadera voluntad soberana en la toma de decisiones de la nación. Parte
de esta estructuración conllevó que los líderes electos popularmente
aprendieran de las prácticas del pasado para procurar mantener el orden social y
constitucional, lo que derivó en una firme legislación referente a la ley
marcial, herramienta utilizada de forma autoritaria y abusiva para mantener el
control.
Los
gobernantes populares tienen la ardua tarea de guiar y mantener la estabilidad
y progreso del país en tiempos de crisis y no someterse a presiones internas o
externas. Parte del enriquecimiento obtenido de la democracia es el pluralismo
partidario, lo que radica en diferentes formas ideológicas y estilos de
liderazgo. Este pluralismo se observa en distintas instituciones democráticas
de una nación fungiendo como vigilantes a través del ejercicio de los pesos y
contrapesos de los supremos poderes, impulsando de igual forma un correcto
diálogo que lleve a acuerdos pacíficos en aras de un mejor futuro. Este control
político, con matices de un contexto histórico con Corea del Norte, de acuerdo
con las declaraciones del presidente Yoon Suk Yeol, habría provocado que este utilizara
las herramientas erróneas para mantener esta armonía gubernamental.
El
liderazgo de una nación no resulta ser una tarea sencilla, y para el caso
presente del presidente Yoon, no contar con el apoyo suficiente para concluir
sus labores tuvo un peso considerable. La legitimidad otorgada por medio de la
participación popular en muchas ocasiones se deja como un porcentaje o una
estadística para los académicos y estudiosos de la materia electoral, pero la
realidad fáctica resulta ser muy distinta. La baja tasa de aprobación,
incluyendo no haber obtenido la mayoría parlamentaria, sus fuertes críticas a
la oposición y una serie de políticas no tan beneficiosas generan en el comando
gubernamental una fuerte presión, por lo que es comprensible recurrir a
estrategias agresivas para recobrar el rumbo de su gestión.
No
obstante, el recurso utilizado se encuentra permeado de un estigma negativo
cuyo significado es una situación de peligro y necesidad. Esta clase de
herramientas requieren una valoración profunda y certera, puesto que no se está
poniendo en juego una posición popular o un partido político, sino la seguridad
y el bienestar de un país completo. En este sentido, la implementación de la
ley marcial sin un fundamento legítimo y transparente no solo erosiona la
confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, en particular su
figura presidencial, sino que también debilita la estabilidad democrática y el
equilibrio de poderes. El impacto de estas decisiones se extiende más allá del
ámbito interno, afecta la imagen de Corea del Sur en la comunidad internacional
y compromete sus relaciones diplomáticas y comerciales.
Por
ello, es imperativo que cualquier medida extraordinaria de este tipo sea
aplicada con la máxima responsabilidad respetando los principios democráticos y
garantizando que su uso responda a verdaderas situaciones de emergencia, y no a
intereses políticos o coyunturales. La defensa de la democracia y el Estado de
derecho es un pilar fundamental para el progreso equilibrado de cualquier
nación. Solo mediante la transparencia en la toma de decisiones y la protección
y el respeto a los derechos fundamentales, se puede garantizar un desarrollo
sostenible y una estabilidad duradera. En un contexto global donde la confianza
en los gobiernos es crucial para el fortalecimiento de alianzas y el
crecimiento económico, la preservación de los valores democráticos resulta ser
esencial para asegurar el futuro del país.
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* Costarricense, estudiante de derecho, correo sebastian.fernandezaguilar@ucr.ac.cr. Estudiante universitario de pregrado y grado por la
Universidad de Costa Rica. Bachiller en Derecho por la Universidad de Costa
Rica.